A casi dos años de la sesión inaugural de la Asamblea Legislativa —caracterizada por la pluralidad ideológica de cinco delegaciones partidistas y dos legisladores independientes— ha habido cuestionamientos y críticas a la gestión parlamentaria mientras al interior de la Casa de las Leyes defienden el trabajo que han realizado.
Los analistas políticos entrevistados por EL VOCERO pasaron revista sobre la gestión legislativa, evaluaron el impacto que ha tenido la imposición de la Junta de Control Fiscal y coincidieron en que debe haber cambios en el proceso parlamentario. Mientras que los presidentes legislativos ripostaron los argumentos valiéndose de las medidas aprobadas.
“Esta es una Asamblea Legislativa desahuciada”, expresó el exrepresentante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Víctor García San Inocencio, al referirse a los pocos poderes que, a su juicio, tiene este órgano bicameral, compuesto por Cámara y Senado.
“Tiene una Junta de Control Fiscal que tiene embargado e hipotecado el llamado poder legislativo”, expuso en declaraciones a este medio.
Añadió que no debe extrañar que “nada o muy poco” se ha hecho desde la Legislatura, porque el ejercicio legislativo está sometido a un “embargo”.
Lamentó que no se haya aprovechado que hay una representación ideológica e intelectual más amplia.
“Eso resulta doloroso porque el poder que tiene la Asamblea Legislativa de investigar, no lo está ejercitando”, afirmó.
García San Inocencio hizo alusión al “desmantelamiento de la función gubernativa” y utilizó la palabra “appización” para referirse a la creación de alianzas público privadas (APP) en el País.
“Esto lo han convertido todo en una APP Inc., y ese es el diseño y proyecto de gobierno que lamentablemente ha imperado en Puerto Rico en la pasada década”, puntualizó.
El exlegislador considera que han sido prácticamente nulas las investigaciones iniciadas en la Legislatura sobre asuntos como la corrupción, salud, medioambiente, educación y la privatización de las funciones públicas.
“En el tema electoral, ¿dónde está la reforma electoral? No han hecho nada”, planteó García San Inocencio, quien instó a la Legislatura a dejar el “aguaje” y luchar de verdad para sacar la junta fiscal del País.
Sin fiscalización
El exsenador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Orlando Parga, afirmó que el trabajo de la Legislatura ha sido lento e improductivo en atender las crisis de los desastres naturales, la pandemia y el desarrollo económico.
“La Asamblea Legislativa se ha dedicado más a la lucha interna de los partidos políticos que a atender lo más apremiante que es el bienestar social y económico de Puerto Rico”, manifestó.
Parga añadió que la Asamblea Legislativa no está cumpliendo cabalmente con su principal misión, que es la fiscalizadora. Agregó que no hay una fiscalización eficaz a la gestión de gobierno.
“Y, claro está, cuando el gobierno pasa por la libre, sin vigilancia, sin la estructura constitucional que está supuesta a estar pendiente y hurgando que se cumpla con la ley, con la gestión pública adecuadamente, pues entonces el gobierno hace lo que le da la gana”, abundó.
“Mi último recuerdo como legislador activo fueron los cuatro años de 2005 a 2008, en los que la Asamblea Legislativa —particularmente el Senado— estuvo bajo una división muy aguda en el partido de mayoría de entonces, que era el PNP, con aquel evento de Pedro Rosselló (el exgobernador), que entró al Senado con el propósito de tumbar al presidente (Kenneth McClintock)”, relató Parga.
No obstante, entiende que a pesar de la división, se hizo una labor legislativa de avanzada y se cumplió con el deber ministerial.
“Ahora, cuando está el mismo partido de mayoría en la Cámara y en el Senado (en referencia al Partido Popular Democrático), no se ven frutos, no hacen nada”, sostuvo Parga, y recalcó que el funcionamiento de las agencias de gobierno tiene que ser fiscalizado.
“¿Dónde está la acción legislativa? ¿Cómo se enmiendan las leyes para que haya más agilidad para que la burocracia no esté entorpeciendo constantemente la acción del gobierno?”, cuestionó.
En total, la Legislatura está compuesta por 78 legisladores, de los cuales 27 son senadores y 51 son representantes, y se agrupan en cinco delegaciones: PPD, PNP, Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), (PIP) y Proyecto Dignidad (PD). También hay dos legisladores independientes: José Vargas Vidot y Luis Raúl Torres.
Se defienden
El presidente del Senado, José Luis Dalmau, planteó que durante la pasada sesión se aprobaron medidas legislativas dirigidas a los asuntos energéticos, justicia salarial para los empleados públicos, educación, infraestructura y municipios.
Entre las medidas destacadas por Dalmau está la que ordena cancelar el contrato del gobierno con LUMA Energy, y otras para aumentar el salario a los fiscales, oficiales correccionales y agentes de rentas internas.
“Esta es una Legislatura activa, participativa, en la que todos los temas se discuten con apertura y transparencia. Se diferencia del pasado cuatrienio en que dialogamos con la junta fiscal, aprobamos presupuestos que antes ni se consideraban, fiscalizamos al gobierno y el lento proceso de recuperación del País tras los temblores en el sur, así como los huracanes Irma, María y Fiona”, enumeró.
Añadió que contra todo pronóstico, aprobaron un Plan de Ajuste de la Deuda sin recorte a las pensiones.
“Logramos hasta bonificaciones para los empleados públicos. Eso es trabajo constante en favor y beneficio de todos. Hemos demostrado que el diálogo y la apertura dan resultados”, indicó Dalmau, en declaraciones escritas a EL VOCERO.
El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, se refirió a la legislación aprobada como evidencia del trabajo en la Legislatura. En el documento de ocho páginas remitido a este medio, destaca 15 medidas “importantes” sobre asuntos relacionados al trabajo a distancia, transferencia de carreteras a municipios y la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El documento destaca la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), que “tendrá el deber ministerial y primordial de determinar el impacto fiscal de cada propuesta legislativa considerada por la Asamblea Legislativa, sin que ello se entienda como que la oficina podrá paralizar directa e indirectamente el trámite legislativo de medida alguna”.
En estos últimos dos años, se indica, la Legislatura ha fiscalizado asuntos energéticos como la privatización en el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica, la invasión en la Reserva Bahía de Jobos, en Salinas, y las agencias de gobierno que le adeudan dinero a la AEE.
