Tatito Hernández

Hernández indicó que la demanda es parte de la lucha para sacar a la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. >Archivo/EL VOCERO

En la continuación del pleito que comenzó en el 2018 y que asegura es parte de la lucha para sacar a la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, presentó en el Tribunal de Apelaciones de Boston, junto a los abogados del cuerpo legislativo, los argumentos de defensa de las prerrogativas legislativas.

Ayer se celebró la vista oral, en el Tribunal de Boston, sobre el caso radicado el 25 de julio de 2018 —cuando Hernández era el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en minoría— que cuestiona la constitucionalidad de la junta fiscal y lo que entienden constituye intervención indebida en el proceso legislativo, incluyendo la imposición del presupuesto.

La Cámara baja estuvo representada por los abogados Jorge Martínez Luciano y Emil Rodríguez.

“La junta lleva casi seis años en Puerto Rico. En los primeros dos años, la junta pone sus presupuestos sin ni siquiera culminar el proceso de aprobación de la Asamblea Legislativa. En uno de los casos, ni quisiera había terminado el proceso de evaluación y ya la junta había aprobado su presupuesto y había hecho cambios de política pública”, indicó Hernández.

El presidente de la Camera se refirió a que en una de las resoluciones presupuestarias, no solo se cambiaron las partidas de fondos asignados, sino que se eliminó lenguaje sobre cómo se implementaría. Agregó que estos cambios a los presupuestos afectaron a las delegaciones legislativas.

“En ese proceso, era obviamente la ocupación de los poderes tanto del Ejecutivo como del Legislativo, porque estamos hablando de que esto era a golpe y porrazo. O sea, aquí ni siquiera estamos hablando que ocupaba un poder, eran los dos poderes. En ese momento, radicamos la demanda”, explicó Hernández en declaraciones a EL VOCERO.

Aseguró que esta demanda es parte de la lucha que está dando el cuerpo legislativo para sacar a la junta fiscal de Puerto Rico.

“Ya reestructuramos la deuda de Puerto Rico, ya no hay razón para que esté implementando su política pública de forma arbitraria y caprichosa. Obviamente, la Ley (Promesa) dispone una razón por la cual implementaron esto, nosotros lo estamos combatiendo desde el primer día y no hemos cedido en ningún momento en esta lucha”, agregó.

Hernández añadió que en la continuación de la iniciativa legal “ahora estamos aquí en Boston, en el Tribunal Apelativo, peleando obviamente y luchando estas prerrogativas”.

Hernández indicó que ayer, en la vista oral, “el juez presidente manifestó que las reducciones al presupuesto de la Cámara constituyen un daño suficientemente particularizado”.

Añadió que el juez confrontó “al abogado de Justicia federal con la posibilidad de que algo similar ocurriese en el estado de Virginia y dicho letrado no pudo contestar el planteamiento”.

Por su parte, el licenciado Martínez indicó que “ni el gobierno federal ni la junta quieren discutir los vergonzosos méritos de su contención de que los puertorriqueños no tienen derecho a garantías constitucionales contra la tiranía. No nos parece que los jueces hayan validado sus argumentos”.

El presidente de la Cámara también explicó que la controversia ayer giraba sobre la legitimidad de mantener el pleito, planteamiento que está haciendo la junta fiscal ante la corte.

“Ahora estamos en apelación. Hay una controversia desde el punto de vista de cuando nosotros radicamos, que originalmente estábamos en minoría y ahora estamos en mayoría. Hoy (ayer) el planteamiento va a ser si tenemos legitimidad para poder continuar con el pleito. Esa es la controversia ahora a corto plazo antes de entrar en los méritos”, abundó Hernández.

Agregó que hicieron referencia a la resolución que faculta al presidente de la Cámara a representar al cuerpo legislativo en los pleitos legales.

“Fue lo que utilizamos para ir al Supremo y llevar a LUMA (al tribunal) y llevarlos a presentar todos los documentos. Esa resolución, que establece las normas de la Asamblea Legislativa, no fue retada. Yo creo que eso es lo que más fuerza nos dio en el proceso”, aseguró.

Asegura que hay transparencia

Ante los cuestionamientos a los viajes legislativos en la discusión pública del País —incluyendo la convención reciente en la ciudad de Las Vegas— Hernández destacó que “la información que trasciende es toda la información de la Cámara, que todo es público”.

“La Cámara siempre ha participado de estos foros. No es solamente es participar, es sacarle provecho. Ahora mismo nosotros aprobamos una resolución en el proceso donde el Caucus Hispano de Legisladores Estatales respaldaron que a Puerto Rico se le dé el mismo tratamiento de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) como tienen los estados y en el caso de que no se pueda aprobar la legislación, que se le pueda elevar la asignación de dinero a la misma manera que tiene otro estado. Siempre ha sido bien positivo para Puerto Rico ser parte de esas organizaciones”, concluyó.

Recibe más información sobre esta y otras noticias. Pulsa aquí si eres usuario de Android o de iPhone.