Vista Publica Puertos

>Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

La Secretaría de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia amplió la investigación que realiza desde marzo de 2019 sobre el acuerdo colaborativo entre las empresas Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminals (PRT), confirmó hoy, lunes, el fiscal Guarionex Díaz Martínez, quien está a cargo de dicha división en la agencia.

Díaz Martínez dijo que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, ordenó reevaluar y continuar con prioridad la investigación en todos sus ángulos posibles, sin descartar una posible intervención en el asunto. De determinarse que la agencia posee jurisdicción y está facultada para intervenir, el Departamento debe auscultar la legalidad o ilegalidad de la transacción.

“Hay que recalcar que no toda fusión es ilegal, sino aquellas cuyo efecto pueda ser el de reducir sustancialmente la competencia o tender a crear un monopolio. Para ello, además de participación e índices de concentración, la transacción debe ser vista funcionalmente en el contexto particular de la industria en cuestión, en este caso la industria de transporte marítimo”, expresó Díaz Martínez.

Las expresiones del fiscal surgieron hoy durante una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, con relación a la Resolución de la Cámara 234, que ordena realizar una investigación sobre la situación de todos los muelles de la zona portuaria de San Juan.

“Por instrucciones del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, ya aun cuando había expresiones anteriores de que no había jurisdicción (para intervenir), instruyó a la Oficina de Asuntos Monopolísticos a que expandiera la investigación”, afirmó.

Cuando el representante Torres Cruz le preguntó quién había determinado que no había jurisdicción, el funcionario respondió: “Anteriormente, tanto el Departamento de Justicia local por el acuerdo colaborativo y el Departamento de Justicia federal hicieron el planteamiento (de que no tenían jurisdicción para intervenir)”.

Díaz Martínez dijo que no recordaba qué empleado de la Secretaría de Asuntos Monopolísticos escribió alguna opinión u orden diciendo que la agencia no tenía jurisdicción. Ante ello, Torres Cruz le dio tres días laborables al deponente para que haga llegar a la comisión el escrito donde se haya establecido este planteamiento.

“(Este documento) es parte de una investigación que se encuentra abierta”, afirmó Díaz Martínez, quien levantó un planteamiento de confidencialidad sobre el documento en discusión. “Para el Departamento de Justicia, las investigaciones que se encuentran abiertas son de carácter confidencial”, sostuvo.

Aun cuando en el pasado la agencia determinó que no tenía facultad para intervenir, bajo la dirección de Emanuelli se indaga nuevamente sobre este planteamiento. Al momento, la agencia no ha determinado si se reafirma en la postura de que no tiene jurisdicción para intervenir o si, por el contrario, actúa sobre el acuerdo.

“Hasta el momento, lo que estoy tratando de explicar es que, precisamente, el Departamento de Justicia, hoy y por instrucciones del secretario (Domingo Emanuelli), no ha determinado que no existe jurisdicción de intervención. El Departamento de Justicia no descarta la posibilidad de una intervención. Aun si tuviéramos jurisdicción bajo el precepto de que esto constituyera una fusión exenta de la inmunidad que otorga el Shipping Act, tenemos que aclarar que no todas las fusiones son ilegales”, abundó.

Estableció que sería ilegal una fusión cuyo efecto puede ser el de reducir sustancialmente la competencia o que pretende crear un monopolio. “En esa línea, tan reciente como el 30 de agosto de 2021 se contrató al perito y economista José Alameda para realizar el estudio pertinente para nosotros determinar en cuanto a la ilegalidad y hacer una determinación jurisdiccional primero y luego sobre la ilegalidad o no sobre el acuerdo colaborativo”, explicó.

Podrían referir hallazgos

“De ser necesario, se radicarán las acciones que correspondan. Si de la investigación no se justifica una intervención, ya sea por falta de jurisdicción o ilegalidad en los acuerdos, el Departamento referirá sus hallazgos a la FMC (Federal Maritime Commissionpara la acción correspondiente. De cualquier manera, el Departamento de Justicia, responsablemente, culminará la investigación y dará a conocer sus hallazgos, todo dentro del marco de la ley”, sostuvo Díaz Martínez.

En síntesis, la pesquisa inició mientras la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced fungía como secretaria de Justicia. Posteriormente, tras la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares en el llamado verano del 2019, Vázquez Garced asume el poder del país, juramentando el pasado 7 de agosto de 2019.

“Se abrió un expediente investigativo precisamente por el acuerdo colaborativo de estas dos compañías Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminals (PRT) bajo la Secretaría de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia”, dijo.  

Cuestionado sobre cómo surgió la investigación y si fue una iniciativa de la agencia, el funcionario respondió: “La realidad es que por expresiones tanto del representante (José) Aponte y la asociación MIDA (Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos)”. A raíz de esto, dijo que se decidió abrir un expediente investigativo.

“La jurisdicción de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, la facultad investigativa es sumamente amplia bajo los artículos 15 y 16 de la ley, pero esto hay que diferenciarlo de la jurisdicción o la facultad que tenga la oficina para intervenir con ciertas conductas o industrias. Existen un sinnúmero de regulaciones, estatutos y jurisprudencias que han otorgado sanciones e inmunidades a distintos sectores”, agregó Díaz Martínez.

A esos fines, dijo que alrededor del 20% de la economía de los Estados Unidos está exenta y no sujeta a las regulaciones antimonopolísticas. En el caso de la industria portuaria, Díaz Martínez mencionó que sucede lo mismo y se han ampliado las inmunidades a las leyes antimonopolísticas.

“En efecto, tenemos la jurisdicción para investigar, es lo que se ha hecho, pero la jurisdicción en cuanto a la intervención es otro asunto. Desde el 2019, el Departamento de Justicia local había determinado que no había jurisdicción para intervenir, pero continuó su investigación para ver los efectos en la competencia de tal acuerdo”, explicó Díaz Martínez.

Mencionó que en el 2020 el Departamento de Justicia federal emitió un comentario sobre el acuerdo donde refirió a la Comisión Marítima federal el asunto “no solamente en cuanto a la inmunidad, sino también en cuanto al escrutinio sobre los efectos de la competencia de ese acuerdo”. “El Departamento de Justicia sí alertó y levantó argumentos sobre la posibilidad de que este acuerdo sea una fusión enmascarada para gozar de la inmunidad”, abundó.

Pero el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, expresó que no está claro que está haciendo el Departamento de Justicia porque “dice que están investigando, pero que van a determinar primero si hay jurisdicción o no. La jurisdicción no es otra cosa que la capacidad de poder llevar a cabo una acción gubernamental para luego intervenir. Eso yo quisiera tenerlo meridianamente claro”.

Favorece investigación cameral

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel A. Pizá Batiz, dijo que la agencia favorece que la Cámara investigue el asunto. Indicó que la agencia está limitada en sus cursos de acción ante una emergencia suscitada en el puerto de San Juan.

Actualmente, la compañía Luis Ayala Colón tiene alrededor de 102 cuerdas de terreno de frente portuario y Puerto Rico Terminals tiene 32.5. Mientras que, la Autoridad retuvo 19 cuerdas, afirmó Pizá Batiz.

“Yo creo que el acuerdo, no el acuerdo colaborativo, el contrato de arrendamiento entre la Autoridad de los Puertos y Puerto Rico Terminals fue, en mi opinión, un buen acuerdo para el pueblo de Puerto Rico porque, sino ¿qué iba a pasar? O Internship tenía las 50 cuerdas, en manos privadas todo el frente marítimo o Puerto Rico Terminals tenía las 50. El plan de estas dos compañías era tener el 100% de las tierras las dos”, agregó.

Levanta bandera 

En un aparte con periodistas, Torrez Cruz hizo referencia a que prácticamente la Autoridad de Puertos ha entregado los terrenos para el manejo de nuestros muelles de carga a unas compañías que se han unido para formar un monopolio y que tienen el control absoluto de todo el espacio marítimo para recibir y sacar cargas de Puerto Rico.

“Eso es muy peligroso para nuestro país. De hecho, hemos visto cómo un conflicto obrero patronal entre una empresa que administra allí, Luis Ayala Colón y la unión ILA creó un caos en Puerto Rico en un momento dado porque no estaban entrando las barcazas, no había quien las descargara”, sostuvo Torres Cruz.

El pasado 3 de septiembre, cuando faltaban 16 días para que caducara el plazo pre acordado para culminar las negociaciones entre la empresa Luis Ayala Colón —operador del Muelle de San Juan— y la unión International Longshoremen’s Association (ILA Local 1740), EL VOCERO reportó que imperaba la orden de mordaza en los muelles, según expusieron representantes vinculados al conflicto laboral.

Según las fuentes, las negociaciones no van por buen camino, ya que los representantes de las partes no tienen tiempo para reunirse.

A principios de agosto, luego de la reunión de una hora en La Fortaleza, las empresas acordaron retomar las labores, con el manejo de al menos 5,000 contenedores que ya estaban acumulados. El paro, que comenzó el 17 de julio, provocó que la Autoridad de Puertos demandara a ambas partes por daños y perjuicios ascendentes a $400,000, ya que, si un barco no atraca en el muelle, la agencia no puede cobrar la tarifa de entrada.