Firma PC1003

El gobernador Pedro Pierluisi firmó la medida acompañado del presidente del Senado, José Luis Dalmau, y de otros legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP). 

A un día de haberse realizado la reunión urgente que convocó la jueza federal Laura Taylor Swain, encargada del caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, el Senado y la Cámara de Representantes dieron paso anoche a una nueva versión de la medida que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), en un abierto desafío a la postura de la Junta de Control Fiscal, que objeta el lenguaje incluido en la legislación.

Anoche mismo, el gobernador Pedro Pierluisi firmó el proyecto de la Cámara 1003 que crea la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico y contiene las disposiciones y condiciones para aprobar la oferta, venta y emisión de los diferentes tipos de bonos de obligación general.

“A pesar de grandes escollos, hoy hemos dado un gran paso hacia adelante para ponerle fin a la quiebra y salir de la Junta de Supervisión. Por eso no claudicamos en nuestras luchas para defender las pensiones de nuestros retirados, para proveer los fondos que nuestra Universidad necesita y para garantizar que nuestros municipios puedan servirle a su pueblo”, expresó el primer mandatario en declaraciones escritas.

Larga negociación

El proyecto fue aprobado en ambos cuerpos legislativos tras una larga negociación y con una gran presencia de pensionados y líderes sindicales en las gradas del hemiciclo.

En resumen, la medida se aprobó con 14 votos a favor y 13 votos en contra en el Senado, siendo el voto decisivo el del legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio Matías. Este había votado en contra de la medida el pasado 6 de octubre y, aunque reiteró en varias instancias que no favorecía la medida, anoche cambio de postura y le votó a favor.

Así las cosas, la medida obtuvo en el Senado los votos mínimos que se necesitan para su aprobación, mientras que en la Cámara de Representantes el camino fue menos empinado: 34 representantes votaron a favor del proyecto y 12 en contra.

“Hoy es un día bien importante para Puerto Rico. Hoy se demostró que hay que unir voluntades para lograr propósitos más allá de los ideales políticos”, dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

En conferencia de prensa, ante la pregunta de un periodista sobre qué procede ahora con la junta fiscal que no avala el lenguaje incluido en la medida, Dalmau Santiago dijo que “si la junta no está de acuerdo con esa herramienta que logramos aprobar aquí en la Asamblea Legislativa, irá a un proceso de mediación, que tiene hasta el día 2 de noviembre para entonces la magistrada (Barbara Houser) notificarle a la juez Swain si ha llegado a un acuerdo de mediación en torno a estos lenguajes y este proyecto”, indicó Dalmau.

Precisamente, anoche la junta indicó que “evaluará cuidadosamente la legislación aprobada a fin de determinar si facilita la confirmación del Plan de Ajuste”.

Cambios en la medida

En resumen, la medida sufrió enmiendas en los Artículos 104, 605 y 603, que se refieren a la protección de las pensiones, la vigencia de la ley y la separabilidad, respectivamente, que son las tres disposiciones que más objeciones levantaron entre los legisladores de los distintos partidos.

El Artículo 104 sobre Protección de las Pensiones establece que “la Asamblea Legislativa por la presente autoriza la emisión de los Bonos de Obligación General y los IVCs (Instrumentos de Valor Contingente), sujeto a que la JSF (junta fiscal) radique para su confirmación por el Tribunal del Título III un Plan enmendado que elimine la Modificación del Beneficio Mensual”.

Mientras, el Artículo 605 sobre la Vigencia hace referencia a que “quedará inmediatamente sin vigencia esta ley y cualquier transacción, emisión o gestión relacionada con la misma será nula si se ordena y se procede con algún recorte a las pensiones de los empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste o Reestructuración. La vigencia de esta Ley queda condicionada a cero recortes en las pensiones”.

De igual manera, el Artículo 603 de Separabilidad dispone que es “la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que no se hagan cumplir las Transacciones de Reestructuración y sus respectivas autorizaciones en los Artículos 103, 201 y 301, si se deja sin efecto, invalida o declara inconstitucional la condición suspensiva para evitar cualquier recorte de pensiones a empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste, o las disposiciones del Artículo 104 de esta ley”.

Disposición sobre la UPR

Sobre la Universidad de Puerto Rico (UPR), la medida menciona que los presupuestos que se le sometan a la junta incluirán una asignación de fondos para la institución por un total de $500 millones en cada uno de los cinco años fiscales 2023 a 2027, disponiéndose que “las asignaciones adicionales por encima de las cantidades asignadas en el plan fiscal del Estado Libre Asociado (ELA) certificado en abril del 2021 se utilizarán para el mejoramiento de la experiencia y el ambiente estudiantil”.

También la pieza legislativa mantiene que el Departamento de Salud (DS) realice un estudio sobre la viabilidad de proveer o facilitar acceso a cubierta de seguro médico a aproximadamente 225,000 ciudadanos que carecen de planes médicos. Se asigna $1 millón para este estudio.

Fondos para los municipios

En cuanto a los municipios, en el proyecto de ley se plantea la creación del Fondo Extraordinario para Atender el Recogido y Disposición de Residuos, Desperdicios y para Implementar Programas de Reciclaje, el cual estará dentro del Fondo de Equiparación de los Municipios, dispuesto en el Artículo 7.015 de la Ley 107-2020 de Código Municipal de Puerto Rico.

Sin embargo, la medida establece que esta asignación presupuestaria “solo podrá incluirse en el presupuesto de un año fiscal si la cantidad de fondos Medicaid recibidos durante el año fiscal anterior exceden la cantidad proyectada para el año fiscal anterior en el plan fiscal”.

Más temprano, el senador novoprogresista Carmelo Ríos indicó en redes sociales que las delegaciones del PNP en el Senado y en la Cámara habían sido enfáticas en cero recortes a las pensiones y que menos de eso no se iba a aceptar. “El pueblo tiene que recordar que la versión inicial del PC 1003 radicada por un puñado de miembros de la delegación del PPD en la Cámara contenía un recorte a las pensiones de 8.5%. Eso es un dato real”, afirmó.

Opuestos al proyecto

Durante los turnos iniciales de la sesión ordinaria de ayer, la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, planteó que “lo que se estará logrando en el día de hoy (ayer) es esconder la quiebra debajo de una alfombra hasta esperar que alguien se tropiece con ella y entonces la desempolvemos nuevamente”.

Mientras, la senadora de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, opinó que el poco poder que tiene la Legislatura se iba a perder aprobando una legislación que sin duda valida un PAD que es “insostenible y que condena y compromete el futuro de las presentes y futuras generaciones”.

En tanto, el senador independiente José Vargas Vidot expresó que con la aprobación de la medida se sepultan los municipios, la UPR, a las cooperativas y sobre todo “van a hipotecar el futuro de Puerto Rico con una deuda insostenible”.