Héctor Ferrer Santiago

Héctor Ferrer Santiago, presidente de la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes, adelantó que vienen cambios para la Oficina de Ética Gubernamental. >Nahira Montcourt/EL VOCERO

La Legislatura encamina la aprobación de una medida, con enmiendas, que crearía una nueva Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Contiene, además, disposiciones para -entre otras cosas- establecer el marco legal ético aplicable a los servidores públicos de la rama judicial y legislativa.

En declaraciones a la prensa, el presidente de la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, afirmó ayer que es un hecho que vienen cambios para la OEG a la luz de los últimos acontecimientos en la Isla.

“Es una nueva ley. Los cambios vienen. Vamos a estar evaluando y continuando el proceso. Creo que, aunque llevamos tiempo evaluando todos esos cambios, ahora que comenzamos las vistas públicas vamos a ver los cambios con mayor exactitud”, dijo.

Precisamente ayer la comisión llevó a cabo una vista pública durante la cual depusieron funcionarios de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), el Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de Tribunales y la Organización Sembrando Sentido. El grupo Somos Más se unió a la ponencia.

“Creo que ha sido muy positivo las conversaciones que hemos tenido durante el día de hoy (ayer). Incluso, sí habíamos tenido comunicaciones desde mucho antes y de parte de la oficina y la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública se le había enviado el borrador original a todos los portavoces de todos los partidos en dos ocasiones para que lo revisaran y enviaran enmiendas”, abundó Ferrer Santiago.

A esos fines, mencionó que la comisión se encuentra en la etapa de recopilar información y enmiendas sugeridas para la evaluación correspondiente. Una vez ese trabajo esté listo, Ferrer afirmó que se aprobará el Proyecto de la Cámara 552 -de su autoría y la del presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández- en el ‘markup session’.

“Cabe destacar que durante la vista de hoy (ayer) hubo un enfoque mayor a si la OEG con la jurisdicción limitada que tiene actualmente con la Asamblea Legislativa y la rama judicial, si nos debemos mover a (unos cambios para que haya) una jurisdicción completa, comprendiendo que también hay que verificar y hacer un análisis constitucional en cuanto a la separación de poderes”, sostuvo.

A esos fines, adelantó que se busca establecer que haya una mayor transparencia, fiscalización y rendición de cuentas tanto de los legisladores como de los funcionarios de los tribunales, por lo que se analiza crear una oficina interna en ambas ramas para esos fines.

“La realidad del caso es que Ética Gubernamental no tiene ninguna función con los legisladores y con la Oficina de (Administración) de Tribunales. Así que me gustaría buscar la manera de que haya una rendición de cuentas de parte de los legisladores y de los tribunales. De parte de los tribunales vamos a sostener una reunión, y en cuanto a los legisladores, estamos hablando para ver cómo lo podemos hacer”, precisó.

Mientras, el director de la OEG, Luis A. Pérez, manifestó que la medida es una recomendación de la propia agencia luego de varias reuniones con el personal de las distintas áreas medulares y que recoge la experiencia de esa dependencia.

“Esta medida es una de gran importancia que refuerza las herramientas que nuestro ordenamiento jurídico provee para luchar, de forma preventiva y fiscalizadora, en contra de la corrupción en todas sus manifestaciones. Precisamente, ese es el trabajo que, a diario, desempeñan los servidores públicos de la OEG”, sostuvo.

Mientras, el Departamento de Justicia recomendó -entre otras cosas- la eliminación del lenguaje en la medida que establece la no disponibilidad del mecanismo de alegaciones preacordadas. Por medio de este mecanismo, el Ministerio Público y la defensa del imputado entran en conversaciones con miras a llegar a un acuerdo sobre que se haga la alegación de culpabilidad por un delito de grado inferior y entonces el fiscal se obliga a uno de varios cursos de acción.

Específicamente, se habla de “solicitar el archivo de otros cargos pendientes, eliminar alegación de reincidencia en cualquiera de sus grados, recomendar una sentencia en particular o no oponerse a la solicitud que haga la defensa sobre una sentencia especifica, entre otras alternativas”.

En tanto, Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, dijo que la organización no se compromete a apoyar la aprobación de la medida independientemente de que se acojan todas o parte de las sugerencias establecidas en el documento sometido ante la Cámara.

No obstante, eso no significa que no se apoyará la medida de atender los puntos mencionados en la ponencia de la organización y de mantenerse los que ya fueron avalados como cambios en la dirección correcta. 

“Reconocemos algunos elementos noveles de importancia atendidos en esta nueva medida. Entre las fortalezas principales que identificamos están las limitaciones sobre la reclasificación de delitos graves a delitos menos grave, esenciales para evitar la impunidad de aquellos que violen la ley; que la mayoría de las definiciones son robustas; y que la medida abarca todas las ramas de gobierno y los municipios”, dijo Masses, en la ponencia.

Afirmó, sin embargo, que la medida no contiene cambios significativos al marco legal vigente ni elementos clave que urgen atención.

"Cualquier inversión de tiempo y recursos hacia una medida como esta, debe atender las debilidades identificadas en la actualidad y asegurar que la Oficina pueda fortalecer su gestión y atemperarse a la continua transformación de esquemas y acciones que atentan contra el interés publicó a cambio de un beneficio privado", sostuvo. 

La organización menciona que, para garantizar el derecho constitucional a la información pública, la definición de “información o documento confidencial” debe limitarse únicamente a lo establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, es decir: “cuando una ley lo especifica; cuando el dato esté protegido por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos; cuando revelar el dato pueda lesionar derechos fundamentales de terceros; que se trate de la identidad de un confidente; o que sea “información oficial”, conforme a la Regla 514 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico”.

“Esta descripción no incluye informes internos, aunque aparece bajo la definición de la medida. Siguiendo los parámetros globales de acceso a la información, además, las excepciones no deben ser aplicables en el caso de un documento que tenga más de veinte (20) años de existencia. Finalmente, deberían crearse los mecanismos para que la información de los informes sea pública, de acceso libre y sin mayores restricciones (salvo seguro social, fecha de nacimiento y otra información que se pueda prestar para el robo de identidad)”, agrega.

“Adicionalmente, aunque “agencia” se define como cualquier entidad de la rama ejecutiva, rama legislativa y municipios, identificamos disposiciones que aparentan aplicarle a ramas específicas, creando confusión sobre el alcance de las disposiciones establecidas. Por ejemplo, el Art. 5.1 sobre rendición de informes financieros, requiere que miembros de las juntas de subastas de la rama ejecutiva remitan informes”, menciona.

No obstante, la organización entiende que todo miembro de toda junta de subasta debe cumplir con el mismo requisito, independientemente de la rama o nivel de gobierno al que pertenezca.

“También, el Art. 5.4 aplica a las tres ramas, pero no a los municipios. Entendemos, que todas las disposiciones de esta medida deben aplicarles a todos los cuerpos antes mencionados, y a la Rama Judicial”, señala.

“Por otro lado, el Art. 2.1 inciso (b) de la medida, contrario inclusive a la ley vigente, estipula que la Oficina del Contralor de Puerto Rico deberá llevar a cabo una auditoría sobre la OEG cada cuatro años. Considerando el número de exenciones que se le otorgan a la Oficina con el fin de proteger su independencia, entendemos necesario que la Oficina del Contralor de Puerto Rico audite como mínimo, cada dos años la gestión de la Oficina. De esta forma, se vela por el cumplimiento y de ser necesario, se permiten acciones correctivas que eviten la repetición de señalamientos”, agrega la organización como parte de los cambios sugeridos.

Por su parte, la Oficina de Administración de Tribunales también se expresó sobre la medida. Reiteró que el poder judicial tiene un firme y evidenciado compromiso con la integridad y la ética en la administración pública.

“Esta tradición incluso antecede a la aprobación de la vigente Ley de Ética Gubernamental. Los mecanismos y las iniciativas adoptadas en este campo sustentan una clara disposición a preservar la integridad del sistema judicial ante el pueblo de Puerto Rico”, puntualizaron.