Rafael “Tatito” Hernández
El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, y el legislador Jesús Santa, detallan las propuestas para proteger a los pensionados. >Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO

En el afán por proteger a más retirados de los recortes a las pensiones dentro del proceso de bancarrota del gobierno, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, junto al presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, revelaron las propuestas que presentaron a la Junta de Control Fiscal como parte de la negociación para aprobar el proyecto de ley del Plan de Ajuste de Deuda (PAD).

La propuesta principal es aumentar el tope de protección en los recortes de $1,500 a $2,000, lo que significa que las pensiones de $2,000 o menos al mes no serían ajustadas y con ello se protege a la mayoría de los empleados públicos del gobierno central.

Si se le da paso, esta propuesta y la que otorgaría más fondos a los municipios estarían incluidas en el PAD, confirmaron los representantes. También se incluiría lenguaje sobre las prerrogativas de la Asamblea Legislativa.

Ayer en la tarde Hernández y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, sostuvieron una reunión con la Junta de Control Fiscal donde se iban a discutir ambas propuestas, con las cuales condicionan los votos que necesita el PAD en el cuerpo legislativo. Tanto Hernández como Santa esperaban la respuesta formal de la junta fiscal sobre las propuestas al concluir la reunión.

Mañana la junta fiscal realizará su vigésimo tercera reunión pública, a las 9:00 de la mañana, en el Centro de Convenciones en Miramar, en donde discutirán sobre el PAD.

“Aquí no hay votos para el corte de las pensiones; lo que pasa es que una cosa es lo que nosotros estamos de acuerdo y cómo lo vamos a alcanzar. Ahí, en cómo lo vamos a alcanzar hay un montón de gente con 20 teorías”, expresó Hernández en declaraciones a EL VOCERO. Agregó que “hay unos asuntos en los que nosotros no tenemos control en el acuerdo pactado por los acreedores con el gobierno de Puerto Rico”.  

pensionados
El reclamo de los pensionados del sector público se ha convertido en uno de los temas neurálgicos de la negociación. >Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO

Al momento, el acuerdo estipula que los retirados que reciben más de $1,500 al mes sufrirán un recorte de 8.5%. “Del universo de los empleados del gobierno central, literalmente, si uno sube el umbral a $2,000 está casi el 100% de los empleados del gobierno central. ¿Quiénes tienen pensiones mayores de $2,000? Los jueces, los exlegisladores, los exalcaldes, los exejecutivos, que son personas que tenían salarios altos”, agregó el presidente de la Cámara.

Si el umbral sube a $2,000, se necesitarían $60 millones para mitigar los recortes y la propuesta presentada incluye que se saque esta cantidad para restituirlo del presupuesto del Fondo General. Para hacer la restitución, se utilizaría el mismo mecanismo empleado para pagar las pensiones por medio del presupuesto que aprueba la Legislatura.

“Nosotros como Legislatura, vamos a obligar a que muevan el umbral, si no, no hay votos. Eso es lo primero, y lo segundo es la diferencia entre ese umbral. Esa la vamos a cubrir. ¿Por qué nosotros no podemos decir que cubre el 100%? Esa es una pregunta válida”, añadió Hernández.

En referencia a la junta fiscal, dejo saber que no podría ir al tribunal a impugnar el recorte, “pero ellos tampoco pueden venir acá a obligarnos a que nosotros no cubramos ese resto de pensionados de $2,000 en adelante. No hay manera de que un tribunal nos obligue a nosotros a legislar para allegar recursos de otras áreas para poder mitigar los recortes”.

Por su parte, Santa afirmó a este medio que el objetivo de aumentar el tope de protección de $1,500 a $2,000 es evitar que los pensionados estén prácticamente bajo el nivel de pobreza.

“El pensionado es una persona que va a tener ese salario por el resto de su vida y $1,500 está muy cerca del umbral de pobreza y aun así tenemos pensionados que su salario está dentro del umbral de pobreza o bien cerca. Entendemos que una persona que está cerca del umbral de pobreza no debe ser castigado”, añadió Santa.

Salvavidas para los municipios

Hernández indicó que —basado en el recorte que recibe el gobierno central con el ajuste a la deuda pública— se ha propuesto que se libere una partida del dinero que sale de los municipios para financiar las obligaciones del estado. La idea es que se liberen aproximadamente $70 millones.

“Del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) hay dos partidas de dinero que salen para financiar obligaciones del gobierno central. Hay dos: el primero es el 1.03% del recaudo del CRIM de la propiedad mueble e inmueble, que está legislado para mitigar el pago del servicio a la deuda, que ronda en los $120 millones. El segundo, es una partida —que no es por ciento— sino una obligación de como $130 millones del pago de los municipios a la tarjeta de salud”, detalló.

Sin embargo, el dinero que se liberaría para los municipios no es para uso arbitrario, sino que tiene el uso específico de gastos sanitarios, así como recogido y disposición de desperdicios sólidos, de escombros y reciclaje.

Prerrogativa de la Legislatura

A la junta fiscal también se le comunicó la prerrogativa de la Asamblea Legislativa sobre los procesos fiscales, particularmente tener más participación y que se les comunique todo lo que está ocurriendo en asuntos como la reasignación de dinero.

“Que no quede ningún atisbo por ahí o ninguna interpretación de que una transacción financiera del gobierno central se puede hacer unilateralmente”, puntualizó Hernández.

El presidente de la Cámara adelantó que en los próximos días las delegaciones van radicar legislación sobre transparencia, transición y presupuesto de las oficinas legislativas y las dependencias, atado a un plan de clasificación y retribución.

“Esto no requiere de la junta, pero nosotros obviamente lo plasmamos como un tema importante”, añadió.

Tanto Hernández como Santa hablaron sobre otras dos propuestas que allegarían cerca de $100 millones adicionales a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para uso exclusivo de los estudiantes. Estas propuestas se concretarían cuando se reconfigure el presupuesto después de la reestructuración de la deuda y el dinero de Medicaid.

Otra de las propuestas recoge el compromiso entre Santa y el Departamento de Hacienda para invertir en recursos humanos. Se habla en total de $50 millones, que se dividen en $40 millones para recursos humanos y $10 millones para tecnología.

Sobre lo informado por los legisladores, Edward Zayas, portavoz de la junta fiscal, declaró que “por ahora se está discutiendo y aclarando todas las interrogantes que tiene la Legislatura y el Ejecutivo con respecto al Plan de Ajuste… el tema de pensiones está incluido en esa discusión”.

En tanto, el presidente del Senado sostuvo que entre los temas a discutirse en la reunión con la junta ayer se incluía las pensiones, la universidad y los municipios.  

“Estamos recibiendo información de ellos”, puntualizó Dalmau.