A solo semanas de que venza el contrato suplementario de la compañía LUMA Energy, una medida que ordena al gobierno a cancelarlo, está próximo a llegar al despacho del gobernador Pedro Pierluisi en la Fortaleza, quien tendrá en sus manos la potestad de firmarla para convertirla en ley o vetarla.
En declaraciones a EL VOCERO, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, y el presidente de la Comisión de Energía, Luis Raúl Torres, pidieron al mandatario que firme la Resolución Conjunta de la Cámara 315, dirigida a los fines antes mencionado, así como otras legislaciones relacionadas.
Por un lado, Hernández adelantó que se supone que Pierluisi reciba las medidas sobre asuntos energéticos durante este fin de semana, por lo que lo exhortó al gobernador a ser prudente, analizar el cambio propuesto de política pública y a no renovar el acuerdo suplementario con la compañía.
“El llamado al gobernador es que sea prudente, que analice bien el cambio de política pública, que no extienda el contrato y que realicemos unos cambios desde el punto de vista de un nuevo proveedor, que sea más transparente, que le dé más participación al empresarismo local, integrando también alianzas con los municipios y que protejamos los trabajadores”, dijo Hernández.
El líder cameral instó al mandatario también a trabajar en equipo para lograr un cambio en la red energética. Recordó que cuando la Legislatura y el Ejecutivo se han sentado a la mesa, han alcanzado puntos de encuentro. Dijo que “este es otro punto que podemos sentarnos, dialogar y llegar a entendidos”.
En tanto, Torres planteó que ha llegado la hora de cancelar el contrato de LUMA por su ineficiencia, la falta de experiencia, la necesidad de un plan coherente, la falta del personal técnico necesario y suficiente que desde el comienzo arrastra la compañía. Indicó que, en su comisión, durante año y medio, se les ha informado a todos los entes gubernamentales y al pueblo, con la evidencia documental de estos hallazgos.
Añadió que la falta de supervisión y fiscalización al desempeño de la LUMA por parte de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) es lo que permitió que “llegáramos a esta crisis ante un desempeño deficiente y pobre”. Precisó que el Ejecutivo conoce que LUMA solo cuenta con 1,300 empleados de campo, de los cuales 432 son celadores de líneas, de esos 250 tienen 2 años de experiencia y 160 vinieron de los Estados Unidos, que “no conocen nuestro sistema”.
Torres recordó que la Asamblea Legislativa ha descargado su responsabilidad constitucional al aprobar no solo la Resolución Conjunta de la Cámara 315, que ordena la cancelación del contrato, sino también la Resolución Conjunta del Senado 326, que ordena a la AAPP y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) comenzar el proceso de transición ante la terminación del mismo.
“Exhorto al gobernador Pierluisi a cumplir con su mandato constitucional de defender y proteger al pueblo de Puerto Rico y firme ambas medidas legislativas por el bienestar común de los ciudadanos de nuestro País. ¡La historia juzgará nuestras acciones! ¡Se nos va la vida, cancele el contrato señor gobernador!”, agregó.
El contrato suplementario vence el 30 de noviembre y se firmó por un periodo de 18 meses como medida provisional en lo que la AEE culminaba el proceso de reestructuración. A menos que haya acuerdos entre las partes para extender su vigencia, el contrato suplementario expira en la fecha establecida.
Adicional a las medidas mencionadas, también se añaden al trámite rumbo a Fortaleza: la Resolución Conjunta de la Cámara 235, que declara una emergencia en el sistema de energía; y la Resolución Conjunta de la Cámara 249, que daría paso a una moratoria en los pagos de las tarifas de electricidad y agua.
Mientras que, la Resolución Conjunta de la Cámara 327, que ordena al Negociado de Energía entregar detalladamente las métricas de cumplimiento implementadas para medir la ejecución del contrato de LUMA.
Sin embargo, el Proyecto de la Cámara 1397, que saca a la AAPP de la supervisión de los contratos de alianzas público privadas -como el puesto en vigor para la entrada de LUMA, entre otros- y transfiere dicha potestad a la AEE como “entidad gubernamental participante”, sufrió una enmienda en sala en el Senado, por lo que regresa a Cámara.
Si Cámara concurre con esta enmienda, entonces la medida pasa a la consideración del gobernador a La Fortaleza.
