Tatito Hernández

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

Las enmiendas que introdujo el Senado al proyecto que crea la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico y que autoriza una nueva emisión de los bonos de obligación general son la ficha de tranque entre la Legislatura y la Junta de Control Fiscal, que considera que la medida haría que el séptimo Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) sea insostenible para Puerto Rico.

En consecuencia, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, reafirmó ayer a EL VOCERO que la medida no se considerará en este cuerpo legislativo sin que la junta fiscal garantice por escrito que cumplirá con los acuerdos establecidos para que haya cero recorte a las pensiones, $62 millones para los municipios y recursos para la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“La Legislatura cumplió. Ahora le toca a la junta. Cumplimos con las fechas de aprobación en ambos cuerpos como fue diseñado. Estamos citando a la junta, al gobernador (Pedro Pierluisi) y al liderato senatorial para el próximo fin de semana, de manera que podamos finiquitar los acuerdos entre las partes”, adelantó Hernández.

Afirmó que lo que se acuerde será reafirmado en la sesión del lunes 18 de octubre. Hernández informó que el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, Jesús Santa, estará en representación del cuerpo legislativo en las reuniones técnicas durante esta semana.

“Hacemos un llamado al diálogo a todas las partes, de manera que la Cámara, el Senado, el gobernador y la junta podamos acordar lo mejor para el país”, aseveró Hernández, quien se encuentra en viaje oficial en Dublín, Irlanda.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, sostuvo que aún están a la espera de la contestación de la junta fiscal sobre las enmiendas que se le hicieron al Proyecto 1003 de la Cámara. Añadió que en la carta del pasado 8 de octubre la junta fiscal se comprometió a enviar la contestación.

“Nos mantenemos firmes en nuestra postura de cero recortes a las pensiones y de defensa de la UPR. La Junta tendrá que tomar acciones afirmativas para atender estos asuntos si quieren contar con mi voto”, afirmó Zaragoza, en declaraciones a EL VOCERO.

“Hemos leído la carta (de la junta) 12 veces y aun no encontramos referencia a los 10 puntos que había impulsado el Senado hace más de un mes y que se incluyó en el proyecto. Todavía veo gente sorprendida por la inclusión de estos puntos en el proyecto cuando en el periódico ya se había reseñado que esa era la postura oficial del Senado, al menos desde el 27 de septiembre”, abundó.

Zaragoza planteó que con el proyecto no se da paso a un plan de salud universal, sino a un estudio sobre el asunto.  

“En realidad lo que hay ahí es solo un estudio. Sería el primero, pero eso solo cuesta alrededor de $1 millón”, aseguró Zaragoza, al refutar los planteamientos que hizo la junta fiscal.

El senador enfatizó en que la inclusión de los 10 puntos tiene un costo de $625 millones para cinco años —$125 millones anuales— de los cuales $100 millones ya constaban en el plan fiscal.

“Las demás asignaciones son contingentes a fondos de Medicaid. Esta cifra está muy lejos de las decenas de billones de dólares que plantea la junta. Pudo ser un error de interpretación. Al momento, nos mantenemos en espera de su respuesta en detalle”, recalcó.

En carta con fecha del 30 de septiembre, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, solicitó la respuesta oficial de la junta fiscal sobre las posibles consecuencias del lenguaje que condiciona la emisión de bonos a que no se pueda recortar las pensiones.

Dalmau solicita que se responda cuál sería el estado de derecho y las consecuencias en la protección de las pensiones, si no se logra la aprobación de la medida.

También solicita conocer cuál sería el escenario real sobre el futuro de las pensiones en caso de que la medida sea aprobada y firmada por el gobernador con el lenguaje de cero reducciones a este beneficio. Esta misiva, dirigida al presidente de la junta, David Skeel, tampoco obtuvo respuesta.

Pide actúen como adultos

El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que tanto la Legislatura como la junta fiscal deben “actuar como adultos” para resolver el impase sobre el proyecto que viabiliza el plan de ajuste de la deuda.

Además, el gobernador catalogó las enmiendas senatoriales introducidas en la medida legislativa como “razonables”.

“Yo lo que espero es que actuemos como adultos todos, incluyendo los miembros de la junta. Y, en vez de estar trancados a la banda, que demuestren flexibilidad porque lo más importante es dejar la quiebra atrás. Lo más importante es que se aprueben mecanismos para emitir bonos reestructurados y, de igual manera, el tema de las pensiones”, sostuvo.

“¿Cuántas veces se les va a decir que no hay ambiente para el recorte a los pensionados? Los pensionados han sufrido. Reconocemos que la jueza (Laura Taylor Swain) tomará una decisión final, pero es legítimo que la Asamblea Legislativa haga sus reclamos a la junta. Y la junta, en vez de quedarse atascada en unas posiciones, debe darle paso al proyecto de ley tan pronto la Asamblea Legislativa culmine su aprobación”, agregó.

Mientras, Antonio Medina, miembro de la junta y quien ayer realizó expresiones en algunas estaciones radiales, señaló temprano en la mañana en WKAQ que si no llegan a “un lenguaje aceptable”, no someterán la legislación como parte del plan de ajuste de la deuda. 

“Se cae el plan, no salimos de la deuda y no salimos de la junta”, indicó.

Añadió que la lucha ya no es por las pensiones, sino por el resto de las consideraciones incluidas en las enmiendas del Senado.

*La periodista Maricarmen Rivera colaboró en esta historia.