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La expresiones de la comisionada residente se produjeron durante la reunión del directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Ponce. 

En momentos en que se discuten estrategias para atajar el crimen y detener la más reciente ola de asesinatos, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, reconoció ayer que “Puerto Rico es una frontera de narcóticos” y consideró que tiene que haber una mayor interacción entre las autoridades estatales y federales.

González se mostró preocupada por el alza en la criminalidad y confirmó que se están haciendo gestiones en Washington para la búsqueda de fondos que permitan dar mayores herramientas a las autoridades estatales y federales. 

“Cuando hay pobreza, la incidencia criminal se dispara y aunque hay más empleos ahora, la realidad es que se recrudece la lucha de drogas. Puerto Rico es una frontera de narcóticos”, expresó González en un aparte con la prensa antes de entrar a la reunión del directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP), en el Complejo Ferial de Ponce.

Perfil de la pobreza

De hecho, el Instituto del Desarrollo de la Juventud develó el Perfil de los Niños y las Niñas en Pobreza, el cual revela que en Puerto Rico la pobreza infantil se ha mantenido entre el 56% y el 58% en los pasados años.

Precisamente, la directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud, Amanda Rivera, destacó que en momentos en que el País atraviesa una crisis de seguridad pública, es importante tomar en cuenta que muchos niños en la Isla viven en comunidades que están impactadas por la violencia.

“Entendemos que es relevante tener conversaciones más profundas sobre las condiciones en que vive esa niñez y juventud, y cómo el mero hecho de nacer en hogares y comunidades pobres limita las oportunidades que tienen para su movilidad económica y social”, comentó en comunicación escrita.

Hacen estudio en EE.UU.

La comisionada residente reconoce que los altos niveles de pobreza pueden aumentar la incidencia criminal y anunció que Puerto Rico fue insertado en dos estudios que se están llevando a cabo a nivel federal, cuyos hallazgos serán incluidos en un informe que rendirá la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) federal antes de marzo de 2020, lo que servirá para ver qué recursos o legislación adicional se puede aprobar.

“A mí me preocupa muchísimo porque hay cuatro cosas básicas que un gobierno debe mantener: salud, seguridad, educación e infraestructura. Esa es la administración principal de un gobierno”, agregó González.

“Vi que el nuevo fiscal federal (Stephen Muldrow) hizo una reunión esta semana con el componente estatal. Eso es bueno que ocurra y tiene que haber mayor interacción entre las estatales y federales. Lo hubo en el pasado cuando estuvo la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez y la gobernadora (Wanda Vázquez) viene de ese ‘background’”, comentó.

Aumento en los asesinatos

El lunes pasado, Puerto Rico se conmovió ante la noticia de la quinta masacre del año, que tuvo lugar en el residencial Ernesto Ramos Antonini de San Juan, y que cobró la vida de seis personas. Posteriormente, ocurrió un doble asesinato en Plaza Carolina, entre otros homicidios que han elevado la cifra de asesinatos este año a 492, de los cuales unos 36 se han producido en octubre.

No hay “varita mágica”

En ese sentido, el licenciado y excomisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, destacó que la criminalidad es un problema que hay que atender de manera integral.

“Aquí no hay una varita mágica, pero hay que atenderlo en todas sus facetas, o sea comenzando con nuestros niños, sus necesidades en todos los niveles, antes de que lleguen a la escuela y cuando están en la escuela. De ahí en adelante ocupándonos de poblaciones vulnerables, como las personas que sufren de adicción a drogas y que tienen problemas de salud mental”, abundó.

De igual manera, indicó que hay que asegurarse de que las agencias de ley y orden tengan los recursos necesarios para cumplir su misión y que las entidades que se ocupan de la rehabilitación de los confinados también “los pongan en condiciones para regresar a la sociedad y a no reincidir en la criminalidad”.

“Tenemos que admitir que sí hay un problema de criminalidad”, sostuvo.

Un problema de desigualdad social

La semana pasada, el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, radicó una resolución que busca investigar la viabilidad de que las agencias de ley y orden del gobierno utilicen las diferentes aplicaciones de teléfono móvil que permiten la grabación y transmisión en directo de actos criminales y los efectos que esto podría tener en el esclarecimiento de los casos.

“¿Cómo yo compito con un individuo que lo van a enviar a una tienda por departamento a $10 la hora —si tiene suerte— contra un individuo que le va a ofrecer $2,000 mensuales, carro y un paseo en la lancha de 60 pies por las islitas de Puerto Rico? Es bien duro. La desigualdad social es un concepto noble… Es cuestión de valores, pero siempre va a haber alguien que diga: ‘La escuela no es para mí, yo no quiero trabajar y a mí no me van a matar’. Todo el mundo sabe dónde van a acabar, pero ellos apuestan a que son la excepción a la regla”, añadió.

Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot indicó que la misma pobreza lleva a que las generaciones repliquen las conductas que son negativas para la sociedad. Por ello, entiende que se debe trabajar con los empleos, con la familia, educación, con la condiciones del hogar y con la demografía para establecer verdaderas prioridades.

“El gobierno no ha sido suficiente proactivo en la defensa de los verdaderos intereses que afectan al pueblo. Si hubieran sido tan efectivos defendiendo el dinero de la Policía como fueron con Cofina, la cosa sería diferente”, opinó Vargas Vidot, quien agregó que se le debe dar mayor herramientas a los policías para atajar el crimen.