FMPR

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

La Asociación de Maestros y la Federación de Maestros (FMPR) describieron cómo el cierre de escuelas- que se intensificó en el 2018 bajo la exsecretaria del Departamento de Educación (DE)- afectó emocional y académicamente a los estudiantes en una vista pública de la Comisión de Educación del Senado.

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, dijo que cuando se informó del cierre de escuelas se habló poner a los niños en planteles con mejores infraestructuras, pero señaló que “eso es mentira”.

“Es inmensurable cómo esto afectó a los estudiantes. Eso es un crimen y es un crimen que la señora Julia Keleher jamás va a pagar. La acusan por otros casos de corrupción, pero aquí se cerraron el 34% de las escuelas en dos años y ese crimen- avalado por el gobernador Ricardo Rosselló-nunca van a pagar. El daño sobre nuestros niños al día de hoy todavía se siente”, dijo Martínez.

Entre los efectos que detectó la FMPR por este cierre masivo, Martínez mencionó depresión, frustración, hacinamiento de estudiantes, dificultades de transportación y un bajo aprovechamiento académico.

“La escuela Lorencita Ramírez (en Toa Baja) cuenta con un teatro hermoso que tenía la señora Marilyn Malavé que llevaba a esos niños a la práctica del teatro y danza. Era un sistema bellísimo. Muchos de los niños de allí salían e iban a escuelas especializadas por la enseñanza que recibían allí y allí está ese teatro cerrado que le costó al erario cerca de $800,000. Era el único teatro en una escuela a nivel elemental”, dijo.

“Por lo que implicaba ese teatro para la comunidad esos niños estuvieron llorando y deprimidos”, agregó.

Martínez mencionó además una escuela elemental en Cayey que fue cerrada y que los estudiantes tienen que viajar largas distancias para llegar al nuevo plantel. “Lo mismo ocurrió en Cayey cuando transfirieron a los niños de una escuela a otro pueblo aledaño sin transporte escolar. Eran niños de 5 años cogiendo guagua escolar a las 5:00 a.m. porque la escuela que le quedaba a cinco minutos de su hogar ahora está cerrada”, expresó.

Narró que en su tiempo como líder gremial “lo más fuerte” fue ver estos cierres en comunidades que presenciaron el momento en que trancaron los portones.

Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros, describió que “esto fue un periodo de dolor para nuestros maestros y niños”.

“Podemos describirlo como una masacre educativa, pero también una masacre emocional. Es compararlo cuando se puede extraer un hijo de uno a otra casa y perder lo que era su entorno y poder trabajar de nuevo con otro ambiente escolar”, manifestó.

Comentó que hubo estudiantes de cuarto año que sufrieron de golpe dos cambios de escuela y luego la transición hacia la etapa universitaria.

“La escuela María Cruz en San Lorenzo a 12 kilómetros del pueblo, era su último año para graduarse y dos cambios de escuela. Eso es lo que significa el dolor de dejar de estar en una comunidad donde podían hacer su vida y pasar a un entorno diferente. Lo peor aún es que se fueron sin tener explicación de por qué los cambiaron de escuelas. Fue desgarrador, de dolor y de mucha lucha existencial entre los estudiantes sin importar la edad”, dijo.

Bonilla reconoció además que gran parte de las escuelas cerradas permanecen como espacios abandonados y en evidente deterioro, lo que representa un peligro para las comunidades.

Ambos líderes gremiales apuntaron además a la Junta Federal de Control Fiscal por sus exigencias para que el gobierno clausurara planteles en Puerto Rico.

En la vista senatorial, el DE no logró establecer claramente cuáles fueron los criterios que utilizaron para el cierre masivo de escuelas públicas y tampoco proveyó una cifra sobre los ahorros que se buscaban con esta iniciativa de política pública.

Yaitza Maldonado, secretaria auxiliar de Asuntos Legales y de Política Pública del DE, explicó que el cierre de escuelas comenzó en 2011 y que terminó en 2018. En ese periodo, según trascendió en la vista, cerraron alrededor de 649 planteles escolares en la Isla y la mayoría pasó a manos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

En la vista, otras agencias tampoco pudieron establecer cuántas de las escuelas cerradas se transfirieron a organizaciones sin fines de lucro o entidades privadas.

Alcaldes quieren rescate para escuelas

Varios alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) exigieron que se acelere la transformación de estos planteles para evitar problemas comunitarios y que estas se conviertan en estorbos públicos.

Julia Nazario, alcaldesa de Loíza, señaló que todas las escuelas que cerraron en su municipio hoy día son utilizadas como espacios educativos, centros comunitarios y hasta refugios.

“El ejemplo de Loíza es claro: las escuelas cerradas han provisto una nueva y valiosa infraestructura en la forma de sedes para los servicios municipales y estatales, así como para iniciativas comunitarias, fomentando el desarrollo en todos los ángulos y evitándose que estas estructuras se abandonen y representen un peligro para la salud y seguridad del pueblo”, dijo.

Mientras tanto, el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, informó que tiene interés de que las escuelas que cerraron en su municipio sean cedidas al ayuntamiento.

“Al recibirlas nuestra intención es transformar su uso en uno social, desarrollar proyectos resilientes o programas con instituciones sin fines de lucro. No obstante, debemos estar seguros de que la transferencia de estos inmuebles será a perpetuidad y que luego de su otorgación no surjan cambios que trastoquen su uso”, expresó.

El director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, Nelson Torres Yordán, abogó por el traspaso de estos edificios en desuso. Mencionó que algunos municipios ya adquirieron escuelas que fueron cerradas, pero no pudo precisar cuántas.

"El principal uso de los fondos que se generen aquí debe ser para las escuelas del sur (afectadas por los terremotos)", dijo. 

Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.