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Gerardo Portela Franco, director ejecutivo actual de la Aafaf.

Aunque el gobernador Ricardo Rosselló ha reiterado que el panorama en que se encuentra Puerto Rico ha cambiado drásticamente tras el azote del huracán María, su principal asesor financiero, Gerardo Portela, comunicó ayer que continuará con la misma estrategia legal y financiera para el manejo de la deuda pública, que existía previo a la catástrofe.

“Obviamente, pasó una catástrofe… pero seguimos con el proceso de mediación. Tenemos nuestra estrategia legal y nuestra estrategia financiera y vamos a seguir con esos términos. No esperábamos que vinieran dos huracanes back to back… pero vamos a seguir con los procesos legales judiciales relacionados a Título III de la deuda y a la vez negociar la deuda de buena fe con los candidatos que quedan disponibles”, comentó el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), en entrevista exclusiva con EL VOCERO.

El gobierno permanece atento a la cantidad de fondos que le otorgue la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA), a la cual Casa Blanca pidió una asignación de $12.77 millones, así como a una línea de crédito garantizada por el Tesoro federal, que le provea la liquidez necesaria para reconstruir la infraestructura básica y atender la emergencia dejada por el huracán María.

Rosselló dejó claro ayer que su administración depende de esas negociaciones para conseguir una línea de crédito con la garantía del Tesoro federal, pues “no veo un plan… no debe haber un plan B”.

“Sería más difícil la recuperación de Puerto Rico, sería más difícil restaurar nuestro sistema de salud, sería más difícil ser competitivos en términos económicos… De otra forma, esto podría caer a una crisis humanitaria”, recalcó Rosselló en una conferencia de prensa.

La cantidad del crédito, el plazo y los intereses, que se negocian con la Casa Blanca y el Congreso estadounidense, no quisieron ser revelados por Portela. “Estamos en comunicaciones con el Tesoro para obtener algún tipo de alivio de ellos también y proveer alternativas de financiamiento. Seguimos nuestros esfuerzos en DC para traer a nuestros ciudadanos servicios esenciales”, expresó.

Portela aseguró que falta completar una evaluación completa de los daños a la infraestructura de electricidad, vivienda, agua potable, carreteras y manejo de desperdicios sólidos, lo que les dará una idea más clara de cuántos fondos necesitan tener acceso mediante el financiamiento federal. Eso complementará otras ayudas de parte de FEMA.

Sobre la disposición de la Junta Federal de Control Fiscal para modificar las asignaciones presupuestarias hasta un máximo de $1,000 millones, indicó que aún están trabajando con la Oficina de Gerencia y Presupuesto para identificar cómo se hará esa redistribución y cuáles reservas serán trastocadas.

Garantía federal facilitaría APP

Por su parte, el director de la Autoridad de Alianzas Público Privada (APP), Omar Marrero, se expresó optimista con que una garantía de respaldo emitida por un ente federal “pudiera estar trabajando paralelamente” a las concesiones que se hagan a las empresas privadas interesadas en administrar e invertir infraestructura pública.

Marrero explicó que para las primeras dos transacciones de APP, el sector privado requirió una garantía de respaldo del Banco Gubernamental de Fomento, lo cual se ofreció tanto a Aerostar como a Metropista, para las concesiones del aeropuerto Luis Muñoz Marín y los peajes, respectivamente. “Esa garantía ya no está disponible… para poder mover pa' lante mi programa de APP, tenemos que incrustar un mecanismo alterno para garantizar que podemos atender debidamente esa preocupación que representa mi perfil de riesgo”, reconoció. Aunque era algo que ya se venía trabajando, una línea de crédito garantizada por el gobierno federal “ciertamente” sería de beneficio para completar estas transacciones.

Periodista destacada en La Fortaleza, desde diciembre de 2015.