Laura Taylor Swain

La jueza Laura Taylor Swain emitió su decisión ayer. >Archivo/EL VOCERO

La determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain de anular la Ley para un Retiro Digno (Ley 7-2021) porque intenta limitar el poder del tribunal para hacer cumplir la ley federal Promesa supone un duro golpe a los jubilados y evidencia una vez más el menoscabo a los poderes de las ramas de gobierno y a la Constitución de Puerto Rico.

Así lo entienden los entrevistados por EL VOCERO tras la determinación que emitió ayer la jueza que preside los casos de Título III de Puerto Rico —al amparo de la ley Promesa— y que ha invalidado siete estatutos, el primero de ellos la Ley 29-2019 para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, que disponía eximir a los ayuntamientos del pago al plan de salud del gobierno y el retiro de los jubilados mediante el sistema de pago ‘Pay as you Go’.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, planteó a este medio que la aprobación de la ley Promesa es lo que socava el poder político de Puerto Rico como pueblo organizado democráticamente.

“La aprobación de Promesa en virtud de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos es lo que socava nuestro poder político, nuestro poder fiscal y es básicamente la raíz de todas las actuaciones de la Junta de Control Fiscal, que en muchas ocasiones ha socavado precisamente lo que es la autoridad de la rama ejecutiva y la legislativa”, expresó el también designado secretario de Estado.

Insistió en que desde que se aprobó Promesa se socava y en la práctica “se enmienda” la Constitución de Puerto Rico, pues se creó una instrumentalidad territorial dentro del gobierno “de conformidad con la jurisprudencia y el precedente establecido por el Tribunal Supremo (federal) en el caso de Aurelius, que determina que la junta no es una instrumentalidad federal, sino una instrumentalidad territorial y que en efecto con Promesa el Congreso varió la composición gubernamental”.

Ante la decisión de la jueza, Marrero sostuvo que el gobierno seguirá defendiendo la política pública de cero recorte a las pensiones. Apuntó a que desde el principio el gobierno reconoció la posibilidad de que la Ley 7 fuese declarada inválida por ser inconsistente con el plan fiscal certificado y la ley Promesa. Adelantó que se están analizando las distintas opciones a tomar desde el punto de vista legal.

El 2 de julio pasado, la junta fiscal interpuso una demanda contra el gobierno y la Legislatura para que el Tribunal Federal detuviera la implementación de la Ley para un Retiro Digno. Ayer, al anular la ley, la jueza Swain dictó que el potencial impacto fiscal que tendría la legislación sería de $311 millones para el año fiscal 2020 y de $1,700 millones hasta el año fiscal 2024. La decisión se emitió en momentos en que la Legislatura debe aprobar la medida para la nueva emisión de bonos como parte del Plan de Ajuste de Deuda (PAD).

Cero recorte a pensiones

El gobernador Pedro Pierluisi expresó que la decisión de la juez invalida la Ley 7-2021, pero afirmó que esta determinación no es la que tiene que ver con el plan de ajuste. “Son dos cosas diferentes. Nosotros estamos insistiendo en que cuando se reestructure la deuda y tengamos que emitir los bonos reestructurados, que no exista recorte alguno a las pensiones”, sostuvo.

Para el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, la determinación de la jueza Swain no altera “nuestro compromiso contraído con los retirados para evitar el corte a sus pensiones”.

“Ahora más que nunca es imprescindible proteger las pensiones en los procesos legislativos para finalizar la quiebra del gobierno de Puerto Rico”, sostuvo Hernández, pero no adelantó las gestiones que llevará a cabo.  

Mientras, la representante novoprogresista Lourdes Ramos, autora de la Ley 7-2021, expresó que la decisión de la jueza la deja defraudada y le causó tristeza. “Esta decisión refleja que el estatus que tenemos hoy nos deja en desventaja con relación a los 50 estados (de EE.UU.) porque esto no ocurriría en ningún estado de la nación… Esto pone en entredicho el poder de la Legislatura porque no tenemos esa tranquilidad de que nuestras leyes van a ser validadas”, sostuvo.

Efecto de la ley Promesa

Para el abogado John Mudd, especialista en la ley Promesa, el estatuto federal menoscaba los poderes de las ramas de gobierno.

“Promesa, para poder hacer lo que está haciendo, tiene que invalidar la Constitución (de Puerto Rico). Nadie lo quiere admitir, pero es la realidad. Invalida la Constitución, invalida prácticamente todo y le permite a la junta pedir la invalidación de todo aquello que ellos entiendan que sea contrario al plan fiscal o contrario a Promesa, que es lo que pasó aquí”, indicó.

Mientras que el abogado Rolando Emmanuelli, perito en la ley Promesa, manifestó que hay un punto importante en la sentencia, que reconoce que la Legislatura tiene la última palabra sobre la legislación habilitadora del plan de ajuste. “Esto pone un mayor peso en los hombros de la Legislatura para que haga lo correcto: no aprobar el Proyecto de la Cámara 1003 (para la nueva emisión de bonos) o enmendarlo sustancialmente para que el proyecto impida el pago de deuda ilegal”, subrayó.

Emmanuelli criticó que el gobernador Pierluisi admitiera —cuando la junta demandó— que la ley estaba en contra del plan fiscal y la ley Promesa. Afirmó que por su parte la Legislatura presentó una defensa “aguada” y “cobarde” de la ley pues no planteó que la ley Promesa es inconstitucional.

“Aquí estamos viviendo un régimen dictatorial y los líderes no se atrevieron a plantearlo”, puntualizó Emmanuelli, y coincidió en que se menoscaban los poderes de las ramas de gobierno.

No ve ‘issue’ constitucional

Sin embargo, el abogado constitucionalista Carlos Ramos considera que la decisión de la jueza Swain no presenta un ‘issue’ constitucional. “Esta es una decisión interpretando Promesa otra vez. Es interpretando Promesa. ¿Dónde queda Puerto Rico? Queda donde lo dejó Promesa. En Puerto Rico existe desde la ley Promesa un súper gobierno que es el gobierno que establece la junta; es decir, el Congreso de Estados Unidos”, subrayó.

Por su parte, el exgobernador Alejandro García Padilla sostuvo que todos los planes fiscales que se han aprobado desde el 2017 en adelante —bajo las administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP)— disponen recortes a las pensiones. Señaló, además, que el gobierno cometió el error de pactar primero con los bonistas de su fondo más fuerte, que es el de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), lo que ha provocado que los demás acreedores exijan el mismo pacto.

“El plan fiscal que aprobó el gobierno de Puerto Rico bajo el PNP incluía recortes a las pensiones. Luego ha habido otros planes fiscales —algunos que el gobierno aprueba y otros que no—, pero todos incluyen recortes a las pensiones. Entonces, la jueza lo que está diciendo al gobierno de Puerto Rico es que no pueden aprobar leyes que van en contra de los planes fiscales aprobados”, puntualizó García Padilla.

El director de Construyamos Otro Acuerdo, Julio López Varona, dijo que la decisión es decepcionante. Sin embargo, señaló que no le sorprende, pues “desafortunadamente la jueza Swain, desde los inicios de los procesos de bancarrota, ha servido como un sello de goma de la junta”.