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 A la vista asistieron la presidenta de la comisión Rosamar Trujillo, Ana Irma Rivera Lassen, María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe y Ramon Burgos Bermúdez en representación del Departamento de la Familia. En el centro Rosamar Trujillo. 

Varios testimonios ante la Comisión senatorial de Bienestar Social denunciaron el alegado incumplimiento de muchas de las leyes que inciden sobre la población de diversidad funcional por parte de la mayoría de las agencias de gobierno y urgieron a la Legislatura que tome acciones para velar porque se cumpla con, por ejemplo, que haya intérpretes de lenguaje de señas para las personas sordas y que se no se les estigmatice por su condición.

Los planteamientos surgieron poco después de que el subsecretario del Departamento de la Familia, Ramón Burgos Bermúdez, reconociera en una vista pública que hubo fallas en el manejo del caso de Janet Viera Grau, una madre sorda que se suicidó en enero luego de que esa agencia le removiera la custodia de sus dos hijos sin que en el proceso hubiese un intérprete de lenguaje de señas. Incluso, Burgos Bermúdez indicó que en la agencia no hay un protocolo formal para recibir referidos que involucran a personas sordas, pero adelantó que trabajan con ello.

En el caso de Viera Grau, el presidente de la Coalición Amplia de Diversidad Funcional, David Figueroa Betancourt, dejó entrever que Familia incumplió con la Ley 136 de 1996 que ordena que todas las agencias provean un intérprete para que asista a las personas sordas y con la Ley 246 de 2011 de seguridad y protección con los menores de edad.

“Luego de esta triste introducción, tenemos que mencionar que en Puerto Rico existen alrededor de 238 leyes que se supone protegen la población de diversidad funcional. De estas leyes, al menos siete son específicamente dirigidas a la comunidad sorda, en particular la Ley 136 de 1996, que ordena que todas las agencias gubernamentales proveerán un intérprete para que asista a las personas con impedimentos auditivos que le impiden comunicarse”, expresó el activista.

Figueroa Betancourt, sin embargo, que el problema con el incumplimiento de estas leyes a favor de las personas con diversidad funcional es mayor al que quedó evidenciado con el caso de Viera Grau. “Reiteramos que se deben dirigir los esfuerzos hacia el cumplimiento de la amplia legislación estatal y federal que protege a toda la población de diversidad funcional”, sostuvo.

Indicó que se trata de un vacío generalizado en agencias como la Administración de Rehabilitación Vocacional, la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Departamento de Educación (DE), el Departamento de Salud y la Defensoría de las Personas con Impedimentos. De hecho, Figueroa Betancourt no precisó cuántas querellas han sido radicadas contra esas agencias por incumplimiento de leyes, pero si estableció que hay cierta frecuencia de incumplimiento en las antes mencionadas.

“La costumbre por muchos años ha sido archivar las querellas y hacerse los desentendidos porque les falta voluntad y se han convertido en otra barrera que tenemos que vencer. Es inaceptable que en pleno Siglo 21, se sigan violentando todos los derechos de las personas con diversidad funcional en Puerto Rico. Máxime cuando la defensoría recibe fondos federales y estatales para atender estos asuntos”, manifestó el también profesor de trabajo social.

Edwin Cintrón, representante del Comité Timón de Personas con Impedimentos, explicó que se estima que en Puerto Rico hay alrededor de 700,000 personas con diversidad funcional.

“Empezando por la Ley federal para Personas con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) y la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos (Ley 238 de 2004) siguen en incumplimiento de parte de los gobiernos”, señaló.

Cintrón expresó que “ahora mismo no tenemos calidad de vida, salud, ni seguridad con dignidad”. “Ahora mismo en nuestras áreas residenciales no podemos vivir tranquilos y tener nuestros espacios para salir a la calle y disfrutar de nuestras áreas verdes porque no hay aceras y hay transportación pesada en los residenciales. Ellos incumplen con las leyes”, aseveró.

Coincidió con que hay demasiadas leyes aprobadas, y que es vital que la Legislatura insista en que se cumplan con las mismas.

De otro lado, el jefe interino de la Defensoría de Personas con Impedimentos, Gabriel Corchado Méndez, avaló que se investigue el estado de distintas leyes que protegen a la comunidad sorda.

“El desconocimiento de la forma de comunicación con los sordos de parte de las personas de las agencias y municipios puede tener como resultado el que peligre el ofrecimiento de servicio ciudadano ya que, al no hacerse entender, no puede cooperar con el funcionario de que se trate para satisfacer su necesidad”, expresó.

Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.