Edwin García Feliciano, Ombudsman

García Feliciano fue alcalde de Camuy por 18 años.

A pesar de los muchos planes que tiene en agenda Edwin García Feliciano como nuevo procurador del Ciudadano (Ombudsman), por los próximos 10 años, la realidad es que la oficina que recién dirige enfrenta grandes retos presupuestarios y cuenta con poco personal para poder afianzar una cultura de servicio público en el País.

En entrevista con EL VOCERO, García Feliciano, quien hasta febrero fungió como alcalde de Camuy —por 18 años— por el Partido Nuevo Progresista (PNP), también le salió al paso a las críticas que han hecho distintos sectores sobre la posición que ocupa, al tildar su designación como una partidista y alegar que tiene una limitada capacidad para fiscalizar cabalmente al gobierno de turno.

“Ahora mismo la Legislatura y el Ejecutivo me dan una facultad, pero no tenemos presupuesto para emplear a cuatro procuradores que por ley se supone le brinden servicios a la ciudadanía bajo el Ombudsman”, indicó.

Explicó esto se debe al poco presupuesto que maneja su oficina actualmente, de unos $3 millones. Desde 2001 a 2012 el presupuesto de la oficina fue de $5.8 millones. García Feliciano le ha solicitado a la Junta de Control Fiscal un presupuesto de $3,976,000.

Las vacantes que mencionó el ombudsman son las del procurador de pequeños y medianos negocios, el procurador de transportación publica, el procurador de manejo de datos sensitivos de los ciudadanos en agencias gubernamentales y el procurador de los confinados.

“La Junta de Control Fiscal, para este próximo año, presupuestó solamente $3,133,000 para nuestra agencia, pero se le solicitó $843,000 adicionales para poder cumplir con lo mínimo en nuestra oficina”, puntualizó el procurador.

García Feliciano señaló que hasta el momento cuenta con tan solo 62 empleados, mientras que en 2012 la oficina contaba con 106 funcionarios. Agregó que solo cuenta con tres oficinas regionales: Hormigueros, Humacao y Caguas.

“Necesitamos herramientas para poder fiscalizar al Ejecutivo y que se reabra por lo menos una oficina regional más. Las oficinas que estaban en Carolina, Fajardo y Arecibo las cerraron. Esto implica que nuestros investigadores tienen que movilizarse a lugares más distantes para poder brindarle la ayuda al ciudadano”, explicó.

De otra parte, el procurador explicó que evalúa propuestas para ampliar la capacidad que tiene su dependencia para emitir multas a las agencias que no cumplan con los requerimientos y ser más proactivos, tal como ocurre en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

El funcionario dijo que no puede hacer requerimientos a la Oficina de la Gobernadora, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a los registradores de la propiedad en términos de calificación ni a la Universidad de Puerto Rico (UPR) referente a tareas docentes.

Niega partidismo

Por otra parte, el ombudsman opinó sobre el voto en contra que obtuvo durante su confirmación en el Senado por parte del senador independentista Juan Dalmau, quien manifestó que esa posición debía ser ocupada por una figura neutral para fiscalizar las agencias.

“Bajo esa misma premisa pudiera yo opinar que si Juan Dalmau llega a la gobernación, no podría estar allí porque atendería solamente a los independentistas. Durante mi tiempo como alcalde de Camuy atendí a todo el mundo por igual y ahora vengo a hacer eso mismo.”, sostuvo.

Agregó que solicitó una reunión con el secretario del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández, ya que en el ombudsman se han recibido muchos reclamos ciudadanos en los que claramente el DE no ha sido responsivo o proactivo.

Entre las agencias que más reclamos tienen en su oficina están la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con 3,737, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con 3,031 y el Departamento de Hacienda con 715.

No obstante, García Feliciano informó que estas agencias son proactivas con dichos reclamos. Sobre el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, dijo que no recibe tantos reclamos.

La Oficina del Procurador del Ciudadano fue creada en el 1977 para atender los reclamos de ciudadanos sobre los servicios que reciben de agencias a nivel estatal. La dependencia promueve que se corrija una determinación administrativa que afecte de manera adversa e injusta a un ciudadano y recomienda también soluciones administrativas.

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