Senado

El Senado durante una sesión en el hemiciclo, en el Capitolio.

En medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus (Covid-19), el Senado envió a La Fortaleza una medida que dispone las penalidades para quienes violen órdenes ejecutivas en medio de una emergencia nacional o un desastre.

El Proyecto de la Cámara 1052 establece que toda persona que viole una orden ejecutiva será sancionada con una pena de reclusión o que no excederá de seis meses o multa que no excederá de $5 mil, o ambas penas a discreción del tribunal.

“A pesar de las medidas promulgadas para preservar la salud, la vida y la seguridad de todos los puertorriqueños, mediante las órdenes ejecutivas emitidas para contener la propagación exponencial del Covid-19, algunos ciudadanos no acataron las directrices, poniendo en peligro su vida y la de los demás ciudadanos de manera negligente e irresponsable”, reza la medida.

El proyecto también dispone sanciones a quienes den un aviso inminente o una falsa alarma “a sabiendas que la información es falsa” o “difunda, transmita, traspase o circule” una falsa alarma por cualquier medio de comunicación, incluidos los de comunicación telemática, red social o cualquier otro medio.

Esto responde a la posibilidad de que estos avisos falsos pongan en riesgo “inminente” a la vida, la salud, la integridad corporal o la seguridad de varias personas. También, que ponga en peligro la propiedad pública o privada.

En el caso de que el aviso o falsa alarma resulte en daños al erario, a terceros, a la propiedad pública o privada excediendo así los $10 mil o cuando la conducta resulte en lesiones o daños físicos a una persona, se incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un término fijo de tres años.

También incurrirán en violaciones quienes no acaten órdenes de desalojo, obstruyan medidas preventivas ordenadas por el gobernador o las labores de desalojo, búsqueda, reconstrucción o evaluación e investigación de daños de agencias federales, estatales o municipales.

La medida —aprobada en Cámara y Senado— requiere la firma de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para convertirse en ley.