A través de la iniciativa Paz y Desarrollo, la organización feminista Taller Salud, lleva más de una década trabajando en Loíza con las comunidades para erradicar la pobreza, la desigualdad y el racismo estructural, implementando un modelo de mediación de conflictos comunitarios para reducir las muertes violentas en este municipio.
Los interventores del programa informaron que con la iniciativa redujeron en 60% el promedio de muertes violentas entre 2012 y 2022, mientras que en 2018 la baja superó el 80%.
Ahora se han dado a la tarea de consultar a las comunidades sobre qué significa para ellos la seguridad pública, tomando como punto de partida las tres décadas de la implantación de la iniciativa Mano dura contra el crimen, como política pública.
En el Estudio Comunitario de Seguridad Pública en Loíza, realizado entre junio y julio del 2022, preguntaron a 473 personas de 42 comunidades, en entrevistas de puerta en puerta, lo que definían como seguridad pública. Los participantes eran mayores de edad, en su mayoría personas negras y/o afrodescendientes, y residentes de los barrios de Medianía Alta, Medianía Baja, Piñones y el pueblo.
El análisis se complementó con cinco sesiones grupales, diseñadas para que las personas de las comunidades más afectadas contaran sus experiencias y necesidades. Participaron en las sesiones 28 mujeres y 6 hombres, todos mayores de 18 años.
El análisis reflejó que los encuestados entienden que las acciones de seguridad pública en Puerto Rico están orientadas al uso de la fuerza, la criminalización de la pobreza, la negritud y la exclusión social.
La violencia estructural
De acuerdo con el estudio de Taller Salud, la violencia estructural provocada por la pobreza y la desigualdad social criminaliza ciertos grupos sociales y afecta su supervivencia, implicando que los actos de violencia comunitaria están interconectados y se manifiestan cuando las necesidades básicas de la población no están cubiertas.
“La distribución desigual de recursos económicos y el incumplimiento constante de los derechos humanos son determinantes significativos de la violencia comunitaria. La municipalidad de Loíza se encuentra en un contexto de riesgo frente a la violencia comunitaria por la situación socioeconómica y la vulnerabilización social que enfrentan sus residentes”, recalca la organización en el informe.
Según la Ley del Departamento de Seguridad Pública (Ley Núm. 20-2017), la seguridad pública es “un derecho que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes, ciudadanos y residentes para poder gozar del libre ejercicio de sus derechos de forma segura”.
No obstante, las comunidades afectadas por la violencia estructural y comunitaria definen la seguridad pública como “un estado de tranquilidad, donde las necesidades básicas están cubiertas, y los conflictos se resuelven por medio de la mediación y la reparación del daño. La misma está liderada por las propias comunidades”.
Zinnia Alejandro, directora de Paz y Desarrollo, hizo claro en el análisis que “nosotras no nos oponemos a que la Policía haga su trabajo; al contrario, lo que exigimos es que este trabajo se haga con respecto y dignidad hacia la ciudadanía. El ser negro y vivir en nuestras comunidades no es razón para sufrir de atropellos y violencias”.
Datos destacables
Hombres y mujeres participaron del estudio de forma casi equitativa. El grupo de edad con mayor participación fue el de 26 a 33 años (22%) seguido por el de 18 a 25 años (21%). El de menor participación fue el grupo de 63 años o más, con 10%. De todos los encuestados, el 80% se identificó como negro y/o afrodescendiente.
De los encuestados, el 55% no confía su seguridad ni la de su familia a la Policía, mientras que el 47% calificó los servicios de la Uniformada como “regulares” y 20% como “pésimos”.
El 42% entiende que la Policía abusa de su poder. Con estos datos presentes, a través de las sesiones de escucha se registró que los encuestados definen la seguridad a base de las redes de apoyo de la comunidad, la espiritualidad y el sentido de pertenencia.
El 66% de los participantes prefirió no llamar a la Policía en caso de emergencia o peligro, y buscó apoyo en la propia comunidad. El 23% entiende que la Policía no podría hacer nada y el 21% no llamó porque tuvo malas experiencias, incluyendo incidentes con policías, en el 17% de los casos. La desconfianza fue mayor entre los jóvenes de entre 18 y 25 años.
En cuanto al abuso de poder por parte de la Policía, el 43% de los encuestados dijo haberlo vivido al ser detenidos o cuestionados. La mayoría de los detenidos fueron hombres negros y/o afrodescendientes (57%) de entre 18 y 33 años de edad. Las razones para las detenciones fueron la apariencia de su vehículo (48%), transitar por una comunidad “caliente” (18%) o porque los guardias sospechaban que estaban haciendo algo ilegal (8%). El 51% reportó haber recibido abusos verbales, maltrato físico —empujones, halones y golpes— o trato hostil.
Exigen acción inmediata
Como parte de las soluciones para solventar la brecha de confianza entre las autoridades y las personas, el estudio propone enmendar la ley y reasignar los fondos a las agencias que garanticen la vida digna y promuevan el apoderamiento de las comunidades.
También, reclaman que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas sobre las querellas de abuso policial, educar al público y establecer protocolos para sensibilizar a la Policía, protocolos de manejo de emociones y acceso a evaluaciones y servicios de salud psicológica. Abogan por un sistema de justicia restaurativa, enfocando los recursos en la mediación de conflictos.
También piden que se implemente la Resolución 0011 de la Cámara de Representantes, que ordena a la Comisión de lo Jurídico del cuerpo legislativo, “realizar una exhaustiva investigación para auscultar la posibilidad y viabilidad de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico el concepto de ‘justicia restaurativa’ como un método alternativo de resolución de conflictos en la esfera penal”.
Además, reclaman que se reconozca que hay racismo entre las fuerzas de seguridad, agregando la categoría racial en la recopilación de datos sobre muertes violentas, en los informes de uso de fuerza de la Policía y en las estadísticas del Departamento de Seguridad Pública.
