Carmen Yulín

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

El municipio de San Juan y su alcaldesa Carmen Yulín Cruz radicaron en el Tribunal Supremo una solicitud de “quo warranto” para despojar a Pedro Pierluisi del cargo de gobernador por considerar que usurpa y ejerce ilegalmente las funciones de ese puesto.

El “quo warranto” es un recurso extraordinario que busca una orden judicial para que un funcionario público cese de actuar de una manera específica que va más allá de sus facultades autorizadas.

El recurso presentado por los abogados Frank Torres Viada y Alexandra Rivera, expone que al asumir el cargo de gobernador sin haber sido objeto del consejo y consentimiento del Senado, Pierluisi ejerce el cargo “en patente desafío a los cimientos de nuestro diseño constitucional, que prescriben una forma republicana de gobierno como mecanismo de pesos y contrapesos para contener la indebida concentración de poder en una sola de las ramas de gobierno”.

Afirma que el agravio constitucional trasciende el mero ámbito teórico y se proyecta con “perversidad” sobre el bienestar de los puertorriqueños.

“El acoger favorablemente el presente recurso en jurisdicción original y entender sobre sus méritos, no debe ser solo una consideración cimentada en el alto interés público que el mismo reviste, sino que debe asumirse como un imperativo urgente e impostergable de la función judicial que le ha sido confiada a este alto cuerpo, en correspondencia con las exigencias de la historia que hoy se desborda ante su conciencia”, reza la moción.

Expone que el municipio de San Juan tiene un interés específico, real, concreto y no abstracto en que la controversia constitucional en torno a la legitimidad de la ocupación del cargo de gobernador promovido por Pierluisi sea atendida y resuelta por el Tribunal Supremo.

Denuncia efectos en el ayuntamiento

Plantea que Pierluisi usurpa el cargo y tomará decisiones administrativas y gerenciales que incidirán de forma directa y concreta sobre el ayuntamiento.

“Lo que a su vez incide y tiene el efecto directo sobre la función de promover el bienestar de la comunidad y la seguridad de las personas, fomentando el civismo y la solidaridad de las comunidades, delegada al municipio por su ley orgánica”, señala el recurso legal.

Argumenta que en sus alocuciones públicas durante la vista de confirmación en la Cámara de Representantes y en su primera conferencia de prensa como gobernador juramentado Pierluisi expresó su intención de acatar el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal.

“Dicha política de sumisión a la junta y a la aceptación de su plan fiscal, contraria a la posibilidad de cuestionar sus excesos ante los foros judiciales competentes o implementar medidas paliativas alternas, implica una grave reducción de fondos para el municipio compareciente y todos los ayuntamientos del País. Y ello se traduce necesariamente en un impedimento sustancial para que el municipio pueda prestar de forma adecuada aquellos servicios esenciales a sus constituyentes”, indica.

“Nótese, pues, que en la medida en que los posicionamientos del promovido Pierluisi constituyen una política pública específicamente perjudicial al municipio peticionario —adoptada por un gobernador que se encuentra en un estado de usurpación de su cargo público— es claro que el municipio tiene legitimación activa para impugnar la legalidad y legitimidad constitucional del cargo en cuestión”, agrega el recurso legal.

Afirma que en su capacidad de entidad gubernamental, sujeta a la Constitución de Puerto Rico, debe reconocérsele a un municipio la capacidad o legitimación para poder litigar agravios constitucionales de naturaleza estructural como este.

Incluida Wanda Vázquez

El recurso legal incluye como codemandada a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, “por su inacción en instar los recursos legales necesarios para vindicar la usurpación del cargo de gobernador que en estos momentos sucede, por regla de necesidad y como condición principalísima para viabilizar la restitución del orden constitucional infringido, debe permitirse la tramitación del recurso de “quo warranto” en acción directa por el relator-peticionario y en la presencia de la secretaria de Justicia como parte indispensable. Lo contrario, constituiría un grave fracaso de la justicia que eludiría la función del último y definitivo intérprete de la Constitución que le ha sido confiada a este alto foro”, plantea el escrito.

Mantiene que el Tribunal Supremo ostenta jurisdicción y competencia para entender sobre este recurso legal. Además, plantea que el recurso de “quo warranto” es el remedio adecuado en ley para vindicar el agravio constitucional levantado ante el Tribunal Supremo.

Señala que la nominación de Pierluisi fue considerada y aprobada por la Cámara de Representantes, pero no así por el Senado. Indica que la enmienda a la Ley 7 de 24 de julio de 2005 es contraria al ordenamiento constitucional y a la intención de la Asamblea Legislativa.

Al cierre de esta edición el Tribunal Supremo no se había expresado sobre si atenderá el asunto o no.

(1) Comentarios

Peinao Gato

Esta alcaldesa porque no se preocupa por su municipio que lo tiene abandonado. Se podrían imaginar a Yulin como gobernadora de PR. Si tiene a San Juan en estas condiciones que es muchísimo menos complicado que el complejo aparato gubernamental del gobierno de PR. Que Dios nos coja confesados si sucediera una cosa así.,😱😱😱

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