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La transparencia fiscal en la mayoría de los municipios de Puerto Rico es cero, lo cual plantea dificultades para que los ciudadanos accedan a información con la que puedan evaluar la gestión de los alcaldes. Así está consignado en la nueva edición del Índice de Transparencia Municipal (ITM), como parte del más reciente estudio del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, al cual EL VOCERO tuvo acceso en exclusiva.

El índice realizado por la entidad no gubernamental, se trabajó con una muestra de 30 municipios y en la evaluación general de transparencia —que incluye la fiscal y otros criterios— solo Caguas alcanza a destacarse. El índice previo se publicó en 2016.

En el renglón de transparencia fiscal, Caguas se volvió a posicionar con una puntuación de 16%, el mismo número obtenido en el estudio previo y que, según explican, aunque parecería un número bajo se considera la puntuación perfecta en este indicador. Mientras que Guaynabo obtuvo 2% en transparencia fiscal y el resto de los 30 ayuntamientos evaluados quedó en cero.

“Encontramos que el estudio revela que no hay voluntad política para adelantar un verdadero esfuerzo dirigido a adoptar la transparencia como principio rector de la buena gobernanza pública”, destacó Eneida Torres, directora ejecutiva del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, en entrevista con EL VOCERO.

Explicó que Caguas es el municipio con mayor puntuación en el índice general, con 79.3%. Los ayuntamientos que le quedan más cercanos en esta categoría son Bayamón y San Juan, pero el nivel de transparencia general apenas llega a 21.7% y 13%, respectivamente.

Leyes incumplidas

Torres, junto a Rafael Durand y Saúl Pratts, quienes forman parte del equipo que lideró el estudio, explicaron que la legislación vigente para propiciar mejoría en la transparencia gubernamental no siempre se sigue o no es suficientemente firme.

Entre los hallazgos en esta segunda investigación, encontraron que el Código Municipal, Ley Núm. 107 de 2020, no reguló la “obligatoriedad de la transparencia”.

El código es una compilación de leyes organizadas en capítulos que actualiza disposiciones importantes relacionadas con las facultades del alcalde; organización, procesos y gerencia municipal; servicios esenciales, gestión comunitaria, desarrollo económico, planificación y ordenamiento territorial y hacienda municipal.

También encontraron que la Ley 141 de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y la Ley 122 de Datos Abiertos aprobadas en agosto de 2019 —para regular el acceso a documentos públicos y datos abiertos— no cumplen con los estándares internacionales y son ambiguas y contradictorias en cuanto a su aplicación, muy especialmente a las municipalidades.

Vital el acceso a los datos

Durand y Pratts explicaron que la investigación tiene el propósito de evaluar la información disponible en los portales electrónicos de las municipalidades en Puerto Rico y mostrar cuánto acceso inmediato tienen los ciudadanos a los datos.

La transparencia gubernamental exige la ciudadanía tenga información suficiente, confiable, oportuna, constante, accesible y reutilizable, sobre los asuntos públicos sin necesidad de requerimiento o previa solicitud.

“Lo único que hace la falta de transparencia, es crear espacios opacos en la organización municipal y permite que en esos espacios se haga y genere corrupción”, declaró Durand.

De cara a las elecciones generales el 3 de noviembre, Pratts destacó que “la transparencia trae consigo muchos beneficios y se está adoptando como instrumento anticorrupción”, por lo cual el índice puede ser una herramienta eficaz para evaluar una parte de la gestión administrativa.

Los investigadores recalcaron que el estudio lleva consigo la “oportunidad de identificar a los responsables de la gestión pública y permite que los afectados por las acciones gubernamentales conozcan no solo los resultados de la gestión, sino también las políticas públicas adoptadas, los mecanismos, los procesos y los insumos utilizados en la gestión”.

Los resultados

Los resultados de esta investigación se hacen disponibles hoy en el marco del Día Internacional de Acceso a la Información, establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

Torres reiteró que el estudio comparte información de alta relevancia, sobre todo porque “los municipios se han posicionado en la última década como el ente más cercano al ciudadano” en la prestación de servicios y en la respuesta ante situaciones de emergencia.

“Hubo un avance enorme en Caguas. Nos sorprendió mucho la apertura del municipio para nosotros desarrollar el estudio. Luego de la investigación, nosotros desarrollamos la segunda fase, que es parte de las recomendaciones que sometemos para que los municipios mejoren sus plataformas”, explicó Torres.

En 2016 Caguas obtuvo también la posición más alta en el índice general, pero con apenas un 27.8%. En comparación con el estudio pasado, San Juan bajó de 17.8% a un 13%.

Al analizar los resultados, algunos municipios bajaron de posición en el índice general de transparencia. Tal es el caso de Bayamón, Rincón y Guaynabo, con 27.8%, 14.4% y 20.7%, respectivamente. En 2019-2020, sus números fueron 21.7%, 12% y 7.6%.

Del mismo modo, empeoraron en su calificación Carolina, cuyo porcentaje en 2016 fue 11.1% y ahora es 7.6%; Toa Baja antes fue 14.4% y ahora 5.4% y Ponce tuvo 14.4% anteriormente y ahora está en 4.3%.

Asimismo, Arecibo antes registró 6.7% y ahora está en el 0%. Patillas, cuya calificación en los pasados años fue de 10%, ahora también está en 0%. Aguadilla bajó de 20.7% en 2016 a 5.4% en la más reciente evaluación.

Jayuya, Patillas, Culebra, Vieques y Mayagüez, Las Marías, Ceiba, Río Grande y Guánica son algunos de los restantes municipios en el nuevo estudio cuya clasificación en el índice general de transparencia también está en 0%.

Aun así hay ayuntamientos que mostraron mejoría, aunque siguen rezagados en cuanto al índice de transparencia. Tal es el caso de Vega Baja y Trujillo Alto: en 2016 ambos obtuvieron 2.2% y ahora están en 12% y 8.7%, respectivamente.

Hormigueros también subió su porcentaje de 5.5% a 6.5% y Arroyo pasó de 0% a 5.4%.

Reacios a cooperar

Según Torres, algunos municipios se mostraron reacios a brindar la información solicitada para el estudio en la primera edición. Incluso refirieron la solicitud a los auditores y a otras ramas municipales y no consiguieron respuesta.

Entre los criterios que se utilizan para clasificar la transparencia municipal, se considera que los ayuntamientos tengan un portal digital accesible, con una sección específica en materia de transparencia y enlazado a la web principal del municipio.

También apuntaron a que el sitio web debe permitir ver en un solo lugar la estructura de los contenidos, y que cuente con un área para consultas, sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos.

Otro asunto que se indaga es qué tipo de transparencia utilizan los municipios, la activa o la pasiva.

“La transparencia activa es en la que el municipio debe estar obligado a poner a disposición de los ciudadanos información de carácter público. Cuando es la pasiva, es cuando son los propios ciudadanos los que por iniciativa propia solicitan esta información”, explicó Torres, y dijo que en la actual edición se trabajó con la transparencia activa.

Periodista y asistente en Mesa de Información.