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"Llevamos años haciendo esos señalamientos, entiendo que no nos hacen caso, es frustrante", Yesmín Valdivieso Contralora de Puerto Rico. 

Año tras año, una y otra vez, las agencias, municipios y corporaciones públicas cometen las mismas fallas de sana administración. A veces de forma intencional y en otras por incompetencia. En muchos casos ni siquiera se puede dar con los responsables de las faltas y la Oficina del Contralor no puede regañar a nadie. 

Esta situación, para la titular de la agencia Yesmín Valdivieso es una frustrante y evidencia que a pesar de las auditorías, de la publicidad que estas reciben en los medios de comunicación y de los problemas de servidores públicos con las agencias de ley y orden, no le hacen caso.

“Quisiera ver en algún momento que los contratos se hacen bien, que las enmiendas ya no se hacen de forma retroactiva, ver que se piden todas las cotizaciones. No quiero ver ningún otro hallazgo de que se le da un trabajo a un ingeniero sin tener licencia. Llevamos años haciendo esos señalamientos, entiendo que no nos hacen caso, es frustrante”, expresó Valdivieso en entrevista con EL VOCERO.

En septiembre pasado, Valdivieso hizo un llamado similar a los municipios, al gobierno central y a las diversas instrumentalidades gubernamentales, a seguir sus recomendaciones para evitar problemas administrativos. Pero su pedido cayó en oídos sordos. 

Abundan las mentiras

En cuanto a los municipios, expuso que en la inmensa mayoría se detectan fallas con las cotizaciones, sea porque no se solicitaron o porque son falsas. Consideró que los alcaldes deben de responsabilizar a los directores de las divisiones de compras cuando ocurran estas situaciones.

Opinó que estos directores deben de cotejar que los compradores cumplan con las reglamentaciones. “Ellos tienen que llamar y confirmar porque las cotizaciones son responsabilidad de ellos. Y entonces no encontramos quién las falsificó, pero tampoco podemos regañar a nadie. Va a pasar lo mismo en la próxima auditoría y vamos a encontrar lo mismo. Yo tendría una solución: le daría un regaño al de compras, la segunda vez que pase lo pongo por escrito (en su expediente) y la tercera vez le digo ‘tú no me sirves’. Las compras y la contratación son las más frecuentes”, afirmó.

“Y todo el mundo se queda callado, nadie dice nada, nadie se quiere meter en líos. Cuando vemos cotizaciones falsas y les preguntamos (a los propietarios de negocios) si ellos enviaron las cotizaciones, nos dicen que no, que ni tan siquiera es el membrete del negocio, que no es el papel que usan y entonces, ¿quién lo hizo? Nos dicen ‘ay, no sé’. Entonces nadie sabe nada. Hay que hacer a alguien responsable. Yo jefe de compras o comprador hubiera cogido el teléfono y hubiera confirmado y hacer lo que se tiene que hacer, que el municipio las haga y no permitir que otros la hagan. Lo cierto es que como no podemos encontrar a un culpable tampoco le está pasando nada al que dejó de hacer su trabajo”, agregó.

Ingenieros sin licencia

Otra falla frecuente es la contratación de ingenieros sin las licencias requeridas o que no estén constituidos en una corporación u organización profesional.

Mencionó el caso del exsenador Roger Iglesias, quien como presidente de Engineering Communications Group, Inc., obtuvo dos contratos con municipios a pesar de que no tenía la licencia para ejercer la ingeniería. Sin embargo, el Departamento de Justicia , para 2012, determinó no tomar acción contra el exlegislador del Partido Nuevo Progresista.

“No se han dado cuenta qué fácil sería decir (a los jefes de agencia y a los alcaldes) ‘no te puedo contratar. Lo siento porque no tienes licencia. A menos que no estés en una corporación profesional no te voy a poder dar ese trabajo’, qué fácil sería”, acotó.

Justicia quiere ayudar

De otro lado, reveló que recientemente sostuvo una reunión con la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien le indicó su interés de “ayudar más”. 

“Estábamos hablando para ver cómo un fiscal se puede insertar en las investigaciones que nosotros hacemos, pero temprano en el proceso. Que no sea que hiciéramos la investigación solos y se la enviáramos a ellos y entonces ellos tengan que investigar de nuevo. Está viendo si asigna a unos fiscales en específico para que trabajen con nosotros más o menos de la misma manera que trabajamos con los federales”, apuntó. 

Mortal la falta de recursos 

Por otra parte, destacó la disminución de personal en su oficina, lo que se ha traducido en un descenso en el número de auditorías. Ha perdido 45 empleados, mayormente de alto nivel. 

“Estábamos discutiendo que antes de que empezaran a renunciar y a que se retiraran, el promedio de auditorías por año que hacíamos era de 114 y 115. Por lo menos ahora mismo tenemos 82 auditorías, pero estamos entristecidos con eso porque se va a notar”, acotó.

Es por esto que están tratando de efectuar auditorías más cortas para ver si pueden aumentar el número. 

“He tenido que seguir moviendo gente (para sustituir a los que han salido). Estamos tratando de hacer el mismo trabajo con menos cantidad de gente y sin reclutar, pero en algún sitio fallo. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, es diciendo a todos que hay que hacer la auditoría a mitad del tiempo para poder cumplir con las auditorías que tenemos”, manifestó.

Por otra parte, consideró que en ocasiones la disminución de personal en el gobierno, afecta los trabajos en la recaudación de dinero. Mencionó que un ejemplo de este es el caso en los Centros de Servicios al Conductor (Cesco) en Arecibo.

La pasada semana la oficina detectó deficiencias en el recibo y manejo de los boletos de multas administrativas expedidas por agentes del orden público. Los auditores encontraron 55,650 boletos de los años 2006 a 2011 por valor total de más de $3 millones que no se enviaron a digitalizar a la Directoría de Servicios al Conductor.

“Esos boletos nunca se procesaron. Estoy segura que la ciudadanía estará muy contenta de que nunca se los cobraron, pero lo cierto es que un gobierno quebrado no debería darse el lujo de no procesar esa multa”, expresó.

Afirmó que la situación ocurrida en el Cesco de Arecibo se ha repetido durante años en otros centros similares, según le ha informado el subdirector de su oficina.

“En Puerto Rico hay 16 Cesco. Si proyectamos que en Arecibo se perdieron $3 millones, multiplícate eso por 16. Estamos hablando de $48 millones. Que puede ser que en los Cesco de San Juan y de Bayamón sean mayores, ¿tú sabes cuántos hoyos puedes tapar con $48 millones?”, manifestó.

“Entonces qué pasa, pienso, y esto es bien difícil ponerlo en una recomendación a la Junta de Supervisión Fiscal. La junta y los gobiernos, desde que estoy aquí, tienen la visión que es la misma del pueblo, de que tenemos un gobierno demasiado grande, de ‘vamos a achicar el gobierno’. Haciendo un cálculo tonto, si yo le pago $10 o $15 la hora a un empleado, por más lenta que sea la persona, mínimo tiene que entrar al sistema como cuatro multas. ¿No es más efectivo tener una persona a la que se le pague $10 y pueda procesar $100 en ingresos? Lo que nos falta es una visión más clara. A veces nos encajonamos de que tenemos que hacer al gobierno más chiquito”, añadió.