Gustavo Gelpí
El juez federal Gustavo Gelpí emitió una orden en la que establece que incluso podría imponer sanciones económicas.

El juez federal Gustavo Gelpí ordenó al secretario de Salud, Lorenzo González, que se reúna con la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia en Washington en relación al caso sobre personas con discapacidad intelectual.

La orden del togado surge luego de que durante las vistas de transición del gobierno, González indicó que había pedido una reunión con Gelpí en torno a este asunto. El titular de Salud dijo en las audiencias que lamentaba que el 7% del presupuesto asignado a este programa se vaya en el proceso de litigio.

En el 1999, el Departamento de Justicia federal demandó al gobierno de Puerto Rico por presuntas violaciones de derechos de los participantes del Programa de Personas con Discapacidad Intelectual. El monitor de este caso es Alfredo Castellanos.

“Antes de programar una audiencia sobre estos y otros asuntos, el secretario de Salud se reunirá (virtualmente) con Steven H. Rosenbaum, jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal o su designado, y con su equipo para abordar de buena fe cualquier inquietud que pueda tener sobre este decreto de consentimiento en curso. Luego, las partes presentarán una solicitud conjunta para una conferencia de estado identificando los asuntos que consideren que deben abordarse”, dijo el juez.

Indicó que en caso de que Justicia federal y González discutan los asuntos y el titular de Salud tenga dudas, le concedería una reunión.

Asimismo, Gelpí destacó que el gobierno de Puerto Rico y Justicia federal habían acordado que el monitor federal asumiera un papel más allá de la presentación de informes, y que incluyera su compromiso de diseñar esfuerzos programáticos y correctivos apropiados para lograr que el programa cumpla plenamente.

“A lo largo de este año, la posición del gobierno federal ha sido hacer cumplir el acuerdo de consentimiento aprobado por el tribunal y los acuerdos que celebró con el Commonwealth (ELA) durante muchos años, y que aún son totalmente vinculantes. El actual gobierno de Puerto Rico está obligado a cumplir con lo mismo. La corte y el monitor federal no son partes en el asunto, y su función es garantizar el cumplimiento de los asuntos contemplados y acordados por las partes”, agregó.

Afirmó que si el Estado Libre Asociado (ELA) desea eventualmente rescindir el acuerdo y la supervisión, la corte y el monitor no deberían ser el centro de sus argumentos y acciones. El juez manifestó que la única función de la corte es monitorear y hacer cumplir el acuerdo, así como designar a un monitor y hacer cumplir la intención de las partes de proteger los derechos constitucionales de los participantes.

“La terminación del acuerdo solo ocurrirá cuando exista un cumplimiento absoluto y total de los términos acordados, algo que claramente no es el caso presente. La corte siempre está abierta a escuchar a las partes, más aun cuando hay consenso sobre cualquier asunto. Esto siempre ha funcionado en el pasado y no hay ninguna razón por la que no deba funcionar en el futuro”, concluyó Gelpí.