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El Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios ha enfrentado oposición desde su concepción. >Suministrada

Una decisión reciente del Tribunal Supremo tiene el efecto de declarar nulo el Reglamento Conjunto de 2020 de la Junta de Planificación, el documento que se supone determine lo que se hará con los suelos de la Isla, cómo operarán los negocios y cómo se otorgarán los permisos de desarrollo.

Técnicamente queda vigente entonces el reglamento de 2019, un documento que está bajo revisión en el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.

El economista y planificador urbano Luis García Pelatti, exdirector de la Junta de Planificación, levantó bandera sobre esta situación. Relató que el Supremo no acogió la solicitud de intervenir presentada por la Junta de Planificación, lo que tiene el efecto de validar la decisión del Apelativo. La determinación había declarado nulo el reglamento al determinar que no se cumplió con la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, porque no se incluyó en el reglamento el resumen ejecutivo.

El caso fue radicado por el Comité Pro-Seguridad Arraq y Arespa, Inc., que representa a los residentes de las urbanizaciones Paraná, Villas de Paraná, El Señorial, El Remanso, Alturas del Remanso y Quintas de Cupey, en el Barrio Monacillos en San Juan.

El reglamento de 2019 fue declarado nulo en marzo de 2020 por el Tribunal Apelativo y ese caso está todavía ante la consideración del Supremo, que aún no lo ha atendido.

La junta, a través de su portavoz de prensa, informó que radicaría otro recurso en el Tribunal Supremo, pero hasta ayer el recurso no se había presentado.

En declaraciones escritas, la junta insistió en que el reglamento no está nulo porque quedaría pendiente la solicitud judicial que no ha sido radicada. Aseguraron que la determinación del Supremo no es “final y firme”.

“La junta se dispone a presentar una solicitud de reconsideración al Tribunal Supremo de Puerto Rico en los próximos días”, indicaron. “Al presente hay otros casos activos en los tribunales, por lo que no es correcto afirmar que hay una determinación definitiva de nulidad del reglamento. Mientras las controversias pendientes se dilucidan en los tribunales, el reglamento conjunto aprobado en diciembre de 2020 continúa vigente”, sostuvieron.

Afirmaron además, que la determinación “no afecta los permisos ya otorgados, ya que se presume la corrección y legalidad de las determinaciones finales y los permisos ya expedidos”.

En declaraciones a EL VOCERO, García Pelatti señaló que las decisiones judiciales toman nota de los esfuerzos ciudadanos que se hicieron para paralizar este reglamento, sin que el gobierno y la agencia atendieran el reclamo.

“A mí me da mucha tristeza porque yo presidí la agencia y uno tiene que ser institucional. La decisión del Tribunal Apelativo dice que los señalamientos de los ciudadanos están en el expediente y se sabe que los ciudadanos lo señalaron”, expresó. “Dice que el representante Víctor Parés le señaló a la junta que el reglamento tenía problemas. Pero —independientemente de eso— la junta lo aprobó y por eso es que hay casi un regaño del tribunal. El Tribunal Apelativo los regaña y les dice que por estas razones es nulo, te lo dijeron los ciudadanos y te lo dijo un legislador”, abundó.

El reglamento fue firmado por la exgobernadora Wanda Vázquez en diciembre de 2020 y entró en vigor el 30 de enero de 2021.

El arquitecto Pedro Cardona Roig recogió firmas en contra del reglamento y llegó hasta La Fortaleza para solicitar que se acogieran las preocupaciones sobre el documento.

Afirmó a EL VOCERO en declaraciones escritas que “esto debe ser un llamado al gobernador Pierluisi y el designado secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, a que reconsideren su postura en relación a la defensa de los reglamentos conjuntos de 2019 y 2020”.

“Estos reglamentos preparados bajo la incumbencia de Wanda Vázquez y Ricardo Rosselló han sido cuestionados por amplios sectores de la población, tanto profesionales, empresariales, sin fines de lucro, comunitarios y cívicos por sus graves deficiencias de contenido y procesales”, apuntó.

“No debe ser motivo de celebración la determinación del máximo foro, toda vez que representa el precario estado en el que se encuentra la dirección de la Junta de Planificación de Puerto Rico”, puntualizó.

Añadió que espera que tanto Pierluisi como Cidre acuerden retirar estos reglamentos.