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López Ortiz dijo que la organización que dirige había advertido la situación sobre la violencia de género desde el inicio de la pandemia. 

En medio de la emergencia suscitada por la acelerada propagación del Covid-19, se ha registrado un aumento en los casos de violencia de género, una situación que ya venían anticipando portavoces de organizaciones que defienden los derechos de la mujer y quienes han exigido al gobierno que se decrete un estado de emergencia para atender la problemática.

La presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico (Cptspr), Mabel López Ortiz, recordó ayer que dicha organización había advertido la situación desde el momento en que inició la pandemia de Covid-19. “Se convirtió en una realidad”, afirmó a EL VOCERO.

En esa línea la portavoz del Proyecto Matria, Enid Pérez, afirmó que se hicieron gestiones para documentarlo a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, pero dijo que se hizo caso omiso. Por ende, la entidad se unió a otros grupos para la creación de una línea de emergencia única que comenzó a operar en abril.

“El pasado 12 de noviembre teníamos alrededor de 1,593 llamadas de personas que habían llamado a la línea para solicitar ayuda, entiéndase coordinación de albergue de emergencia, planes de seguridad, órdenes de protección u otros servicios que se van manejando de acuerdo con cada caso. Esta línea de emergencia -donde participa Proyecto Matria, Hogar Ruth, Casa Julia, Hogar Nueva Mujer, Casa la Bondad y la Oficina de Asuntos de la Mujer en Caguas- está 24/7 y hemos visto el aumento de casos”, añadió Pérez.

Asimismo, mencionó que se ha visto un aumento en el mal manejo de las agencias gubernamentales cuando se denuncian violaciones a las órdenes de protección o solicitudes de órdenes de protección en los cuarteles. En ese aspecto, dijo que han tenido casos en los cuales la Policía dice que las denuncias no proceden o que no es una violación a la orden de protección, cuando tiene el deber ministerial de investigar, canalizar y seguir los protocolos.

“Ellos no deciden, decide un juez o una jueza, pero ellos están tomándose la facultad de tomar decisiones que no le competen o no le corresponden”, afirmó Pérez.

Mientras esto sucede, los casos de violencia de género y feminicidios en Puerto Rico continúan en alza. Por ejemplo, la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, Irma Lugo, mencionó que se ha identificado 53 casos de muertes violentas de mujeres este año. De ese total, según dijo, hay 15 feminicidios íntimos, 21 casos bajo investigación y seis asesinatos de personas trans.  

“Al principio de la pandemia del Covid-19 las organizaciones hicieron la denuncia de cómo las mujeres estaban en riesgo al estar encerradas con sus agresores, pero el gobierno no hizo caso. Las mujeres se vieron expuestas por las situaciones, tanto de la pérdida de empleo como estar encerradas con sus agresores y las responsabilidades aun mayores del cuido tanto de sus hijos como de sus ancianos mayores en muchos casos”, sostuvo Lugo.

Impacto a la comunidad Lgbttiq+

Por su parte la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, capítulo de Puerto Rico, Liza Gallardo, dijo que es bien importante recalcar que además de la situación que viven las mujeres con sus agresores, en el caso de las comunidades Lgbttiq+ hay una situación de violencia que muchas personas jóvenes viven desde sus hogares, con familias que no los aceptan, que los rechazan y que los maltratan. “Son personas que se ven con la posibilidad de terminar en la calle también buscando ayuda para sobrevivir a esa violencia intrafamiliar”, aseveró.

Asimismo, Frances Hernández, portavoz de la Coordinadora Paz para las Mujeres, manifestó que “el gobierno no hizo ninguna gestión para prevenir lo que ya sabíamos que iba a pasar” en cuanto al alza en los casos de violencia de género.

En medio de este panorama, cabe destacar que sigue vigente la orden ejecutiva 2020-078 de la gobernadora, mediante la cual declaró servicio de prioridad la lucha contra la violencia hacia las mujeres y se ordenó a las agencias priorizar los servicios de prevención, protección y seguridad. Este jueves se cumple un mes desde que se puso en vigor. Sin embargo, las organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres consideran que nada cambió y que esa directriz vino a destiempo.