Gallos

La industria de gallos en la Isla genera sobre 20,000 empleos directos e indirectos. >Archivo/EL VOCERO

El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó el certiorari (recurso que se presenta cuando no hay derecho a apelar) para revocar la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito que mantiene la prohibición de las peleas de gallos en Puerto Rico.

“Petición denegada”, reza la escueta orden.

El Club Gallístico de Puerto Rico y la Asociación de Gallo Fino de Pelea habían solicitado que se declarara inconstitucional la ley estadounidense que prohibió las peleas de gallos a partir de diciembre de 2019.

La Clínica del Mason Law School y el bufete Consovoy McCarthy, ambos en Virginia, se habían unido pro bono a la representación legal de ambas organizaciones.

El gobierno de Puerto Rico había presentado un escrito ante el Supremo federal para comparecer como “amigo de la corte” en apoyo a la validez de las peleas de gallos y en defensa de la industria gallística. El pasado 15 de enero, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la decisión del juez del distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí, de que se mantuviera la prohibición en la Isla.

“Los demandantes argumentan que las peleas de gallos en Puerto Rico son conducta expresiva con derecho a la protección de la Primera Enmienda (de la Constitución federal). Nosotros discrepamos. La afirmación de los demandantes de que las peleas de gallos expresan su cultura y sentido de autodeterminación, profundamente arraigado, es insuficiente para demostrar que su patrocinio o exhibición de gallos de pelea sería razonablemente entendido por el espectador como comunicativo”, señala la orden del Tribunal de Apelaciones.

Mientras, el 28 de octubre de 2019, el juez Gelpí falló en contra del Club Gallístico. Dijo entender el impacto económico que tendría la prohibición de las peleas. “Sin embargo, sin ningún argumento válido legal, el tribunal no puede actuar como un ‘superlegislador’ para enmendar o apelar el trabajo del Congreso”, reza la orden de Gelpí.

Los demandantes alegaban que el Congreso violó su debido proceso porque la Isla no tiene representación real ante la rama legislativa federal.

Asimismo, argumentaban que la prohibición de las peleas de gallos viola su derecho de libertad de expresión y asociación, así como el de practicar y perpetuar su cultura.

La industria de gallos en Puerto Rico genera sobre 20,000 empleos directos e indirectos.

En diciembre de 2019, la entonces gobernadora Wanda Vázquez firmó dos leyes con el fin de que continuaran las peleas de gallos y para que se decretara una transición de cinco años mientras se identificaba algún cambio en el manejo de este deporte en la Isla.

Reacciona la defensa

“Hoy es un día funesto para la cultura puertorriqueña con esa determinación del Supremo de Estados Unidos de no expedir el certiorari. Se criminaliza una tradición de más de 400 años, ligada a la cultura puertorriqueña”, afirmó Edwin Prado, uno de los representantes legales de los demandantes.

El abogado anticipó que no se solicitaría una reconsideración al máximo foro judicial federal.

“Los abogados que nos ayudaron en el Supremo fueron abogados pro bono y no creo que vayamos a pedir reconsideración. Son minúsculos los casos que se expide certiorari y, por ende, sería una pelea cuesta arriba en este momento”, indicó Prado.

Recordó que todavía está vigente la ley local que firmó Vázquez.

“Pero con la expansión de la interpretación del comercio interestatal, que cada día es más amplia, pronto veremos que el gobierno federal va a extender su jurisdicción a lo que es actualmente las peleas de gallos a nivel estatal. Que el gobierno federal va a poder meterse para terminar con la tradición y es muy lamentable”, puntualizó Prado.