Jenniffer González

La comisionada residente Jenniffer González.

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, le solicitó al secretario de Justicia de los Estados Unidos, William Barr, que permita que la sentencia del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito sobre el beneficio del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), sea definitiva y que no solicite una revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El Apelativo determinó el pasado 10 de abril, de que la exclusión de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico de los beneficios por discapacidad bajo el SSI contraviene las garantías de igualdad de protección de la Quinta Enmienda de la Constitución. Esto al confirmar la decisión ya emitida por tribunal de Distrito en el caso USA v. Vaello-Madero, donde la comisionada compareció como “amiga de la corte”, cuando se atendió en el Distrito y también en Apelación.

En una misiva bipartita liderada por González Colón, que también firmaron los congresistas Donna Sahalala (D-FL), José Serrano (D-NY), Peter King (R-NY), Stephanie Murphy (D-FL), Darren Soto (D-FL) y Brian Fitzpatrick (R-PA), destacan el impacto del SSI para ayudar a salir de la extrema pobreza a personas con discapacidades.

“La opinión de la Corte de Distrito, como lo afirmó la Corte de Apelaciones, otorga justicia a estos ciudadanos americanos vulnerables a quienes se les niega la ayuda por la única razón de que viven en un territorio”, expresó la comisionada residente.

El SSI es un programa al que se ingresa por índice de pobreza en el que el gobierno federal asiste económicamente a personas de 65 años o más, bajo la línea de pobreza o con impedimentos o condiciones especiales o menores con condiciones como cáncer,  perlesia celebral y down síndrome, esclerosis entre otras condiciones que afectan el que la familia y el individuo pueda generar ingresos suficientes para vivir.

A diferencia del Seguro Social tradicional, con el SSI no requieren que un beneficiario realice pagos al programa para tener derecho a los beneficios de este.

Por ley, el SSI está disponible para los ciudadanos americanos que viven en un estado, el Distrito de Columbia y en el territorio de las Islas Marianas del Norte. Los que viven en las Islas Vírgenes, Guam, Puerto Rico y Samoa Americana están excluidos del programa. En lugar de SSI, reciben asistencia complementaria a través del programa Aid to the Aged, Blind and Disabled Program (AABD), una subvención limitada del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que se aplicó a los estados antes del establecimiento de SSI. Puerto Rico tiene que igualar el 25% de los fondos que recibe de la AABD, un requisito que no se aplica a SSI.

Según el U.S. Government Accountability Office (GAO), si Puerto Rico hubiera sido un estado en el año fiscal 2011, el número de beneficiarios de SSI en Puerto Rico habría sido casi diez veces mayor que los que recibieron AABD, de 37,500 a 354,000, y el pago promedio hubiera sido $422 por mes en lugar de $74 por mes. La implementación de SSI en Puerto Rico habría representado 54 veces más dinero para las personas que no tienen la capacidad de mantenerse a sí mismas.