Dennise Longo

La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, señaló que su interés es que más personas conozcan el programa.

Aunque las víctimas de delitos en Puerto Rico podrían recibir una compensación de entre $6,000 y $15,000 para ayudarlas a superar la experiencia vivida, la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos, apenas ha desembolsado 183 pagos entre el primero de enero y el 30 de octubre de este año.

Así lo confirmó a EL VOCERO la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones, quien añadió que hasta la fecha la dependencia tiene 5,246 casos abiertos por atender, lo cual podría sumar nuevos desembolsos. El tope de compensación por persona son $6,000 y por familia puede ser hasta un máximo de $15,000.

En total, para la fecha indicada, se han desembolsado poco más de $474,000. Ese dinero surge de asignaciones federales para ayudar a las víctimas del crimen y de fondos locales que —en parte— se generan de los mismos procesos y penalidades a los que comenten los actos delictivos.

Según las estadísticas del programa, 39% de los solicitantes de las ayudas han sido testigos de asesinatos, 21% víctimas de violencia doméstica, 8% de delitos sexuales y un 5% han sido objeto de una tentativa de asesinato.

Por lo pronto, Longo Quiñones, quien lleva en el cargo desde octubre, dijo que hasta la semana pasada tenían disponible $300,000 para compensar a las víctimas, cantidad que pueden aumentar con el ingreso local de fondos.

“Queremos orientar y hacerle entender a la ciudadanía que este programa existe. Esto aplica para las víctimas de un delito y para los testigos”, expresó la funcionaria, quien mencionó que las víctimas de delitos pueden recibir las compensaciones para cubrir gastos médicos, legales, transportación y relocalización, entre otros.

El programa cuenta con un presupuesto de $1.7 millones para mantener la operación de la oficina y cubrir los gastos de nómina. Gran parte del presupuesto se va en nómina, ya que cuenta con 45 técnicos para evaluar los casos, peritos, dos psicólogos y consultores de proyecto.

“De enero a octubre de 2019, las técnicas de Servicio a Víctimas han realizado 22,374 orientaciones a ciudadanos en las diferentes jurisdicciones. Estas orientaciones se clasifican de la siguiente manera: orientaciones telefónicas y presenciales sobre aspectos generales, orientaciones sobre órdenes de protección, orientaciones sobre los servicios que ofrece la oficina, orientaciones sobre servicios que se obtienen de la comunidad, orientaciones sobre el proceso instructivo en sala, discusiones de casos y discusiones sobre plan de seguridad”, detalló Longo Quiñones.

Explicó que ese número incluye las diferentes orientaciones que se les dan a las víctimas que son referidas por los fiscales, pero también las que se ofrecen a ciudadanos por teléfono o en actividades de orientación. “Esto es diferente al número de 5,246, que son casos en los cuales se provee asistencia en asuntos atendidos en las fiscalías”, agregó la secretaria.

Al analizar los datos de desembolsos del programa y la cantidad de delitos reportados en la Isla, es evidente que —al menos— los beneficiarios de la compensación económica son mínimos. Según estadísticas del Negociado de la Policía, los delitos contra la persona y contra la propiedad suman desde el 1 de enero hasta el 26 de noviembre 26,149 casos.

Atrasos en los informes anuales

Por ley, el programa debe generar un informe de gestiones cada 15 de diciembre, pero no se ha producido desde hace más de dos años, por lo cual el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, presentó una resolución a principios de 2018. “Esta Asamblea Legislativa no ha recibido informe de la Oficina por los pasados dos años fiscales. Ante la alta incidencia criminal que arropa a la Isla, este cuerpo tiene el deber de asegurar que las víctimas de delito y sus familiares puedan aprovechar al máximo los recursos disponibles para aliviar su sufrimiento tras un evento delictivo”, señaló Márquez en su resolución.

Con ello busca que se ordene a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes investigar el funcionamiento de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito y el estado actual del Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delitos. El pasado 12 de noviembre se produjo el primer informe de la Comisión de Asuntos Internos, y se remitió a la Comisión de Calendarios de la Cámara.

En el programa están conscientes de que muchas personas desconocen los servicios y beneficios disponibles, y aunque no poseen recursos para llevar una campaña mediática, aprovechan diferentes gestiones para divulgar lo que ofrecen. Eso incluye la participación en actividades, la colocación de mesas informativas y la gestión de los 49 técnicos que poseen a través de todas las fiscalías en la Isla.

¿Quién cualifica para el programa?

Longo Quiñones informó que para un ciudadano poder obtener el beneficio tiene que presentar una querella antes de cumplirse las 96 horas del incidente. Luego tiene hasta un año para solicitar el beneficio económico y en algunos casos hasta dos años por causa justa.

“Radicar cargos toma tiempo. Los fiscales tienen que tomar en cuenta las preocupaciones y ansiedades de esas víctimas para poder seguir con los casos. Por eso esta ayuda que brinda la oficina de servicios a víctimas y testigos de delito es tan importante durante ese proceso”, mencionó. Resaltó que en los casos de violencia doméstica, cuando la víctima y el agresor viven bajo el mismo techo se pueden coordinar ayudas para relocalizar a la víctima.

Para la compensación económica pueden solicitar las víctimas o testigos de asesinato, homicidio, agresión sexual, secuestro, violencia doméstica, maltrato de menores, entre otros. Y para los servicios de orientación y ayuda psicológica, cualifican las víctimas de acecho, robo, fraude, escalamiento, robo de identidad, apropiación ilegal, delitos sexuales y maltrato de menores, entre otros.

De acuerdo con la ley, no podrán ser reclamantes los agentes del orden público, los miembros del Cuerpo de Bomberos o cualquier otro empleado público de seguridad que sufra un daño mientras realiza sus funciones, ni sus familiares o dependientes.