La Junta de Control Fiscal
En la foto los miembros de la junta Andrew Biggs, Antonio Medina, John Nixon, David Skeel y Arthur González. >Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO

La Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia comparten la percepción de que Puerto Rico saldrá de la quiebra en o antes de un año y, por consiguiente, la Isla se deshará del ente financiero creado por la Ley Promesa.

Sin embargo, la percepción no es la misma entre abogados que han formado parte del proceso judicial de quiebra —que preside la jueza Laura Taylor Swain— y portavoces de grupos que han catalogado la deuda como una ilegal e impagable.

Esta semana, y poco más de seis años después de la imposición de la ley por parte del Congreso de los Estados Unidos, el primer ejecutivo aseguró en entrevista con EL VOCERO que “hay de sobra para pagar la deuda que corresponde a cada uno de los años”.

También planteó la posibilidad de comenzar el proceso para sacar a la JCF.

“Compartimos la esperanza y expectativa del gobernador Pierluisi que Puerto Rico podrá salir de la bancarrota en el año calendario 2022 y la Junta coincide con el gobernador en que las reestructuraciones negociadas bajo Promesa van a reducir la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles”, declaró el ente financiero por escrito.

La JCF reiteró que el Plan de Ajuste de Deuda, que ha sido objetado por pensionados, legisladores y organizaciones independientes, es asequible, además que reduciría los pagos de la deuda de $4,200 millones a $1,150 millones.

“Antes de Promesa, el Gobierno de Puerto Rico pagaba 30 centavos por cada dólar que cobraba en impuestos y cargos a los acreedores. Con este plan, sería menos de ocho centavos”, según la JCF.

Sobre su salida, el ente fiscal mencionó las condiciones que tienen que cumplirse, según estipuladas en la Sección 209 de la Ley Promesa: Puerto Rico debe tener cuatro presupuestos balanceados de forma consecutiva y acceso a corto y largo plazo a los mercados de crédito a tasas de interés razonables.

Induce a error

No obstante, el licenciado Rolando Emmanuelli sostuvo que la salida de la JCF no es tan sencilla como se plantea y podría extenderse por varios años adicionales, aunque se comience a pagar la deuda.

“Cuando se ajuste la deuda y se logre el Plan de Ajuste, hay que administrarlo. El plan establece que la Junta es la encargada de representar en los procedimientos y mientras no se enmiende la ley para que la Junta le pase el batón al Gobierno, la Junta no se va a ir”, explicó Emmanuelli, quien representa a varios sectores en el proceso judicial de quiebra.

Emmanuelli ofreció como ejemplo el caso de Detroit, que comenzó un proceso de quiebra en 2013, pero que el caso continúa abierto en corte.

Para el licenciado, las declaraciones del gobernador sobre el dinero en caja inducen a error. Según el informe de balances en las arcas del Gobierno, hay $24,276 millones en efectivo para las operaciones diarias y compromisos.

“Me parece que puede ser una información que induzca a error porque hay dinero que está restricto, que tienen definido el uso que se les puede dar. Hay dinero o que puede ser de fondos Cares, adjudicado por terremotos y pandemia. Esto de que hay dinero suficiente por los años por venir es demasiado ambiguo”, señaló Emmanuelli.

Por otra parte, para Eva Prados, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, las expresiones del gobernador son una falacia, en la medida en que cuentan con dinero que solo existe porque se recurrió a la austeridad.

“Llevamos cinco años sin pagar la deuda por un lado y cinco años haciendo recortes agresivos, como a la Universidad de Puerto Rico, poniendo en juego su acreditación. Medidas de austeridad en algunos casos. Así que decir que Puerto Rico está boyante es falso y todos los indicadores dicen que Puerto Rico no tendría ese dinero de aprobarse el Plan de Ajuste de Deuda”, de acuerdo a Prados.

En esa línea, catalogó el compromiso de pago del Plan de Ajuste de Deuda como uno demasiado optimista y destacó que, una vez se comience a pagar, el Gobierno perderá el dinero que tiene en caja para atender una emergencia o para otorgarle a las agencias públicas.

“No tenemos un nuevo sistema de contabilidad que funcione. No hemos visto que la Junta haya invertido en mejorar la infraestructura gubernamental, sino que ha invertido en ella misma, en hacer una estructura más permanente de lo que se supone”, argumentó.

No es si puede, es si quiere

En cambio, para Cate Long, analista de mercado, la pregunta no es si el Gobierno de Puerto Rico tiene la capacidad de pagar —que a su juicio, la tiene por un amplio margen— sino que el gobierno tenga la disposición de hacerlo. 

“Puerto Rico tiene capacidad más que suficiente para pagar la deuda completa o pagar el monto reducido una vez culmine el proceso de reestructuración. Creo que la pregunta para los bonistas es si el Gobierno de Puerto Rico tiene la voluntad de pagar sus deudas desde que aprobaron la Ley 7 de 2021”, cuestionó Long, fundadora de “Puerto Rico Clearinghouse”, un portal que le provee a los bonistas análisis independiente sobre los esfuerzos legislativos y legales para reestructurar la deuda.

La Ley 7 de 2021, mejor conocida como la Ley para un Retiro Digno, prohíbe recortes adicionales a las pensiones y la JCF la impugnó ante el tribunal federal. La Asamblea Legislativa defendió su permanencia, mientras que el gobernador ha dicho que es inconsistente con el Plan Fiscal certificado.

“La declaración del Gobernador es inconsistente con la posición del gobierno ante la corte”, exclamó Long.