cropped image of prison officer wearing handcuffs on prisoner

Ante la situación de emergencia que vive el país por el coronavirus (Covid-19), cuya cifra de casos ascendió ayer a 51, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) evalúa la posibilidad de que algunos confinados cumplan su sentencia en restricción domiciliaria, para tener sus instalaciones más despejadas. 

“Se están analizando varias alternativas para que los confinados puedan continuar su sentencia en la comunidad de llegar el caso en que se comiencen a registrar caso de Covid-19 en la población correccional, lo que al momento no ha ocurrido”, confirmó anoche la agencia dirigida por Eduardo J. Rivera Juanatey a EL VOCERO.

 Cabe destacar que, a nivel mundial, la emergencia por el contagio con el virus ha llevado a otros gobiernos a tomar la decisión de liberar confinados de las cárceles. Por ejemplo, en Irán se liberaron 85,000 reos. También en Florida se liberaron 164; 1,700 en Los Ángeles, California; y más de 100 en Ohio. 

A preguntas de este medio sobre cuántos confinados serían liberados para terminar de cumplir la sentencia bajo restricción domiciliaria, se informó que “al presente no se ha tomado ninguna decisión sobre estas alternativas. Es una determinación de política pública a tomarse”. Fuentes de EL VOCERO colocan ese número en alrededor de 200. 

La necesidad de espacio, supo este medio, se busca para poder habilitar lugares donde atender confinados en caso de que se detecten casos de infección que requieran aislamiento.

 Compra de grilletes

 Las fuentes consultadas habían adelantado que la agencia ya estaba en conversaciones adelantadas con una compañía para adquirir más grilletes electrónicos. Anoche la agencia confirmó que iniciaron conversaciones con la empresa suplidora de los dispositivos de localización de personas, para tener ese paso adelantado en el caso que sea considerada esa opción.

“La compañía cobra desde que se reciben en Puerto Rico, por lo que primero hay que determinar quiénes se beneficiarían para hacer los pedidos para evitar tener que realizar pagos diarios de dispositivos que al momento no están siendo instalados”, se explicó.

Pero, ¿ponderan comprar más grilletes adicionales?, se cuestionó. “Una vez se tome la determinación de la cantidad que se les va a otorgar el beneficio, tras el análisis de sus condiciones, expedientes de conducta y delitos cometidos (ya que algunas leyes los excluyen), se podrá tener el número específico a solicitar a la empresa privada que provee los dispositivos”, contestó la agencia.

“La compañía le ha adelantado al secretario, quien ya ha entrado en conversación con ellos a esos fines, que podría remitir alrededor de 100 dispositivos adicionales por semana, conforme a la disponibilidad que tengan ya que están contratados por otros tantos estados en los Estados Unidos”, agregó.

En entrevista previa con EL VOCERO, el secretario del DCR confirmó que ya se estaban adelantando los expedientes de los reos que deben salir en libertad en o antes del 15 de abril. Por lo general los confinados que cumplen sentencias fluctúan entre 70 a 90 confinados por mes.

De igual forma, este medio preguntó si existe un censo de la población correccional tomando en consideración las edades y condiciones preexistentes de salud.

“Se trabajó la identificación de la población de edad avanzada y estamos en espera de que Physician Correctional nos certifique las condiciones de salud. Mayor de 65 años hay 64 en la Región Norte y 63 en la Región Sur, para un total de 127 confinados”, respondió. 

En ese sentido, la agencia mencionó que Physician Correctional, compañía contratada para prestar servicios de salud dentro de las cárceles, sería la adecuada para responder cuáles son las condiciones preexistentes de salud que en su mayoría tienen los confinados. No obstante, se adelantó que la Ley HIPPA los protege para identificación.

Muchas interrogantes

Por su parte, la portavoz del Comité de Amigos y Familiares del Confinado, Milagros Rivera Watterson, expresó que esta evaluación para liberar confinados que no están cumpliendo sentencia por delito violento “no se puede hacer así con esa rápidez”.

“¿Quiénes son los que van a determinar quiénes son los presos que tienen ese tipo de delito? ¿Cuánto le falta de cumplir? ¿Esas personas tienen algún sitio a donde ir? ¿Tienen familias que les ayuden? Porque vas a sacar unos presos a la libre comunidad sin haberse estipulado que hay un plan de salida y quién va a hacer el plan de salida si la gente no está trabajando”, cuestionó.

Mencionó que los trabajadores sociales, encargados de llevar a cabo esa evaluación, si no son servicio esencial no están trabajando. “Si estamos en toque de queda, ¿quién va a ir a visitar un pariente para preguntarle si el confinado puede vivir ahí y en qué condiciones va a vivir? Si tiene o no tiene trabajo. A lo mejor puede ser peor el remedio que la enfermedad. Hay que tener cuidado con eso”, abundó Rivera Watterson.

En ese aspecto, mencionó que todo confinado para salir de la cárcel tiene que tener un plan de salida. “Eso no es lo mismo que trabajar con las personas que llevan seis meses que si están confinados y no se ha celebrado un juicio, puedan irse a la calle. Eso es otra cosa”, mencionó Rivera Rivera Watterson.

Petición para excarcelar confinados

Recientemente, la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal (UIASAL), exigió que el DCR realizara con carácter de urgencia un censo de población correccional y personal civil, que permita identificar aquellos casos de las personas más vulnerables, tomando en consideración su edad y condiciones preexistentes. 

Además, propusieron -entre otras cosas- que una vez se realice el censo, en el caso de los confinados que representen mayor riesgo a la salud, y después de hacer una evaluación de peligrosidad, se permita que las personas más frágiles continuar cumpliendo su sentencia en restricción domiciliaria. Los que no sean elegibles, deberán ser ubicados en espacios donde su salud sea una prioridad. 

“La posibilidad de propagación, a gran escala, de este virus dentro de estas instituciones es un peligro real”, advirtió el sindicato en un comunicado de prensa.