Carmelo Ríos

El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, anunció, junto a José Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico, la presentación de una medida que crearía la “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores”.

El proyecto del Senado 1409 propone establecer, mediante ley, una lista específica de indicadores de explotación financiera, incorporar dicha lista y su aplicación eficaz al marco legal de los protocolos de detección de este delito que tiende a evidenciarse a través de las instituciones financieras y cooperativas.

Además, la pieza legislativa ordena a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) crear un protocolo legal para manejar dichos casos el cual aplicará a todas las agencias responsables de intervenir con este delito, entre otras disposiciones.

“Indudablemente, la magnitud del problema de explotación financiera contra los adultos de la tercera edad en nuestra isla y la particular complejidad de fiscalizar este tipo de maltrato, invitan a un análisis de la política pública existente en Puerto Rico y su implementación. Es preciso asegurar que el marco legal provea todos los procesos y remedios adecuados para las denuncias de casos de explotación financiera. Con esto en mente trabajamos una medida robusta con la que esperamos atajar drásticamente esta problemática y a su vez darles más herramientas a las instituciones a cargo de erradicar dicha práctica”, sostuvo el legislador.

Mientras, el director estatal de AARP Puerto Rico indicó que “en la Isla, cultural y socialmente, los adultos mayores son objeto de infravaloración o minimización de sus capacidades, lo cual resulta en que se pretenda cuestionar y controlar sus decisiones. Esta conducta negativa, en el contexto de la crisis económica, está resultando en un alza en los casos de explotación financiera”.

Como parte de lo propuesto en la medida, se utilizarán una serie de indicadores para identificar que se haya cometido explotación financiera.

Entre ellos, están los retiros irregulares, débitos incompatibles con los medios económicos del individuo, uso indebido de tarjetas de crédito, cambio en la rutina de pagos y transferencias de fondos extrañas, entre otros.

Por otra parte, la OPPEA elaborará el Protocolo Legal de Manejo de Casos de Explotación Financiera, donde establecerá los pasos específicos a seguir para intervenir en dicho delito.

El proyecto también dará paso a la creación de un grupo que elaborará y promoverá la implementación de un plan de educación, capacitación y colaboración sobre el tema de explotación financiera para los diversos componentes del sistema de administración de justicia.

Datos provistos por la OPPEA revelan que, entre 2017 y 2018, la explotación financiera fue una de las modalidades de maltrato más comunes contra el adulto mayor.

Este delito representó un 30 por ciento del total de las querellas presentadas ante la mencionada oficina, ocupando el segundo lugar en cifras siguiendo el maltrato por negligencia, que representó un 35 por ciento de las querellas sometidas.