trujillo alto
Cruz dijo que el municipio canceló los contratos que tuvo el exasesor que luego prestó servicios al municipio de Mayagüez. >Archivo/EL VOCERO

El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, admitió que llevó al hoy exasesor de su municipio Eugenio García Jiménez —acusado de participar en un presunto fraude por $9 millones al municipio de Mayagüez— a una reunión de los alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) para que ofreciera detalles sobre la corporación Empresas Municipales Trujillanas, pero aseguró desconocer si otros ejecutivos municipales contrataron sus servicios.

“Fue una reunión de la Asociación de Alcaldes como parte de la agenda del municipio de Trujillo Alto y las empresas municipales, y fue para explicar cómo se hizo la transacción de la corporación. Son dos cosas distintas, Eugenio va porque era parte de la asesoría del municipio. No es nada más… fue como asesor de la corporación. ¿Qué pasó después con los alcaldes? No tengo conocimiento”, afirmó Cruz a EL VOCERO.

Relató que “fuimos (a la reunión) con la corporación y les explicamos cómo se creó la corporación y para qué sirve… no sé de ninguna transacción que tenga que ver con eso después del 2014, porque él ya no nos daba servicio a nosotros como asesor en eso”.

Informó que la reunión fue el 5 de noviembre de 2013 en Guayanilla.

Hace dos semanas, García Jiménez fue acusado por un gran jurado federal junto a Arnaldo Irizarry, exasesor legal del municipio mayagüezano; Alejandro Riera Fernández, Stephen Kirkland, Joseph Kirkland, Steve Minger y Roberto Mejill Tellado por presuntamente defraudar al ayuntamiento con inversiones fatulas.

Cruz contó que conoció a García Jiménez cuando se creó la corporación Empresas Municipales Trujillanas. “Cuando empezamos a trabajar con la corporación para desarrollar esto a nivel de inversión, pues él vino aquí con un grupo. Él explica y nosotros estando crudos en ese tema; decidimos contratarlo a él por servicios profesionales. Y a través de eso, a ver cómo traíamos inversionistas de fondos humanitarios”, explicó.

El alcalde puntualizó que no lo conocía. “Él vino con un grupo, la corporación entrevistó al grupo para hacer inversión y cómo se ponía en plan los proyectos. A base de esas reuniones, decidimos contratarlo por servicios profesionales para que me ayudara a traer inversiones en Trujillo Alto como asesor”, detalló el funcionario.

Agregó que García Jiménez tuvo dos contratos con el municipio de Trujillo Alto ascendentes a $108,000 para 2013.

“Se le canceló el contrato porque los inversionistas que trajo no teníamos garantía (de que invertirían) y no queríamos invertir en proyectos de alto riesgo en el municipio —y así consta en las minutas— y como política pública el alcalde y la corporación del municipio determinaron que podía hacer inversiones, pero que ninguna fuera de alto riesgo. No solamente en dinero, sino también en algún tipo de propiedad si no estaba garantizada, y determinamos que no y no se hizo ningún tipo de transacción que incluyera alto riesgo a las arcas municipales”, reiteró.

Aseguró que no puso propiedades del municipio de Trujillo Alto como colateral. “Claro, con esas transacciones ninguna”, afirmó el funcionario. Declinó comentar si el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, cometió un error de juicio al usar dinero público en inversiones de alto riesgo.

“No tengo todos los elementos de juicio, pero los municipios sí pueden invertir... lo hacemos todos los días, pero cada cual tiene su política pública y hay que ver lo que le ofrecieron a él (Rodríguez) y le garantizaron y pues él (alcalde de Mayagüez) ayer (martes) lo explicó  y eso se investigará en su momento por las entidades correctas. Pero los municipios y el gobierno pueden hacer ese tipo de inversiones. Ahora, como política pública, el municipio de Trujillo Alto establece que no va a hacer ninguna inversión que conlleve alto riesgo”, apuntó.

A Integridad Pública

Ayer, el Departamento de Justicia le informó al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) que refirió a la División de Integridad Pública la pesquisa al alcalde mayagüezano sobre las transacciones habidas en el ayuntamiento sobre la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI).

“Recibimos la carta de Justicia que dice que desde el día 29 de marzo lo refirieron a la División de Integridad Pública. Esa es la carta que ellos envían para que les concedamos los 90 días. Así que ahora esta carta va al panel y la próxima reunión del panel va a ser el lunes”, informó a EL VOCERO la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives.

“Así que el lunes emitiremos una resolución concediéndole 90 días al Departamento de Justicia para que haga la investigación preliminar”, adelantó.

Según ha trascendido, 58 propiedades públicas —entre ellas el Hospital San Antonio— fueron transferidas a MEDI desde 2017 como garantía para obtener una línea de crédito de $400 millones.