Pierluisi

Los abogados de Pierluisi alegan que un secretario de Estado que haya sido nombrado en receso de la Cámara y el Senado puede asumir la gobernación.

El equipo legal del gobernador Pedro Pierluisi defendió su juramentación al cargo ante el Tribunal Supremo, al rechazar que la única forma para que un secretario del Departamento de Estado asuma la gobernación es que sea nominado por un primer ejecutivo y confirmado por ambas cámaras legislativas.

El alegato de Pierluisi llegó ayer al máximo foro judicial poco antes de que venciera el plazo para que las partes involucradas en la demanda del Senado radicaran sus argumentos. El presidente senatorial Thomas Rivera Schatz aparece en representación del cuerpo legislativo, cuyo equipo de defensa está compuesto por los abogados Eliezer Aldarondo, Rosa Campos y Sheila Torres.

En cambio, la defensa de Pierluisi está integrada por Manuel Martínez, Joaquín Martínez, Antonio Hernández y Julio Nigaglioni. Los abogados de Pierluisi alegan que un secretario de Estado que haya sido nombrado en receso de la Cámara y el Senado puede asumir la gobernación.

El nombramiento de Pierluisi para secretario de Estado dio paso a que el entonces renunciante gobernador Ricardo Rosselló convocara una sesión extraordinaria para que la Asamblea Legislativa actuara sobre la designación. Una vez comenzó el proceso en la Legislatura y Pierluisi recibió el aval de la Cámara, el excomisionado residente juramentó como gobernador -a las 5:01 p.m. del viernes pasado- sin el consentimiento del Senado.

Esto provocó que Rivera Schatz impugnara la legitimidad de su juramentación ante el Supremo, amparándose en lo que dictamina la Constitución de Puerto Rico sobre el puesto de secretario de Estado.

Los abogados del gobernante solicitan expresamente al Supremo que deniegue la solicitud del Senado de sentencia declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 7 de 2005 (de orden sucesorio) y la petición de injunction para que Pierluisi desista y deje de ocupar el puesto de gobernador.

Momento de alta tensión política

En comparación, el alegato de Pierluisi es más corto que el que radicó el Senado y mantiene un lenguaje de que Isla vive “un episodio traumático de alta tensión política” en momentos en que también hay una crisis política y de recuperación tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017.

“Esta compleja situación requiere de un alivio inmediato a la falta de certeza sobre la legitimidad del liderato de la Rama Ejecutiva. Simple y llanamente, Puerto Rico necesita certidumbre y tener la garantía de que su gobierno en función es legítimo y producto del orden constitucional”, lee el documento.

Según los abogados del gobernador, la Ley 7 de 2005 es constitucional y Pierluisi juramentó en virtud de la misma. “El secretario de Estado puede ser sucesor del gobernador, independientemente de que el nombramiento haya sido en propiedad o en receso. El criterio rector para fines de determinar quién puede suceder al gobernador bajo la Constitución es que haya sido nombrado sin distinción alguna. No obstante, en los casos de nombramientos en receso, lo esencial es que el llamamiento sucesorio ocurra durante la vigencia del término del nombramiento en receso”, señalan.

Establecieron, además, que el Senado acudió al alto foro judicial sin la intención de proveer estabilidad social y política a la ciudadanía. “Todo lo contrario, mediante un vehículo procesal inadecuado y por vía de una interpretación constitucional acomodaticia que produciría un resultado que atenta contra el propio texto de la Constitución de Puerto Rico, con el presente caso se pretende que este Honorable Tribunal remueva al gobernador del cargo que ostenta legítimamente”, añade el recurso legal.

Pierluisi utilizó como argumento que el Senado, previo a acudir al tribunal en reclamo de sus prerrogativas de prestar consejo y consentimiento al nombramiento de secretario de Estado, abandonó su poder de ejercer dicha facultad. “En otras palabras, el Senado decidió renunciar a su derecho a confirmar al secretario de Estado”, establece el alegato.

La Cámara de Representantes confirmó el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado pocas horas antes de que este juramentara como gobernador y de que se hiciera efectiva la renuncia de Rosselló el pasado 2 de agosto. El Senado, en cambio, extendió el proceso de evaluación hasta el lunes y rechazó votar sobre el nombramiento, con la intención de esperar la decisión del Supremo.

El liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha solicitado al Supremo que actúe con premura para resolver el caso. Además, como amigos de la corte se unieron un grupo de profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, la delegación senatorial del Partido Popular Democrático (PPD) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.