Fernando Gil

Gil Enseñat fue despedido esta semana por aparentes desavenencias con la administración de la gobernadora Vázquez Garced.

Una disputa entre el ahora exsecretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy Rivera, evitó que en abril del pasado año se completara la distribución de unas ayudas destinadas a socorrer a pequeñas empresas que resultaron afectadas por los huracanes Irma y María.

“Como resultado de la disputa entre ambas agencias, no se ha otorgado ningún contrato y los proyectos, que tienen la intención de asistir a los pequeños negocios para poder financiar la recuperación tras María, han estado paralizados por más de tres meses”, alertó la firma legal estadounidense Baker, Donelson, Bearman, Caldwell & Berkowitz, PC, contratada por el gobierno.

El informe legal, con fecha del 19 de diciembre de 2019 y revisado por EL VOCERO, indica que el Departamento de la Vivienda detectó irregularidades en la manera en la que el DDEC evaluó una solicitud de propuestas (RFP) para los programas ‘Small Business Grant and Loan’ y ‘Construction and Commercial Revolving Loan (CCRL)’.

El RFP tenía el propósito de escoger un “gerente de relaciones” para los programas que serían financiados con fondos del Programa de Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR) del Departamento de la Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés). Los fondos son administrados localmente por Vivienda.

El informe dirigido a la entonces secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado, sostiene que tras las irregularidades, Gil Enseñat ordenó a Laboy Rivera la cancelación del RFP para el que ya habían recibido 14 propuestas. Sin embargo, Laboy Rivera no estuvo de acuerdo y refirió a Gil Enseñat al monitor federal a cargo del manejo de los fondos, así como a las autoridades locales.

“En efecto hubo una situación que había que investigar y esa fue una de las gestiones que trabajé directamente cuando estaba a cargo de la Oficina de la Secretaría de la Gobernación. Se trabajó en conjunto con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y las partes envueltas porque había que resolverlo. Nosotros no lo referimos a Justicia porque los resultados de la investigación no lo ameritaban”, comentó Laboy Alvarado.

Detallan presuntas irregularidades

El documento sostiene que Vivienda descubrió que cada miembro del Comité de Evaluación del DDEC solo evaluó una propuesta respectivamente en lugar de las 14 que habían sido sometidas —tal y como dicta las reglas de subastas de la agencia— y que un integrante aseguró que el DDEC les había ordenado ser poco rigurosos en la calificación de las propuestas para poder calificar más contratistas.

La agencia también defendió que el Comité de Evaluación no dedicó el 100% de su tiempo a la evaluación de las propuestas, que omitió documentos necesarios para las contrataciones federales y en lugar de someter los primeros informes al secretario de Vivienda —como estipula la guía de contratación— fueron sometidos inicialmente al secretario del DDEC.

EL VOCERO solicitó una entrevista con Laboy Rivera para discutir el proceso de evaluación realizado por sus empleados, pero rehusó ofrecer declaraciones.

Pese a las irregularidades señaladas por Gil Enseñat, la firma de abogados que hizo la investigación concluyó que el personal del DDEC que realizó las evaluaciones no incurrió en comportamientos o prácticas ilegales. “Ambas agencias estaban vigilando que las contrataciones se ejecutaran en cumplimiento con los requerimientos”, enfatiza el informe legal.

Habla la secretaria de Justicia

Tras la orden de cancelación para el RFP —por parte de Gil Enseñat— al entender que el proceso se había contaminado, se suscitó una serie de comunicaciones escritas entre el entonces jefe de Vivienda y el secretario del DDEC. Esas conversaciones que detallaban sus conflictivas opiniones en torno a la cancelación del RFP fueron descritas como largas y acaloradas. “Esta serie de cartas resultó en el DDEC refiriendo el asunto al Inspector General de HUD y a las autoridades locales”, enfatiza el informe.

En unas declaraciones solicitadas por este rotativo, la secretaria de Justicia, Dennise Longo, confirmó que recibió una comunicación de Laboy Rivera el 1 de noviembre de 2019 para referir a investigación a Gil Enseñat. “El Departamento de Justicia asignó el asunto para una investigación que se encuentra en curso”, indicó la funcionaria.

Longo también afirmó que la misiva fue enviada al inspector general de HUD, Rae Oliver Davis, así como a la inspectora general de Puerto Rico, Ivelisse Torres Rivera.

Defienden ejecutoria de Gil

Tras el despido de Gil Enseñat esta semana por aparentes desavenencias con la administración de la gobernadora Vázquez Garced, la comisionada residente Jenniffer González comentó a este diario que le preocupa la destitución porque el exfuncionario es la persona más capacitada en el gobierno para manejar los fondos CDBG.

“El despido del secretario me preocupa mucho. Gil ya tenía experiencia de haber elaborado planes de acción que fueron aprobados por HUD y resultaron en el desembolso de fondos CDBG. Este secretario no ha tenido señalamientos de corrupción y que lo despidan preocupa. HUD está preocupado y me lo ha dejado saber”, agregó González.

Por su parte, la exsecretaria de la Gobernación catalogó como excelente la ejecutoria de Gil Enseñat en Vivienda. “Fernando, junto con otros funcionarios, fueron la razón principal para que después de tanto tiempo, por fin, HUD y el gobierno federal autorizara el uso de otros $8,200 millones en fondos de CDBG. Su ejecutoria fue excelente”, puntualizó Laboy Alvarado.

La firma legal que hizo el informe ha tenido contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.