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La mayor parte de las 649 escuelas cerradas no recibe mantenimiento. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

El Departamento de Educación (DE) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) reconocieron ayer en la vista pública de la Comisión de Educación del Senado que la mayoría de las 649 escuelas cerradas entre 2011 y 2018 se encuentra en abandono y que hay controversia en cuanto a quién le corresponde el mantenimiento. Una gran parte se ha convertido en hospitalillos de drogas, establos para caballos y refugio para personas sin hogar.

Miguel Colón, gerente general de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), informó que aproximadamente 520 escuelas —entre las 649 que fueron cerradas— pasaron al DTOP y aceptó que los planteles se encuentran en estado de abandono.

“Ese mantenimiento le tocaría al DTOP porque ya no es propiedad del departamento (de Educación) a pesar de lo que dice la ley. La realidad es que es una propiedad del DTOP y hay que buscar fondos para darle servicios a estas escuelas”, señaló.

Explicó que todavía hay una disputa sobre quién debe darle mantenimiento a estas escuelas. “Hay que trabajar la procedencia de los fondos para poder otorgarle servicios a estas escuelas. Nosotros trabajamos fuerte para mantener las escuelas que están en uso”, apuntó.

Yaitza Maldonado, secretaria auxiliar de Asuntos Legales y de Política Pública del DE, también insistió en que el DTOP es el responsable del mantenimiento.

“Desafortunadamente no podemos tapar el cielo con la mano y vemos escuelas vandalizadas y que el pasto les llega por encima del techo. La realidad del caso es que el mantenimiento le corresponde al titular y quien es el titular, pues el DTOP”, sostuvo.

Maldonado expuso que haría falta legislación para subsanar el hecho de que el DTOP no puede mantener las avenidas —que es su responsabilidad primaria— y ahora tiene que hacerse cargo de cientos de planteles escolares.

De los 649 planteles cerrados, se desconoce cuántos fueron transferidos a organizaciones sin fines de lucro o entidades privadas.

Expone su punto el DTOP

Contrario a lo expuesto por los funcionarios de Educación, la designada secretaria del DTOP, Eileen Vélez, estableció en su ponencia que la Ley 85 de 2018 de reforma educativa dispone que el mantenimiento de los planteles debe seguir en manos de la OMEP y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

“Toda la información sobre las condiciones actuales de las estructuras y terrenos pertenecientes a las escuelas debe ser suministrada por el DE”, indicó.

José Torres, subdirector de la Oficina de Administración de Propiedades del DTOP, aceptó que los planteles se encuentran en mal estado e informó que “en ocasiones —a petición de comunidades y alcaldes— el DTOP hace malabares y asigna un recurso para que vaya en ese momento y tale las áreas verdes, pero no es un mantenimiento programado constante. No recibimos recursos para darle mantenimiento constante como debería”.

Torres señaló que “también hay un problema registral, pero la responsabilidad registral no es del DTOP”, y debido a esto “no puedo entrar a las escuelas”.

En el limbo el pago de utilidades

Gustavo Mesa, encargado del pago de utilidades en Educación, sostuvo que “el DE no ha pagado ni un solo centavo por una escuela cerrada” y que le corresponde a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) cortar los servicios de agua y luz, donde todavía haya el servicio.

También trascendió en la vista pública, que Educación no estableció claramente cuáles fueron los criterios que se utilizaron para el cierre de escuelas públicas y tampoco proveyó una cifra sobre el ahorro que se buscaba con esta iniciativa de política pública.

Maldonado indicó por su parte, que el cierre fue debido a la merma en población estudiantil, pero planteó que no podía responder por las acciones de pasadas administraciones. “En ese sentido, me voy a reiterar en las cartas circulares que se empezaron a emitir desde 2013 y ahí es que se detalla uno por uno el criterio para el cierre de las escuelas. Obviamente, hago la salvedad de que cada escuela tiene su particularidad, pero cuando vamos a los criterios utilizados pues son la matrícula y la proyección de matrícula, la infraestructura versus matrícula, las condiciones de la infraestructura, indicadores de aprovechamiento académico, evaluación de costos y un estudio de comparabilidad”, expresó la funcionaria.

No obstante, aclaró que “no puedo dar fe porque no estaba en ese momento. Como le indiqué a la comisión, esto es una radiografía de 10 años. Es un estudio bien profundo lo que se nos pidió y estamos produciéndolo poco a poco y será un trabajo progresivo. En efecto, la respuesta es que no puedo decir si una escuela cerró porque cumplió con los siete criterios de las cartas circulares”.

El legado de Keleher

Maldonado afirmó que el cierre de planteles se intensificó en 2018 bajo la administración de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

“La responsabilidad final (para el cierre de escuelas) recae sobre el secretario de turno”, puntualizó al argumentar que la Ley 85 de 2018 —conocida como la reforma educativa— facultaba al secretario a regular la apertura y cierre de planteles escolares. Indicó que también había determinaciones de la Junta de Control Fiscal.

Según Maldonado, el proceso de análisis se llevó a cabo mediante mesas de trabajo para evaluar cada uno de los criterios, constituidas por el director regional, ayudantes y personal de la agencia a nivel central, personal del área académico y de educación especial. Las comunidades no tuvieron participación, admitió.

Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.