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De los tres estatutos, Jaresko indicó que el más que le preocupa es la Ley 80.

Las desavenencias entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno central por legislaciones inconsistentes con los mandatos de la ley Promesa cobraron vida nuevamente con las tres medidas firmadas para ampliar los beneficios de retiro, las cuales el ente regulador no descarta impugnar en los tribunales.

En entrevista con EL VOCERO, la directora ejecutiva del organismo fiscal, Natalie Jaresko, opinó que las leyes 80-2020, 81-2020 y 82-2020 fueron firmadas por la gobernadora Wanda Vázquez sin un análisis certero sobre su viabilidad económica a largo plazo. Según el análisis de la junta, los tres estatutos podrían aumentar los gastos gubernamentales en $8,300 millones durante los próximos 30 años.

“Desde el pasado mes de junio se le ha exigido al gobierno que demuestre la viabilidad financiera de los estatutos y no han podido ofrecer toda la información en la que se sustentaron para aprobarlas. Durante meses todo lo que ofrecen es a medias. Esto cuesta dinero y necesitamos saber que no es una promesa que no se puede pagar”, sentenció Jaresko.

Ante este panorama, la directora ejecutiva de la junta aseguró a este rotativo que si el gobernó no logra demostrar la viabilidad de las leyes, podría acudir ante la jueza federal Laura Taylor Swain para exigir que se anulen los estatutos, tal y como hicieron con la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios (Ley 29 de 2019).

“Podemos tomar acción en la medida en que entendamos que sea necesario. Esperamos que (el gobierno) someta hoy (ayer) la información que le estamos pidiendo. Esto es un asunto serio. Si puede presentar un plan adecuado sobre cómo pagará esos beneficios, estaría evitando que litiguemos en el tribunal”, señaló Jaresko.

Despido de miles de empleados

Aunque la gobernadora afirmó ayer que, pese a la oposición de la junta, continuará con su intención de “hacerles justicia a los retirados del servicio público”, Jaresko dejó claro que los estatutos no son consistentes con el plan fiscal certificado para el año fiscal vigente y que, por tanto, no pueden ser implementados.

Asimismo, enfatizó que si Vázquez continúa con la implementación de los estatutos -a pesar de lo expuesto- estaría abriendo la puerta a que el gobierno se vea obligado a reducir significativamente su plantilla para mitigar el impacto que tendrán las referidas leyes sobre las arcas gubernamentales. Unas 15,000 personas deberán ser despedidas para poder balancear las finanzas, según Jaresko.

“Si el gobierno sigue comprometido con implementar estos beneficios de retiro adicionales, tendrá que tomar una decisión muy difícil. Si esta es la prioridad, no nos vamos a oponer, pero esto (los despidos) es lo que significa”, agregó.

17,000 podrían retirarse

De los tres estatutos, Jaresko indicó que el más que le preocupa es la Ley 80, con la que se ofrece una ventana de retiro temprano, se incrementa el pago y se añade beneficios de salud. Para esta ventana, unas 17,000 personas resultan elegibles, de las cuales 7,400 son empleados del gobierno central, 7,200 son funcionarios municipales y otros 2,400 corresponden a las corporaciones públicas.

“El número de personas que son elegibles a retirarse bajo estas leyes es mayor a las 3,200 personas que vislumbra el plan fiscal y que no serían reemplazadas. Si la idea es no reemplazarlos, eso sería una medida de austeridad mayor que las impuestas por la junta en los planes fiscales. Sin embargo, no creo que eso sea lo que suceda”, agregó Jaresko.

Según los análisis del ente fiscal, la Ley 80 tendrá un impacto económico negativo de $4,200 millones. Al momento, el gobierno destina $2,000 millones del Fondo General al pago de pensiones.

Cantazo a los municipios

La directora ejecutiva de la junta enfatizó, además, que la nómina más reciente de los municipios es de 35,000 personas, por lo que si 7,200 empleados se acogen a la ventana de retiro y no son reemplazados -como propone el gobierno-, estarían perdiendo 20% de su plantilla de manera permanente.

“Para los municipios esto representa un 20% de sus empleados. El gobierno dice que generará ahorros $6,200 millones en ahorros si nadie se reemplaza. Hay que hablar con los alcaldes para ver si están de acuerdo que 20% de sus empleados se vayan y no sean reemplazados”, acotó Jaresko.

“Problema de seguridad”

En cuanto a la Ley 81 -que persigue mejores beneficios de retiro para los policías y bomberos-, Jaresko afirmó que podría dar paso a un problema de seguridad nacional porque incentivaría a los empleados de seguridad pública a retirarse en momentos en que la plantilla se ha visto afectada.

Actualmente, la Policía mantiene unos 13,388 empleados. De estos, 6,991 son elegibles al retiro mediante el referido estatuto. “La Isla necesita a estas personas. No recomendamos estos recortes. Si se incentiva el retiro de oficiales experimentados y se reemplaza con principiantes, comoquiera tiene un aumento en los gastos y no es sostenible”, puntualizó Jaresko.