Denis Márquez

El representante independentista Denis Márquez radicó lo que denominó un “pliego acusatorio” sobre posibles delitos cometidos por el gobernador y sus allegados con el chat.

Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) radicaron ayer resoluciones por separado para que la Cámara baja inicie un proceso constitucional para destituir al gobernador Ricardo Rosselló.

De ambas medidas, se desprende la existencia de un consenso entre las minorías parlamentarias para que la mayoría novoprogresista actúe sobre Rosselló por su participación en el polémico chat de Telegram. A diferencia del PPD, el representante independentista Denis Márquez radicó la Resolución de la Cámara 1465 que va acompañada de un “pliego acusatorio” que sugiere la posibilidad de que el Ejecutivo haya cometido al menos 18 delitos por violaciones al Código Penal, la Ley de Ética Gubernamental y leyes federales.

“La mayoría parlamentaria hacía un reclamo de que nadie le ha puesto sobre la mesa cuáles son los delitos. Nosotros ya hicimos el trabajo y lo hemos radicado”, expuso Márquez, quien preparó el pliego acusatorio junto a tres de sus asesores legales.

La Resolución propone crear la Comisión Especial para Iniciar el Proceso de Residencia del Gobernador de Puerto Rico, integrada por siete miembros designados por el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, con participación de todas las delegaciones. Da un plazo de 10 días para que la comisión evalúe la formulación de la acusación al gobernador.

El pliego acusatorio menciona como posibles delitos la malversación de fondos públicos, la recopilación ilegal de información personal, conspiración, amenazas, discriminaciones ilegales, incitación a la violencia, enriquecimiento ilícito, intervención indebida y el uso de recursos públicos para fines político partidistas, entre otros.

“El presidente de la Cámara tuvo la oportunidad de unirse al reclamo general del País urgiendo la salida del gobernador de su puesto. El presidente le dio la espalda al pueblo y escogió estar del lado de Ricardo Rosselló y del PNP al descartar iniciar un proceso de residenciamiento. Hoy se les acabó la excusa a quienes argumentan para dilatar la salida del gobernador, que necesitan tiempo para evaluar los actos del gobernador”, expresó Márquez.

El caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) no vio ayer que las acciones y expresiones vertidas en el chat de Telegram sean causa suficiente para, según la Constitución de Puerto Rico, iniciar un proceso de residenciamiento contra el primer ejecutivo. El Senado también rechazó dicha posibilidad en conferencia de prensa por separado.

“No hay que esperar”

“Cabe destacar que para iniciar el proceso de residenciamiento no se necesitan las dos terceras partes de los votos del cuerpo. Dicho requisito es para que, luego de evaluado el pliego acusatorio, determinar si hay causa para que el Senado comience el juicio. No hay que esperar por investigación alguna de parte de otra agencia”, sostuvo.

Los aspectos señalados, según Márquez, cumplen con los causales de delitos graves y delitos menos graves que establece la Constitución de Puerto Rico.

“No queremos adjudicar”

Mientras tanto, portavoz de la delegación cameral del PPD, Rafael “Tatito Hernández, negó a preguntas de EL VOCERO que el hecho de que las minorías hayan radicado dos resoluciones por separado con la misma finalidad debilite el consenso existente para que inicie un proceso de residenciamiento.

La Resolución de la Cámara 1466 —de la autoría de delegación popular— busca que las comisiones de Gobierno y lo Jurídico investiguen posibles actos de delito que se desprendan de las conversaciones contenidas en el chat de Telegram. No obstante, el lenguaje de la resolución no contiene un pliego acusatorio como lo hizo el PIP, aunque sí identifica la posible comisión de algunos delitos.

“Lo que está haciendo el compañero representante Márquez es identificar los posibles delitos y nosotros en nuestra resolución también hemos señalado posibles delitos de utilización de fondos públicos, ventajas políticas para conceder contratos y otras cosas. Nosotros no queremos adjudicar, aunque se señalan las diferentes causas”, expresó.

Se necesitan 34 firmas

Para que el proceso tome su curso, la Cámara necesita 34 firmas que avalen el procedimiento. Este cuerpo legislativo al menos ya cuenta con 17 representantes dispuestos a firmar. Entre estos figuran la delegación del PPD, Márquez y el representante independiente Manuel Natal.

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