Educación especial

A medida que avanza la discusión senatorial de una medida legislativa que crearía la Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades, también aumenta la oposición de portavoces de organizaciones que han luchado por los derechos de las personas con impedimentos.

Hoy se celebró una vista pública de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado, presidida por Axel Roque Gracia, donde las organizaciones Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI) y la Alianza de Autismo de Puerto Rico expresaron su oposición al Proyecto de la Cámara 1945 de la autoría del representante Rafael “June” Rivera.

En cambio, el licenciado Iván Soto, en representación de la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, indicó que la agencia no tiene objeción legal sobre la aprobación del proyecto, texto aprobado en la Cámara de Representantes, siempre que se atiendan unos señalamientos que fueron esbozados en la vista. 

“Consideramos que se debe aclarar el alcance de ciertos términos a fin de que se cumpla con el principio de legalidad al disponer los elementos constitutivos y las penas que acarrean. Nos preocupa que el nombre dado a la figura de nueva creación “defensor de menores con discapacidades” también puede resultar una frase de uso común”, alertó Soto.

En ese sentido, mencionó que cualquier persona que defienda los derechos, la integridad física o cualquier otro asunto relacionado a un menor discapacitado puede considerarse a sí mismo o ser considerado por otros, en el lenguaje común, un defensor de menor con discapacidades, por lo que apropiarse de un término tan común y prohibir su uso podría generar un reto legal contra el estado.

“Para salvar esta dificultad, recomendamos que del nombre dado a esta figura se desprenda claramente que se trata de una licenciatura; que podría ser defensor licenciado de menor con discapacidades”, subrayó Soto.

Asimismo, el licenciado indicó que se debe clarificar varios detalles de las penalidades. Y es que la medida que está siendo evaluada por el Senado tipifica como delito el que cualquier persona a quien la Junta no le haya concedido una licencia de defensor de menores con discapacidades, se presente en alguna forma como defensor de menores con discapacidades. 

El Artículo 9 incorpora una sección titulada ‘Penalidades’, disponiendo la imposición de multas de hasta $3,000 y/o penalidades de cárcel por un periodo de hasta tres meses o hasta seis meses por infracciones subsiguientes; a cualquier persona que incurra en una violación de lo dispuesto en este artículo.

Así también, Soto indicó que el proyecto crea una división de compras independiente a la del Departamento de Educación (DE) que excluye la ley 73-2019 de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico, en la cual se promulgó un Registro Unico de Licitadores (RUL) y solo una Junta de Subastas.

Medida en retroceso

Por su parte, la portavoz de APNI, Mariel Cabrera, planteó que la legislación propuesta deja fuera las responsabilidades de los Departamentos de Salud y Educación en lo que atañe a los servicios de transición del programa de intervención temprana, un hecho que catalogó como “un retroceso inaceptable”.

Añadió que la medida establece que el nombramiento del secretario asociado de educación especial sea nombrado por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, pese a que este elemento fue rechazado en los años de 1990 cuando se exploró la idea de convertir la Secretaría de Educación Especial en una administración, adscrita al DE. 

Asimismo, mencionó que este proyecto de ley no provee cuáles serian los mecanismos o medidas especificas que permitirían asegurar el cumplimiento de las agencias responsables en la prestación de servicios a la población con impedimentos; y la creación de la figura del defensor de menores con discapacidad crea desconfianza y confusión al ver el detalle y complejidad de los procesos que se describen.

“Nos preocupa que de alguna manera en este proyecto de ley se pueda estar limitando el derecho del padre de ir acompañado de la persona de su selección, privándolo de la libertad de escoger a quien desee que lo acompañe a cualquier proceso donde se discutan los servicios y derechos educativos de sus hijos, según lo establece la IDEA, incluyendo las vistas administrativas”, expresó. 

A su vez, Cabrera se mostró preocupada, entre otras cosas, con la idea de que los jueces administrativos también sean nombrados por el gobernador, con el consejo y consentimiento de la Asamblea Legislativa. Explicó que, bajo la Ley federal IDEA, los jueces administrativos no se nombran ni son empleados de las agencias, son contratistas independientes.

“Consideramos que el Proyecto 1945 no representa la base sobre la cual quisiéramos construir el futuro de la educación especial en Puerto rico, por lo que no recomendamos su aprobación”, sostuvo Cabrera. 

En tanto, la portavoz de la región sur de la Alianza de Autismo de Puerto Rico, Aida Ortiz, planteó que el 90% del contenido escrito en la medida es un “copy and paste” de la Ley federal IDEA, así como estatutos estatales.

En ese aspecto, mencionó la Ley 51-1996 de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos; la Ley 263-2006 de Servicio de evaluación vocacional y de carrera; la Ley 53-2016 para la Certificación de Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-Empleo.

“Este proyecto pone en riesgo los logros del Pleito de Clase de Rosa Lydia Vélez y la Sentencia por Estipulación que crea el Remedio Provisional, el cual eventualmente se podría quedar sin monitoría del tribunal. La Ley federal IDEA aplica a Puerto Rico. La ley local debe ser para ampliar derechos, no para repetir y abreviar lo que ya existe en la ley federal”, dijo.

Ortiz indicó que el proyecto no debería ser aprobado y sugirió que se asigne el encargo al DE de mejorar la ley 51 en conjunto con un comité de trabajo que tenga representación del Comité Timón de Padres, la Alianza de Autismo de Puerto Rico, el Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, otras organizaciones de padres de niños de educación especial, abogados de educación especial y expertos en el área de educación especial.

“No hay que tener prisa, lo importante es hacerlo bien, en consulta con las organizaciones de padres de niños del programa de educación especial que representamos a la población, y que en las enmiendas se incluyan consecuencias por incumplir la ley. Solo así lograremos que la ley se cumpla”, abundó.

Se excusa nuevamente Educación 

Al inicio de la vista pública, Roque Gracia indicó que el DE envió en la tarde noche del domingo un correo electrónico en donde se informa que durante esta semana estará de visita personal de Educación federal, por lo que solicitan cambio de fecha para poder asistir a la vista pública.

El senador agregó que el pasado viernes se llegó a un acuerdo de poder comparecer a la vista hoy a las 10:30 de la mañana. “Al DE obviamente no lo voy a excusar porque ellos dijeron que podían venir durante la mañana de hoy. Lo voy a citar durante la próxima vista que tengamos. Luego de la próxima vista que vayamos a tener, si no comparece el DE se utilizarán todos los mecanismos que tiene el reglamento del Senado”, agregó.

Por su parte, el senador independentista Juan Dalmau precisó que hay que seguir luchando contra una visión de que los niños de educación especial de alguna manera son sub humanos y que el gobierno piensa que es una perdida de recursos atenderlos.

“Eso es una visión criminal. Creo que cada vez que vienen con propuestas nuevas y con leyes nuevas es una manera de tratar de alimentar el ojo cuando realmente ya existen leyes, lo que hace falta es voluntad y cambiar esa visión de que estos niños y jóvenes sí tienen que aportar muchísimo, si pueden desarrollar unas destrezas enormes, que pueden integrarse a la sociedad, a la economía, al trabajo. Lo que hay que transformar esa visión de exclusión y segregación que ha habido históricamente”, abundó.

En tanto, el senador popular José Nadal Power cuestionó que “si los llamados a ser los beneficiarios del proyecto están en contra, ¿por qué insistir en el mismo?”. “Esto plantea que esto no trae nada nuevo. De hecho, es parte de una visión anticuada de lo que es la educación especial. Es preocupante también que se dejen fuera a los infantes del proyecto”.