Eduardo Bhatia

El senador popular Eduardo Bhatia.

A la demanda del Senado para remover a Pedro Pierluisi de la gobernación se unieron ayer como amigos de la corte la delegación senatorial del Partido Popular Democrático (PPD), el Colegio de Abogados y Abogadas y un grupo de profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

El recurso legal del Senado, representado por su presidente Thomas Rivera Schatz, busca que el Tribunal Supremo declare inconstitucional la Ley 7 de 2005 (de orden sucesorio) y pide un injunction para que Pierluisi desista y deje de ocupar el puesto de gobernador. Rivera Schatz se amparó en lo que dictamina la Constitución de Puerto Rico sobre el puesto de secretario de Estado, que requiere la confirmación de la Cámara y el Senado, y los requisitos para que pueda asumir la gobernación en el caso de una vacante.

El Senado sostiene que Pierluisi no cumplió con esas disposiciones.

El portavoz de la delegación del PPD en el Senado, Eduardo Bhatia, anunció que se unieron como amigos de la corte con la esperanza de que el Supremo “dicte sentencia protegiendo la democracia y la Constitución de Puerto Rico, decretando que el licenciado Pedro Pierluisi no puede ejercer el cargo de gobernador”.

Bhatia dijo que el recurso legal para convertirse amigos de la corte los coloca en posición de acudir al tribunal ante la atribución de privar a todos los senadores de su prerrogativa de dar consejo y consentimiento a un secretario de Estado. “Por primera vez en la historia (Pierluisi) fue designado (secretario de Estado), con el fin expreso de que en poco más de 48 horas sustituir a quien lo nominó al cargo”, expresó.

Pierluisi fue nombrado para ocupar la secretaría de Estado poco antes de que el hoy exgobernador Ricardo Rosselló saliera de su cargo con miras a que se convirtiera en primer ejecutivo. El pasado viernes la Cámara de Representantes confirmó su nominación sin el aval del presidente Carlos “Johnny” Méndez y con una declaración jurada como único documento procesal.

En cambio, el Senado decidió el lunes pasado no bajar a votación dicho nombramiento y esperar por la determinación del Tribunal Supremo.

De los nueve jueces que componen el alto foro judicial, tres fueron nombrados bajo administraciones del PPD y seis bajo el gobierno novoprogresista de Luis Fortuño.

“El hecho de que el licenciado Pedro Pierluisi haya sido designado mientras la Asamblea Legislativa estaba en receso no le permite evadir el mandato constitucional y ascender al cargo de gobernador sin cumplir con lo estipulado en nuestra Constitución”, añadió Bhatia.

Precisamente, el nombramiento en receso legislativo fue uno de los argumentos que utilizó Pierluisi en su alegato para justificar su juramentación al cargo de gobernador el viernes pasado.

Mandato al consenso

En tanto, el Colegio de Abogados y Abogadas estableció en su petición que concurre con el motivo de la demanda del Senado. “La Constitución es un mandato al consenso y no invitación a que una rama de gobierno intente imponerle de forma unilateral su criterio a otra rama”, lee el documento que contiene la firma de su presidente, Edgardo Román Espada.

Los jueces del Supremo tienen total discreción sobre acoger cualquier petición de amigos de la corte.

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