Junta fiscal

El presidenet de la Junta de Control Fiscal, José Carrión (al frente) durante la reunión pública en el Centro de Convenciones, en la que el ente fiscal presentó su plan de reestructuración de la deuda de Puerto Rico.

Tras haberse radicado el plan de ajuste del gobierno central para reestructurar $35,000 millones de deuda y reclamaciones, así como $50,000 millones en obligaciones de pensiones a los retirados, el gobierno dio marcha atrás en su oposición a los recortes a las pensiones, por entender que no se sostiene.

El plan —entre otras cosas— dispone una reducción de pensión del 8.5% para los retirados que devengan más de $1,200 al mes y que había sido acordado por el Comité Organizado de Retirados (COR) y la Junta Federal de Control Fiscal, por lo que el 60% de los jubilados no enfrentarían ningún recorte.

A pesar de que el gobierno se oponía a cualquier ajuste a las pensiones, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, aseguró que “a esta etapa, y tras el COR haber negociado con la junta, insistir en una política de no recorte a las pensiones ya no se sostiene”.

“De no avalarse el acuerdo, el recorte que procedería sería de 10%. Ellos entienden que el acuerdo con la junta es lo que les conviene y nosotros tenemos que aceptarlo. Insistir sería irnos en contra de ese acuerdo y abriría la puerta a que esos acreedores puedan pedir un recorte adicional, porque la deuda va primero. Se requiere desprendimiento y ver las cosas en ese contexto”, expresó Marrero.

Aparte del acuerdo con el COR, el documento sometido incluye los acuerdos que el ente federal alcanzó con la Coalición de Deuda Constitucional Legítima, el Grupo de Bonistas QTCB y el sindicato Servidores Públicos Unidos.

Las expresiones de Marrero fueron avaladas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien recomendó la aprobación del plan de ajuste del ente fiscal. Vázquez —a diferencia del exgobernador Ricardo Rosselló— se ha destacado por mantener una política de colaboración con la junta federal y —aunque no apoya los recortes— alegó que respeta los acuerdos alcanzados.

Para el beneficio de los retirados, el plan fortalece las pensiones estableciendo un fideicomiso independiente de reserva de pensiones para garantizar que los beneficios de PayGo se puedan pagar independientemente de la situación económica o política. La entrega depende del cumplimiento de las proyecciones económicas.

“Entendemos los riesgos”

“Estábamos en contra de cualquier tipo de recortes, pero entendemos los riesgos de este proceso. Hay unos grandes beneficios con el recorte de la deuda y el proceso de la restauración de beneficios también pudiese ser beneficioso. Estamos analizando los riesgos y beneficios de esta transacción, pero queremos correr el proceso de mediación y la finalización del Titulo III”, comentó Elí Díaz Atienza, representante del gobierno ante la junta fiscal.

Por su parte, el presidente del organismo, José Carrión III, explicó que el plan radicado provee un marco para reducir la deuda pública de la Isla a niveles sostenibles y proporciona un camino para salir de la quiebra. Además, reduce las obligaciones totales de $35,000 millones del territorio en bonos y otras reclamaciones en más del 60%, a $12,000 millones.

“Esto es en esencia el final de la bancarrota de Puerto Rico. Es la culminación de tres años de trabajo arduo. Esto es un paso esencial, pero es simplemente un documento. De por sí no levanta la economía, pero ciertamente no hubiese camino hacia el futuro si no salimos de la deuda”, indicó Carrión.

Recorte del 60%

Las obligaciones del gobierno se reducirán de $35,000 millones a $12,000 millones, lo que representa un 60% menos. Esto —añadido a la reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina)— deberá llevar el pago anual de deuda a un 9% de los ingresos propios de la Isla. Previo al establecimiento de la ley federal Promesa, el pago era un 30% de los ingresos propios.

Pagos anuales de $1,500 millones

Asimismo, la obligación anual del pago de la deuda ascendente a $72,000 millones quedaría reducido a $1,500 millones por los próximos 30 años, en lugar de los $4,200 millones que procedían si no se reestructuraba la deuda.

El servicio de la deuda combinado de las acreencias del gobierno y Cofina se reduce de $82,000 millones a $44,000 millones durante un período de 30 años, lo que a juicio del ente fiscal garantiza la sostenibilidad a largo plazo.

El plan también reestructura los bonos de obligación general (GO), las reclamaciones de reembolso contra el territorio, los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), los bonos del Sistema de Retiro de Empleados (SRE) y las reclamaciones generales no garantizadas contra el territorio. Los bonistas individuales locales —se indicó— tienen la oportunidad de recibir bonos tributables con pagos mensuales de interés.

Pendiente la competitividad

“No es una panacea. Todavía Puerto Rico tiene que atender un problema de competitividad y trabajar duro hacia adelante. Es una condición necesaria, pero no suficiente para mover el desarrollo económico. Depende de que todo el mundo haga su trabajo, no solo el gobierno con sus números, sino pensionados, trabajadores, la prensa vigilando que se hagan esas aportaciones”, agregó José Ramón González, integrante del ente federal.

La presentación del plan de ajuste se da a poco menos de dos semanas para que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pase revista sobre la constitucionalidad de los nombramientos de los siete integrantes actuales de la Junta Federal de Control Fiscal y las acciones y determinaciones que han entrado en vigor.

La votación para la aprobación del documento —que fue radicado ante la jueza federal Laura Taylor Swain— fue unánime y se dio a puerta cerrada, no durante la decimoséptima reunión pública que convocaron en el Centro de Convenciones para discutir y ampliar detalles sobre el plan.

“El plan de ajuste que radicamos y el apoyo que negociamos con los retirados, uniones y ciertos bonistas es un primer paso importante para restaurar la solvencia y crear el tipo de certeza que las empresas necesitan para invertir y el tipo de estabilidad que la gente de Puerto Rico necesita para lograr prosperidad”, concluyó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta federal.