Segundo Rodriguez

La Comisión de Salud de la Cámara radicó ayer su último informe en relación a las compras millonarias de pruebas rápidas de Covid-19 a Apex General Contractors y otras compañías ampliamente cuestionadas por sus presuntos vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP).

El documento de 138 páginas refiere de manera general a las autoridades federales y estatales a 11 personas que depusieron en las extensas vistas públicas que efectuó esa comisión cameral desde finales de marzo, aunque no detalla a qué agencia de orden público fue referido cada uno de ellos.

Detalla, sin embargo, que los funcionarios de la Rama Ejecutiva y contratistas del gobierno mencionados como parte del mismo serán referidos a la  Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Contralor de Puerto Rico, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y al Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

“Por encima de consideraciones partidistas, intrapartido o interpartido, se tiene que evaluar el desempeño de los funcionarios y personas privadas que intervienen en estas transacciones y se adjudiquen responsabilidades por irregularidades con los fondos públicos y violaciones a las leyes y reglamentos”, reaccionó el presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales. 

Apuntan a Segundo Rodríguez

El coordinador del ‘task force’ médico de La Fortaleza, Segundo Rodríguez Quilichini, fue referido por supuestas violaciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental. Se le imputa intervención indebida en las operaciones gubernamentales, usurpación del cargo público, influencia indebida, incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber. 

La comisión señala que Rodríguez se excedió en su ejecutoria de las facultades y deberes que le otorgó La Fortaleza al integrarlo al ‘task force’ médico y que incumplió con su deber de brindar asesoría médica al gobierno, ya que nunca se aseguró de que las pruebas rápidas de coronavirus cumplieran con los parámetros de la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). 

También menciona que Rodríguez fue quien refirió a Apex —empresa protagonista de la fallida compra de pruebas rápidas por $38 millones— para que hiciera negocios con el Departamento de Salud. 

Ojo a la Secretaría de la Gobernación

Igualmente, el informe refiere a la subsecretaria de la Gobernación, Lilliam Sánchez y al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón. A ambos se les imputa que, en común acuerdo, incumplieron con su deber de fiscalizar contratos de servicios profesionales y específicamente en aquellos que superan los $10,000. 

Especifica que los funcionarios pudieron haber violado dos disposiciones del Código Penal relacionados a incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber. También menciona posibles violaciones de ambos a la Ley de Ética Gubernamental. 

En la mira dos empresarios

Además, la Comisión de Salud refiere a las autoridades al supuesto representante legal de Apex, Juan Maldonado y al dueño de dicha empresa, Robert Rodríguez. Ambos protagonizaron un chat en el que se burlaron de la situación de emergencia que atravesaba la Isla y de cómo se beneficiarían de esta.

juan maldonado 2

Sobre Maldonado, quien es representado por la abogada Mayra López Mulero, el informe detalla aparentes violaciones al Código Penal por falsedad ideológica y falsificación de documentos. También se le imputan violaciones al Código de Ética de la abogacía, a la Ley Notarial y al Código Político por presunto perjurio. 

Mientras, Rodríguez, presidente de Apex, se dice que actuó “en concierto y común acuerdo” con Maldonado para defraudar al gobierno y de esta manera beneficiarse económicamente de la transacción fraudulenta. 

Las posibles violaciones de Rodríguez al Código Penal son fraude, falsificación de documentos y falsedad ideológica, según el informe cameral. 

Juan Ramón Acevedo, abogado de Rodríguez, dijo ayer a EL VOCERO que “no puedo comentar sobre algo que no he visto” y reafirmó que su cliente está cooperando con las autoridades estatales y federales. Igualmente, acusó a la Comisión de Salud de no honrar lo que su cliente discutió en vista ejecutiva.

“Pusieron sus intereses políticos por encima de la investigación que están llevando a cabo las autoridades y él seguirá cooperando como lo ha hecho hasta ahora”, afirmó. 

La comisión también refirió al presidente de la compañía 313 LLC, Ricardo Vázquez, por supuestas violaciones al Código Penal por falsedad ideológica. También al Código Político tras resistirse a cooperar con la pesquisa legislativa en relación a la compra de pruebas en Salud. 

Se suman funcionarios

A la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos, se le imputa negligencia en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos. Mientras que al exadministrador de Servicios Generales y actual director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Ottmar Chávez, se le atribuye malversación de fondos públicos, negligencia en el cumplimiento del deber y violación a la Ley de Contabilidad. 

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Otros funcionarios y exfuncionarios referidos fueron el secretario auxiliar de contabilidad del Departamento de Hacienda, Alfonso Rossy; la exempleada del Departamento de Salud y de La Fortaleza, Mabel Cabeza y la ayudante especial del Negociado de Manejo de Emergencias, Guarina Delgado García.

Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.