Rossana López

La senadora por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López León, denunció hoy, que la empresa naviera Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminal (PRT), una filial de Tote Maritime, supuestamente conspiran para quedarse con todo el negocio de carga del puerto de San Juan, lo que les daría el control del 90% de todos los suministros que llegan a Puerto Rico.

Durante una conferencia de prensa realizada en la mañana de hoy en la sede de la Pava, en Puerta de Tierra, la senadora indicó que las compañías Tote y LAC, sumadas a Crowley Maritime, crearían un virtual monopolio de todo lo que llega a Puerto Rico, desde artículos de construcción y carga general.

“Imagínense que la crisis alimentaria causada por el Huracán María sea una permanente, con solamente dos socios (Crowley Maritime y la nueva Puerto Rico Terminal) controlando el puerto de San Juan, esa es la grave amenaza que se cierne sobre todo Puerto Rico, con el silencio cómplice del gobierno de Ricardo Rosselló”, expresó López León.

De acuerdo a la página web de la agencia Federal Maritime Commission (FMC), LAC y PRT formarán Puerto Nuevo Terminals (PNT), una compañía de responsabilidad limitada en la Isla, para operar un terminal marítimo y proporcionar contenedores de estiba, terminales y servicios relacionados en el Puerto de San Juan, Puerto Rico.

La FMC, además, indica que en su plataforma digital que el propósito de este acuerdo es establecer los términos y condiciones en el que operará PNT, así como los acuerdos de las partes sobre los servicios que se prestarán.  

“Esta conspiración para monopolizar el manejo de carga en los muelles se radicó el pasado 27 de marzo y la agencia federal tiene 14 días laborales (hasta el próximo 16 de abril) para aprobar un acuerdo que pone en manos de estas dos empresas el control completo de los puertos de San Juan, nuestra principal entrada de los alimentos que consumimos los puertorriqueños”, dijo la también candidata popular a la alcaldía de San Juan.

“Esta es una amenaza terrible y el gobierno de Ricardo Rosselló tiene que estar al tanto de esta amenaza, puesto que la Autoridad de los Puertos se supone que esté supervisando lo que pasa en dichas instalaciones, no sólo en el muelle de San Juan, sino en todo Puerto Rico”, añadió.

La senadora mencionó que antes del año 1995, la Maritime Commission se encargaba de regular la entraga de carga a Puerto Rico, luego de eso, Puerto Rico pasó a ser regulado por la ‘Surface Transportation Board’, o sea el comercio de trenes. Este nuevo acuerdo, según dijo, sometido entre estas dos compañías Tote y Luis Ayala Colón, junto a Crowley, le daría el control absoluto del muelle de Puerto Nuevo-San Juan y de su tráfico.

“De aprobarse esta grave amenaza a Puerto Rico, les daría a estas dos empresas incluso el control de las tarifas de la descarga y descarga de los contenedores, los servicios y hasta los horarios de los barcos, los horarios para sacar las mercancías del puerto y quién entraría al puerto de San Juan. Y lo peor, los barcos internacionales no tendrían prioridad en la entrada y todo esto sucedería sin ninguna supervisión”, abundó.

A juicio de la legisladora, la Autoridad de los Puertos ha demostrado que después que se le pague su renta por los puertos, no le importa nada más. La función de la Autoridad de los Puertos es fiscalizar y eso no está pasando.

“El desarrollo económico de Puerto Rico se impulsará mediante competencia, para lograr mejores condiciones y precios y no de la concentración de poder de dos empresas marítimas que demostraron luego del Huracán María, que no tenían la disponibilidad de barcos necesarios para suplir suministros a los negocios y a la población en general. Sin olvidar que estas dos empresas fueron precisamente quienes fueron acusados de monopolio años atrás”, sostuvo.

En esa línea, detalló que reportes de prensa indican que Tote y Crowley se pusieron de acuerdo en aumentar artificialmente los precios y estrangulando el comercio, y por añadidura, el empleo de los puertorriqueños.

La senadora explicó que del 2011 al 2014 se descubrieron las irregularidades en el cobro a clientes y los pagos remitidos a la Autoridad de los Puertos, que en el caso de Crowley fue una cantidad cercana a los $2 millones. Agregó que, para el año 2015, el secretario auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, Jesús Alvarado Rivera, informó que durante la investigación se identificaron irregularidades no tan solo con el cobro, sino también con la facturación del “cargo por seguridad mejorada”, también conocido como “scanning fee”, aprobado en el 2011 por la Autoridad de los Puertos.

“Por otro lado según, el acuerdo propuesto y debido a las áreas grises de las regulaciones, dependiendo cómo se aplican las reglas a la carga doméstica o internacional, se podrá llevar a cabo acciones de monopolio sin consecuencias, al ponerse de acuerdo en precios. Este acuerdo sometido por estas empresas niega un futuro de desarrollo económico para Puerto Rico”, añadió.

Además, López León anunció que estará radicando una resolución conjunta para que se lleven a cabo todas las acciones pertinentes en torno a este acuerdo que está por aprobarse. También indicó que enviará una carta a la FMC, el Departamento de Justicia Federal y Estatal, sobre lo “peligroso” que sería para Puerto Rico el que se apruebe un acuerdo como este.