Rosselló

Aunque salió de la gobernación y de Puerto Rico sin hacer mucho ruido, el renunciante gobernador Ricardo Rosselló firmó 66 leyes desde que comunicó su renuncia en la medianoche del 24 de julio hasta abandonar su término sin completarlo el 2 de agosto.

De estas 66 leyes, Rosselló firmó 58 leyes en un solo día, justo en la víspera de su salida. Estas medidas se firmaron a oscuras del ojo público y en momentos en que el saliente mandatario mantuvo silencio ante los insistentes pedidos de la prensa para hablarle al País.

Entre estas leyes, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, destacó la firma en las leyes 122 y la 141, que reducen la obligación del Estado de hacer públicas sus acciones, limitando así los derechos constitucionales al acceso de información y al ejercicio de la libertad de prensa.

“Los últimos días de su gobernación, después de anunciada su renuncia, hubo aún menos transparencia de parte de Rosselló, fue aun peor porque no sabemos con quién se reunió, qué decisiones tomó aun cuando el pueblo estaba en las calles exigiendo respeto. No sabemos siquiera qué indultos concedió ni qué contratos firmó”, señaló Blondet.

Blondet denunció que la organización que dirige y otras organizaciones, entre ellos los gremios periodísticos, pidieron a Rosselló que no firmara ambos proyectos por no cumplir con los principios de acceso a la información pública reconocidos local e internacionalmente.

“El derecho a la información pública es un derivado del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, así lo expresó el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando le otorgó el rango de derecho constitucional al acceso a la información pública en 1982. La firma de Rosselló de las leyes de transparencia y datos abiertos, puede presentar otra controversia que deberá resolver nuestro más alto Tribunal, puesto que son leyes que en efecto limitan derechos de estirpe constitucional”, indicó Blondet.

Entre otras cosas, la llamada Ley de Transparencia elimina la posibilidad de solicitar información pública de forma verbal, uso y costumbre en la mayoría de los casos cuando se trata de miembros de la prensa, y en el proceso legislativo de enmiendas al proyecto original eliminó sanciones administrativas que incluían una multa de $250 a quien obstruyera el flujo de información pública.

Eliminó, a su vez, la garantía de que si la información pública es de fácil acceso se omita el trámite burocrático creado por la mima ley y se entregue la misma de inmediato.

En el caso de la Ley de Datos Abiertos, se enumeran 12 excepciones a la debida divulgación de datos, ampliando incluso las contenidas en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA). Por tanto, el efecto neto de estados dos leyes es el de dificultar el acceso a la información pública de manera rápida.

Sobre las otras 64 leyes, Blondet destacó que figuran muchas cuyo alcance real se desconoce pues ni siquiera han sido divulgadas por el Departamento de Estado, que ha estado prácticamente acéfalo desde la salida de Luis Rivera Marín a fines de julio en medio del escandaloso chat entre Rosselló, funcionarios públicos, asesores y cabilderos que terminó forzando al propio gobernante a dimitir.

El Código Político de Puerto Rico impone a quien ocupe la secretaría de Estado la obligación de promulgar todas las leyes decretadas por la Asamblea Legislativa y firmadas por el Gobernador de Puerto Rico.

“Mediante la impresión y distribución de todas las leyes, el Departamento de Estado cumple a cabalidad con la obligación impuesta. No obstante, hemos querido dar un paso más en nuestro desempeño y permitirle a la ciudadanía acceder a la legislación aprobada a través de la Internet de forma gratuita”, lee el sitio web del Departamento de Estado, donde, sin embargo, todavía no están disponibles las leyes nuevas.

Espacios Abiertos, que actualmente mantiene un pleito abierto contra el gobierno de Puerto Rico por la falta de transparencia en los asuntos públicos, analiza posibles acciones a tomar ante este nuevo atentado contra el pueblo.