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Organizaciones ambientales y expertos pidieron ayer a la gobernadora Wanda Vázquez que no firme un proyecto legislativo que crea el Corredor Costero de Manatí y que modifica los límites de la reserva natural Mar Chiquita en ese municipio y de otros terrenos colindantes.

El Proyecto del Senado 1643 (PS 1643) fue aprobado el pasado jueves en la Asamblea Legislativa y será enviado a La Fortaleza para la evaluación del Ejecutivo. La medida -que recibió los votos en contra de las minorías políticas en Cámara y Senado- cambia los planes de ordenamiento territorial en la costa manatieña.

Según el trámite legislativo, el proyecto fue radicado por petición mediante el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y los senadores novoprogresistas del distrito de Arecibo, Ángel “Chayanne” Martínez y José Pérez Rosa. En su lenguaje, incluye cambios de clasificación de suelos que se alega reducen la preservación ambiental que ofrecen los planes territoriales a las reservas Mar Chiquita, Laguna Tortuguero y otras áreas costeras de alto valor ecológico y recreativo.

La región de Mar Chiquita está compuesta por acantilados, dunas, franjas de bosque y un área de manglar. En el área también se ubican varias especies en peligro de extinción y ha sido clasificada como suelo rústico. Además, es parte del Área de Planificación Especial de la Zona Cársica.

Soledad Gaztambide, de la organización Para La Naturaleza, pidió a la primera ejecutiva que no apruebe la medida sin el análisis requerido. “La ley propuesta modifica y no sigue las directrices del Plan de Uso de Terrenos. Independientemente de los méritos que pueda tener el proyecto, solicitamos a la gobernadora que no se apruebe esta medida sin el análisis y la participación pública correspondiente”, expuso.

Dijo que le preocupa la celeridad con que esta medida compleja pasó a través de la Legislatura sin evaluarse los cambios al ordenamiento territorial. “Son muchas las herramientas que cambian la calificación y clasificación del suelo, y en ese sentido, además de vistas públicas en la Legislatura, hay otros métodos a través de las agencias para enmendar y cambiar esos planes. Están haciendo esos planes sin que uno se dé cuenta”, afirmó Gaztambide.

La pieza legislativa fue aprobada en menos de una semana y sin que la Cámara o el Senado la discutieran en vistas públicas.

“Todos los cambios de calificación propuestos reducen la protección ambiental. Entonces, por un lado lo venden como un proyecto ambiental y con elementos de desarrollo económico y de turismo sostenible, pero en realidad los cambios propuestos reducen la protección ambiental que ofrecen las herramientas actuales sin que haya ese debido proceso de participación pública y de análisis”, abundó Gaztambide en entrevista con EL VOCERO.

“No entienden la importancia”

El ambientalista Juan Rosario opinó que la controversia con este tipo de tema surge por los intereses económicos, cuya intención única es ganar dinero sin consideraciones ambientales. “En nuestro país y en gran parte de los países capitalistas del mundo se rinden bajo esos intereses individuales y de pronto tenemos unos legisladores que no entienden la importancia de preservar el medio ambiente”, expresó.

“Nosotros no tenemos que proteger la Madre Tierra porque ella sola va a sobrevivir. Lo que pasa es que si le hacemos mucho daño a la Madre Tierra, nosotros somos los que vamos a perecer. Ellos (los legisladores) no entienden eso y hay esta tendencia a no tomar en cuenta nada que no sea lo inmediato y el interés particular. Así sacrificamos nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos, incluso el desarrollo económico que dura para favorecer intereses a corto plazo”, señaló.

En tanto, el abogado ambiental Pedro Saadé manifestó en una entrevista radial (Radio Isla) que el proyecto afectaría más de 35,000 cuerdas y se mostró sorprendido por una disposición de la medida que ordena al gobierno modificar el plan de uso de fondos federales para dar preferencia a los proyectos del municipio.

“Es un desastre desde el punto de vista de planificación, ambiental y también de uso de fondos públicos. Este proyecto lo que hace es ordenar al municipio crear un Plan de Uso de Terrenos que descarta o modifica los instrumentos de planificación, reservas naturales y protecciones de calificación de terrenos y ambiental que existen para crear un nuevo plan”, expresó.

Dice que quiere comprar

Mientras tanto el alcalde de Manatí, José Sánchez, afirmó que la intención de la pieza senatorial no es vender Mar Chiquita ni esa costa manatieña. Mencionó que el propósito es que el municipio pueda comprar parte del estacionamiento y las cuevas de Mar Chiquita, que actualmente pertenecen a un ente privado.

“Sé que se ha interpretado como si la playa fuera del gobierno y el gobierno la va a vender, pero esa área es privada. Lo que quiere el municipio es comprarla para perpetuarla para el municipio de Manatí y que de manera gratuita, pero con algunas mejoras, podamos tenerlas para el disfrute. Que nadie la pueda privatizar porque cuando se haga pública podrían haber unos sitios con luz, agua y baños adecuados. Es lo que queremos y ahora no lo podemos hacer porque es privado”, expresó.

Dijo que su intención es organizar el área y preparar unas “veredas ecoamigables”, aunque para ese plan de desarrollo adelantó que haría vistas públicas.

“Quiero que quede claro que mientras sea alcalde yo sería el primero que me opondría a que se desarrolle algo en esa área de la costa que vaya en contra de los principios de nuestra naturaleza y lo que está allí”, afirmó Sánchez.

Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.