Luego de la celebración del feriado de la Constitución de Puerto Rico este próximo sábado y los acontecimientos que se generen en torno al cumplimiento de la orden ejecutiva vigente y los protocolos impuestos ante la pandemia de Covid-19, el gobierno pudiese imponer acciones más restrictivas tan pronto como el próximo martes, aseguró a EL VOCERO Ramón Leal, vicepresidente senior de International Restaurant Services, Inc. (IRSI).

Según el ejecutivo, el cierre comercial parcial del domingo y las restricciones adicionales impuestas a los restaurantes —que los devuelven a la fase 2 de reapertura, cuando no podían vender bebidas alcohólicas ni abrir sus áreas de salón comedor— son una prueba para medir el comportamiento de las personas y monitorear la curva de hospitalizaciones y contagios de Covid-19.

Si la curva de contagios no comienza una tendencia a la baja, las hospitalizaciones no se estabilizan por debajo del 50% de la capacidad de los hospitales y la conducta de las personas sigue descontrolada, el próximo martes —en la reunión que ya está acordada entre jefes de agencia, el sector comercial, el ‘task force’ médico y el ‘task force’ económico—, la gobernadora Wanda Vázquez Garced estaría implementando medidas más fuertes de manera inmediata, sin esperar al 31 de julio, que es la fecha en la que finaliza la orden ejecutiva vigente.

“Si la gobernadora entiende que es necesario el cambio, lo hará de inmediato. Mientras tanto, la Policía y las agencias gubernamentales estarán pendientes para intervenir en todos aquellos negocios que estén en incumplimiento, desobedeciendo el distanciamiento social y el uso de mascarillas. De esto no mejorar, esperemos medidas más restrictivas”, afirmó Leal, quien no conoce la hora exacta en que se efectuará la reunión, de la cual será partícipe.

Futuro incierto para los negocios

El ejecutivo aseguró que una vez culmine la crisis del Covid-19, el saldo para su industria es uno devastador, que impacta de manera inmediata el fisco estatal, así como el de los municipios. Acorde con sus proyecciones, sobre 1,000 restaurantes no podrán reabrir, dejando un estimado de sobre 25,000 a 30,000 personas sin trabajo, entre empleos directos e indirectos. A ello sumó el impacto a los municipios por concepto de los recaudos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), patentes y en algunos casos el alquiler de propiedades.

Asimismo, Leal mencionó el impacto al erario por concepto del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y otros impuestos. También sumó la merma significativa en las compras a la agricultura local de productos que van desde vegetales y leche hasta las carnes.

Para Leal, otra gran preocupación es el impacto a los bienes raíces, tanto en los centros comerciales como en los cascos urbanos de los pueblos. “Estos cierres representan la entrega de locales comerciales, muchos de los cuales tomarán un tiempo prolongado para volverse a alquilar, lo que desvalora el resto de las propiedades. Ahora mismo ya se está haciendo sentir el impacto del Covid en muchos centros comerciales y áreas industriales, cuyos cierres se han materializado. Este sector impacta innumerables otras industrias”, dijo.

Agregó que “otra área que se verá afectada será la de seguros. Los comerciantes adquieren innumerables seguros para garantizar sus activos y sus inventarios”. 

reportera