Segundo Rodríguez

El Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del ‘task force’ médico.

La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes radicó hoy su último informe en relación a las compras millonarias de pruebas rápidas de Covid-19 a Apex General Contractors y otras compañías ampliamente cuestionadas por sus alegados vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP).

El documento de 138 páginas refiere de manera general las autoridades federales y estatales a 11 personas que depusieron en las extensas vistas públicas que efectuó esa comisión cameral desde finales de marzo, aunque no detalla a qué agencia de orden público fue referido cada uno de ellos.

Detalla, sin embargo, que los funcionarios de la rama Ejecutiva y contratistas del gobierno mencionados como parte del mismo serán dirigidos a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Oficina del Contralor de Puerto Rico, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Por encima de consideraciones partidistas, intra-partido o inter-partido, se tiene que evaluar el desempeño de los funcionarios públicos y personas privadas que intervienen en estas transacciones y se adjudiquen responsabilidades por irregularidades con los fondos públicos y violaciones a las leyes y reglamentos”, reaccionó el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales.

Apuntan a Segundo Rodríguez

El coordinador del ‘Task Force Médico’ de La Fortaleza, Segundo Rodríguez Quilichini, fue referido por supuestas violaciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental. Se le imputa intervención indebida en las operaciones gubernamentales, usurpación del cargo público, influencia indebida, incumplimiento al deber y negligencia en el cumplimiento del deber.

La comisión señala que Rodríguez se excedió de su ejecutoria de las facultades y deberes que le otorgó La Fortaleza al integrarlo al 'Task Force Médico' y que incumplió con su deber de brindar asesoría médica al gobierno ya que nunca se aseguró de que las pruebas cumplieran con los parámetros de la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés).

También menciona que Rodríguez fue quien refirió a Apex- empresa protagonista de la fallida compra de pruebas rápidas por $38 millones, para que hiciera negocios con Salud.

Ojo a la Secretaría de la Gobernación

Igualmente, el informe refiere a la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez y al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón. A ambos se les imputa que, en común acuerdo, incumplieron con su deber de fiscalizar contratos de servicios profesionales y específicamente en aquellos que superan los $10,000.

Especifica que los funcionarios pudieron haber violentado dos disposiciones del Código Penal relacionados a incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber. También menciona posibles violaciones de ambos a la Ley de Ética Gubernamental.

Los empresarios del chat

Además, la Comisión de Salud refiere a las autoridades al alegado representante legal de Apex, Juan Maldonado y al dueño de dicha empresa, Robert Rodríguez. Ambos protagonizaron un chat en el que se burlaron de la situación de emergencia que atravesaba la Isla y de cómo se beneficiarían de la misma.

Sobre Juan Maldonado, quien es representado por la abogada Mayra López Mulero, el informe detalla aparentes violaciones al Código Penal por falsedad ideológica y falsificación de documentos. También se le imputan violaciones al código de ética de la abogacía, a la Ley Notarial y al Código Político por perjurio.

Mientras que de Rodríguez, presidente de Apex, dice que este actuó "en concierto y común acuerdo" con Maldonado para defraudar al gobierno y de esta manera beneficiarse económicamente de la transacción fraudulenta.

Las posibles violaciones de Rodríguez al Código Penal son fraude, falsificación de documentos,y falsedad ideológica, según el informe.

Juan Ramón Acevedo, abogado de Rodríguez, dijo esta tarde a EL VOCERO que "no puedo comentar sobre algo que no he visto" y reafirmó que su cliente esta cooperando con las autoridades estatales y federales. Igualmente, acusó a la Comisión de Salud de no honrar lo que su cliente discutió en vista ejecutiva ante la comisión.

"Pusieron sus intereses políticos por encima de la investigación que están llevando a cabo las autoridades y él seguirá cooperando como lo ha hecho hasta ahora", afirmó.

La comisión además refirió al presidente de la compañía 313 LLC, Ricardo Vázquez, por alegadas violaciones al Código Penal en la disposición de falsedad ideológica. También al Código Político tras resistirse a cooperar con la pesquisa legislativa en relación a la compra de pruebas en Salud.

Se suman funcionarios

A la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris Santos, se le imputa negligencia en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos. Mientras que al exadministrador de Servicios Generales (ASG), Ottmar Chávez, se le atribuye malversación de fondos públicos, negligencia en el cumplimiento del deber y violación a la Ley de Contabilidad.

Otros funcionarios referidos fueron el secretario auxiliar de contabilidad del Departamento de Hacienda, Alfonso Rossy; la exfuncionaria del Departamento de Salud y empleada de La Fortaleza, Mabel Cabeza y la ayudante especial del Negociado de Manejo de Emergencias, Guarina Delgado García.

Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.