José Luis Dalmau

El presidente del Senado, José Luis Dalmau 

Sin debate y luego de horas de negociaciones, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron esta noche una resolución de presupuesto general para el año fiscal 2021-2022, ascendente a los $10,112 millones, que no representa un acuerdo final entre los cuerpos legislativos, sino una estrategia para evitar que la Junta de Control Fiscal apruebe su propio presupuesto.

La resolución incluye los cambios realizados en el Senado sobre las partidas presupuestarias y un lenguaje restrictivo incluido en la Cámara de Representantes, para que el Ejecutivo tenga que acudir a la Legislatura si desea modificar o reprogramar asignaciones presupuestarias.  

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ambos cuerpos votó en contra de la resolución conjunta y se anticipa que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia tampoco firmará la medida.

En la Cámara de Representantes, el informe del Comité de Conferencia se incluyó en el calendario de votación final y quedó aprobado con 27 votos de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y de la representante del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos. Además, rechazaron la medida el representante Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), compuesta por Mariana Nogales y José Bernardo Márquez.

En cambio, en el Senado recibió 14 votos a favor y 13 votos en contra de la delegación del PNP, así como los senadores del MVC, Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén. 

Previo a la aprobación del presupuesto 

“Hemos hecho un esfuerzo enorme en el Senado de Puerto Rico para trabajar un presupuesto que cuente con la participación de los demás partidos, que cuente con la aprobación de la Cámara de Representantes, que cuente con el visto del gobernador para que lo pueda firmar y que la Junta de Control Fiscal pueda certificar el primer presupuesto certificado en los pasados cuatro o cinco años”, dijo el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, en una conferencia de prensa previo a la votación del presupuesto.

Dalmau Santiago precisó que el Senado tiene una “versión incompatible” ahora mismo en el comité de conferencia con la versión de la Cámara de Representantes.

Mencionó que en la Cámara no tienen los votos para sacar unas enmiendas que se introdujeron y que tienen que ver con la reasignación de fondos en las agencias y con los cabilderos de la estadidad. Mientras, en el Senado si se incluye esa enmienda, se pone en peligro la aprobación del presupuesto y puede que no haya 14 votos para que se apruebe la medida porque los 10 votos de la delegación del PNP no estarían disponibles, advirtió.

“Así que, ante esa consideración, nosotros como delegación tenemos que poner en una balanza la siguiente situación: en el presupuesto que trabajó la Cámara y el Senado se lograron unas asignaciones de fondos que en una reunión en la mañana de hoy con la Junta de Supervisión Fiscal en su gran mayoría fueron aceptadas, modificadas o enmendadas”, aseveró.

Esas asignaciones logradas iban en la dirección de otorgarle fondos, según dijo, a la Universidad de Puerto Rico (UPR), a los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y hasta a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que fueron transferidos a otras agencias tras no aceptar laborar para la compañía LUMA Energy.

“Los fondos para los municipios, que necesitaban una partida de $44 millones, se consiguieron $22 millones y hay un lenguaje dentro de este presupuesto para identificar $22 millones adicionales para darle a los municipios el porciento que necesitan para equiparar los fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y de rehabilitación”, sostuvo.

También se había identificado los fondos para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, para los estudiantes y pacientes del Programa de Discapacidad Intelectual, para la comunidad sorda, para los programas de residencia de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la UPR y para el Concilio a la Población de Personas Sin Hogar.

“Eso es muy importante que esté en el presupuesto y de no llegar a un acuerdo el presupuesto que se aprobaría, que sería el de la junta, no contiene esas asignaciones. Así que poniendo en una balanza el país por encima de cualquier otra consideración, nosotros estamos hoy en la posición de aprobar un presupuesto con las enmiendas de la Cámara de Representantes si es que tenemos los votos a las 10:00 p.m., o antes porque a las 10:00 p.m. tenemos que someter el presupuesto, para entonces esperar que la Junta de Supervisión Fiscal nos emita una noticia de violación o aprobación de lo que hicimos esta noche”, sostuvo.

Dalmau Santiago dijo que en la reunión que hubo con la junta fiscal, la directora ejecutiva del ente, Natalie Jaresko, mencionó que no estaba de acuerdo con las enmiendas presentadas sobre el lenguaje de las transferencias entre las agencias. “Ella (Jaresko) dijo que ese lenguaje probablemente cuando ella se lo presentara a la junta no cumplía con el plan fiscal y la Ley Promesa y que podría traer un asunto burocrático”, mencionó.

Pero Dalmau Santiago afirmó que el problema es que, si se elimina ese lenguaje de las transferencias, la Cámara de Representantes no tendría los votos para aprobar la medida y el Senado puede que no los tenga si lo incluye. “Ante esa encrucijada, tenemos que tratar de salvar las fechas, el deadline de las 10:00 p.m., aprobando un presupuesto enmendado, aunque no haya un acuerdo final”, expresó.

Reunión con la junta fiscal 

Hoy el día arrancó prácticamente con una reunión entre la Junta de Control Fiscal y la Legislatura con miras a discutir los cambios que se le habían realizado a la resolución presupuestaria.

A su salida de la reunión los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara, Juan Zaragoza Gómez y Jesús Santa Rodriguez se mostraron “satisfechos” y anticipaban que había un buen ambiente para lograr la aprobación de esta. Explicaron que, en ese momento, el reto mayor era encontrar la fuente de donde iban a sacar el dinero para sufragar los cambios en las redistribuciones de partidas.

Sin embargo, el ambiente cambió en cuestión de horas y se produjo un tranque que obligó a la Legislatura a tener que pedir una extensión a la junta, pues no pudo cumplir con el plazo de las 6:00 p.m. Este tranque obligó que se iniciaran conversaciones entre la Legislatura con el ejecutivo nuevamente para tratar de llegar a un acuerdo, algo que finalmente no se dio.