SENADORA-ROSSANA-LOPEZ-LEON-MONOPOLIO-01-INS.jpeg

La aceptación por la Comisión Marítima Federal de la propuesta fusión de las empresas de carga marítima Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime, para crear la entidad Puerto Rico Terminals, representa un monopolio que operará en el muelle de San Juan, denunció hoy la senadora Rossana López León, del Partido Popular Democrático (PPD).

“Es un principio básico de la economía, los monopolios son malos para el consumidor”, aseguró López León, una consistente opositora a la Ley de Cabotaje, que tiene el fin de encarecer los costos de los productos que llegan a la Isla.

Consideró que esta unión representaría, junto a Crowley, la toma del 80 por ciento del muelle de San Juan, y la eventual posibilidad de aumento en los precios de los servicios y el poder de quién entra a los muelles.

“Estas son las mismas empresas que ya fueron convictas a nivel federal por ponerse de acuerdo para aumentar los precios, lo que se conoce como price fixing (fijación de precios), afectando a los consumidores”, dijo.

López León consideró que “si se atrevieron a cometer esa ilegalidad en el pasado, imagínense de qué son capaces si se aprueba el monopolio”.

La senadora por acumulación acudió a Washington en abril pasado para oponerse a la fusión, lo que dejó establecido en una carta a Rachel Dickon, secretaria de la Comisión Marítima Federal, que un monopolio en los muelles sería perjudicial para la economía de Puerto Rico.

“Por años he estado luchando contra los que le hacen daño al bolsillo de los puertorriqueños. Por eso impugnamos la intención”, añadió la senadora del PPD, precandidata a la alcaldía de San Juan en las elecciones de 2020.

Incluso, recordó, funcionarios de MIDA, por medio de su vicepresidente ejecutivo Manuel Reyes Alfonso, también hizo un reclamo público en contra de las intenciones de monopolio.

Reclamos similares han sido registrados por el Colegio de Abogados de Puerto Rico y la Asociación de Farmacias de la Comunidad, entre otros grupos profesionales y empresariales.

La administración del expulsado gobernador Ricardo Rosselló Nevares es cómplice de esto, ya que el subdirector de la Autoridad de los Puertos, Julián Bayne Hernández, admitió en vista pública en la Legislatura que desde el pasado 29 de marzo tuvieron conocimiento de esta grave amenaza a la economía de Puerto Rico y no fueron a la Comisión Marítima Federal a impugnar esta conspiración contra el bolsillo de los puertorriqueños.

“Tampoco La Fortaleza ni el Departamento de Justicia, siendo la hoy gobernadora (Wanda Vázquez Garced) la cabeza de ese departamento, cumplieron con su responsabilidad. Ahora, el director de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira Zayas, tiene que explicarle al país por qué no defendió a los consumidores cuando pudo hacerlo”, reclamó la senadora de oposición.