Domingo Emanuelli

El gobierno no ha logrado procesar decenas de miles de documentos en el Registro de la Propiedad, una tarea que se suponía comenzara en febrero del año pasado y que se detuvo con la llegada del Covid-19.

Acabar con la acumulación de estos documentos es una de las prioridades identificadas por la Junta de Control Fiscal para mejorar el proceso de hacer negocios en Puerto Rico. El Registro es una dependencia del Departamento de Justicia y su principal función es inscribir los documentos relacionados a las transacciones de bienes inmuebles en la Isla.

El designado secretario de Justicia Domingo Emanuelli afirmó que el proyecto anunciado en febrero de 2020 se paralizó a las pocas semanas a causa del cierre provocado por la pandemia.

También reconoció que los miles de documentos sin procesar son un impedimento para el desarrollo económico del País.

“Ahora mismo hay pendientes de inscribir 300,000 documentos. De las secciones que tenemos, 12 de las 29 se encuentran al día. Actualmente se reciben cerca de 11,000 documentos mensuales para inscripción y se están procesando 15,000 mensuales”, detalló.

El secretario, quien fue designado en enero a dirigir la agencia, afirmó que trabajan una propuesta legislativa para agilizar la inscripción de documentos.

“Esto afecta la economía del País. Vamos a proponer un proyecto de ley para agilizar las inscripciones, pero con unas salvaguardas para que a la vez que se agilice la inscripción, se mantenga la seguridad en el tracto del registro”, afirmó.

Hace falta personal

El secretario aseguró que uno de los asuntos que retrasa la inscripción es la falta de personal, lo que se pretendía subsanar con la contratación de estudiantes universitarios.

“Ahora mismo hay 300 empleados en esta área y 37 registradores de la propiedad”, detalló. “En algunos casos el registro se hace manual, pero siempre tiene que calificarse. Creo que hay varios elementos que abonan a esto. Hay registradores que están sacando el trabajo rápidamente. Hay otros que tienen que ser un poco más activos al calificar los documentos. Hay muchos documentos de mucha complejidad que requieren la intervención de una o más personas y son voluminosos. Ese documento atrasa otro tipo de trabajo en el registro”, puntualizó.

En febrero del año pasado la entonces secretaria de Justicia, Dennise Longo, firmó un acuerdo con la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la junta fiscal para la contratación de 130 estudiantes universitarios que trabajarían agilizando el trámite de los documentos. Con el desembolso de $383,100 liberados por la junta fiscal, contratarían además cinco notarios públicos y cinco supervisores. También anunciaron que Justicia tendría $2 millones para utilizar en gastos relacionados a la iniciativa.

Emanuelli dijo que habló con el director del Registro, Joaquín del Río, “y me indicó que ya comenzó de nuevo con un proyecto y que se propone traer entre 20 a 30 estudiantes porque estamos con la pandemia”.

“Una vez pase esto de la pandemia, me dice que esperaría extenderlo a 80 estudiantes. No cree que sea prudente llevarlo a 130 estudiantes porque tendría que generar un doble horario y sería muy oneroso”, explicó.

Edward Zayas, portavoz de la junta, confirmó en declaraciones escritas que “el azote de la pandemia de Covid-19 retrasó el proceso y recientemente se ha retomado el proyecto para lo que se reclutarán, inicialmente, 20 estudiantes, debido a medidas de espacio”.

“Cabe además señalar que durante el tiempo en que el programa de internado se encontraba retrasado, los propios empleados han llevado a cabo mejoras significativas en sus procesos internos, al punto de que su reserva de documentos —que históricamente ha rondado la cifra de 400,000— se ha visto reducida por 80,000 documentos”, informó.

Colaboración con la UPR

La vicepresidenta de programas profesionales y a distancia de la Universidad de Puerto Rico, Lisa Nieves Oslán, señaló en declaraciones escritas que luego de firmado el acuerdo, comenzaron a reclutar los estudiantes que trabajarían en el proyecto.

“En ese periodo se reclutaron 170 alumnos para realizar el trabajo, excediendo las expectativas institucionales. De esa manera, el 1ro de marzo de 2020 los estudiantes seleccionados comenzaron a ofrecer sus servicios en el Registro de la Propiedad. Este proyecto se continuó implementando por el espacio de dos semanas hasta el cierre de las operaciones en las agencias”, agregó. “Cabe señalar que el trabajo realizado por los estudiantes contratados fue debidamente pagado a los participantes”, informó.

Aseguró que la UPR tiene interés en continuar con el proyecto y que se lo han comunicado desde el pasado mes de mayo a Justicia.

“Nuestro mayor interés es poder retomar este proyecto lo antes posible, por lo que desde mayo 2020 hemos cursado diversas comunicaciones al director administrativo del Registro, así también a la Junta de Supervisión Fiscal”, indicó.

“Es importante destacar que este proyecto cuenta con el apoyo del ente fiscal, pues tiene el objetivo de mejorar el posicionamiento de Puerto Rico como destino para hacer negocios, además de ampliar las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes”, añadió.

Sobre los fondos que se destinaron al proyecto, informó que suman $10 millones, asignados a la UPR para “brindar capacitación a los servidores públicos, así como asistencia técnica al personal de las agencias gubernamentales”.