Oficina de Ética Gubernamental

 

El director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis A. Pérez Vargas, confirmó que no ha recibido referido alguno del Departamento de Justicia (DJ) relacionado a la gobernadora Wanda Vázquez ni a empleados de La Fortaleza.

Sin embargo, a preguntas de EL VOCERO no fue categórico en cuanto a si hay alguna investigación en curso sobre la gobernadora, relacionada o no al manejo de suministros para damnificados de los sismos en Ponce. Señaló que no comentan sobre asuntos que están o pudieran estar ante la consideración de la agencia.

“Los abogados de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico reciben planteamientos de solicitudes de investigación en todo momento. No obstante, no comentamos sobre asuntos que están o pudieran estar ante la consideración de los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la oficina”, sostuvo.

Pérez Vargas comentó que podrían tener jurisdicción para investigar algún referido en torno a los asuntos discutidos en los pasados dos días, que podrían involucrar a la gobernadora o a la exsecretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones.

Longo Quiñones confirmó ayer que el DJ investigaba a la gobernadora y a otros funcionarios y que firmó referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei). Se relaciona esa investigación al manejo inadecuado de los suministros para las personas afectadas por los sismos.

Mientras, la gobernadora señaló ayer que el pasado viernes solicitó la renuncia de Longo Quiñones como secretaria de Justicia por indagar en una investigación federal relacionada a irregularidades con fondos del Medicaid.

La primera ejecutiva señaló que está lista para enfrentar cualquier proceso en su contra ante la Opfei y adelantó que referirá a la OEG las denuncias de intervención indebidas contra Longo Quiñones.

Ante esas declaraciones, Pérez Vargas explicó que la Ley Orgánica de la OEG en el Capítulo IV — Código de Ética, Artículo 4.1, reglamenta la conducta de servidores y exservidores públicos de la Rama Ejecutiva, por lo que “mantenemos jurisdicción”.

“Se evalúa si los alegados hechos ocurren cuando el exservidor público estaba en funciones. Una vez un asunto es referido a la oficina, se remite a los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo para la evaluación correspondiente”, sostuvo.

Ética contestó solicitud previa de la agencia

Tan reciente como el 26 de junio, Pérez Vargas había respondido a una solicitud de la exsecretaria de Justicia donde se menciona a la gobernadora.

Según el documento, Longo Quiñones había pedido inhibirse en la investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia —relacionada a personal de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) y de la Oficina de la Gobernadora— por existir señalamientos en contra de la mandataria.

Longo Quiñones indicó entonces que los ciudadanos de Puerto Rico podrían interpretar la existencia de un conflicto de interés por razón de un “interés personal” suyo en investigaciones sobre la conducta de la gobernadora, como consecuencia de una pesquisa por la compra de pruebas para detección del Covid-19.

Sin embargo, como los hechos no estaban relacionados con su madre —la exsecretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo— o algún otro pariente, y como Longo Quiñones como secretaria de Justicia era “la representante legal del gobierno de Puerto Rico”, se entendió que no existía motivo por el cual debía inhibirse de participar en la investigación.

Desde el lunes EL VOCERO ha solicitado comunicación con la secretaria interina de Justicia, Wandymar Burgos, pero no se ha recibido respuesta.