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El documento presentado a la jueza Swain contiene el estado de los honorarios y gastos profesionales. >Archivo/EL VOCERO

 

A cuatro años de que Puerto Rico se acogiera a una quiebra especial bajo el Título III de la ley federal Promesa, se han pagado sobre $830 millones en honorarios de abogados y lejos está la Isla de ponerle punto final a la reestructuración de la deuda de $72,000 millones que mantiene el gobierno central.

En comparación con la quiebra de Detroit, Michigan —donde se gastaron $175 millones aproximados en reestructurar una deuda de $20,000 millones en un periodo de 17 meses— se estima que la reestructuración en Puerto Rico podría superar los $1,400 millones y tardar como mínimo de seis a 10 años. La Isla mantiene la deuda municipal más grande y costosa registrada en Estados Unidos.

De acuerdo con el informe sobre el estado de los honorarios y gastos profesionales sometido a la jueza federal Laura Taylor Swain, hasta la fecha los abogados relacionados al Título III han solicitado pagos que totalizan $831,966,663 en tarifas y $26,469,358 en gastos.

La cifra no concuerda con la ofrecida por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó que el gasto total del proceso de reestructuración de la deuda ascendería a $350 millones desde 2017 hasta 2022.

De los números registrados en el informe, $432.2 millones corresponden a gastos de la Junta de Control Fiscal, $269.9 millones al gobierno, $132.8 millones al Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés), $20.7 millones al proceso de reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y $2.7 millones al equipo de mediación.

Reaccionan al gasto

Cate Long, analista de mercado y quien realiza investigación sobre la deuda de Puerto Rico, detalló a EL VOCERO que la junta fiscal ha incurrido en gastos no presentados al tribunal de $60 millones anuales o $200 millones en los últimos cuatro años. “En total, la propia junta ha gastado aproximadamente $650 millones hasta 2020”, aseguró.

“Se suponía que el papel de la junta era aprobar acuerdos consensuados entre el gobierno y los grupos de bonistas, pero ha optado continuamente por litigar contra todos los acreedores, excepto los fondos de cobertura. Por eso el proceso ha tardado más años de lo que esperaba el Congreso”, explicó Long.

Aunque la cifra ya superó el estimado inicial del Congreso, el organismo regulador solamente ha logrado reestructurar la deuda de Cofina, la del desaparecido Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y parte de las obligaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

A juicio del analista y abogado de quiebras Rolando Emmanuelli, el gasto en honorarios seguirá aumentado, pues “aún no se ha litigado el grueso de la reestructuración”. A la fecha, la junta no ha logrado someter el Plan de Ajuste (POA) para la deuda constitucional —que es la más cuantiosa del gobierno— ni ha iniciado la reestructuración de la deuda de $9,000 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Estos costos no incluyen los litigios más importantes. Ahora vienen los grandes litigios para los planes de ajuste de deuda del gobierno central y de la AEE. El gobierno y la junta se fueron a contratar a los bufetes más caros del mercado, a $700 la hora. Esto es descabellado”, acotó el abogado.

El economista José Caraballo Cueto ya había expresado preocupación sobre la cifra de gastos y en una entrevista con EL VOCERO —antes de conocer el monto actual— la describió como alarmante, al considerar que aunque la deuda local se mantiene con los mismos acreedores que la quiebra de Detroit y es trabajada por el mismo tribunal, el proceso resulta mucho más caro.

Aunque en febrero del pasado año la junta fiscal radicó un POA que buscaba reducir la deuda gubernamental y otras reclamaciones de $35,000 millones a $11,000 millones, la crisis generada por la pandemia de Covid-19 hizo que el plan resultara oneroso. La junta entró a la mesa de negociación por tercera ocasión y se espera que el POA esté listo para febrero de este año. “Aunque lo sometan en febrero, esto puede tomar todo un año”, proyectó Emmanuelli.

En momentos en que se vislumbra que la reestructuración se extienda, el informe de gastos también detalla que el tribunal ha recibido notificaciones sobre aumento en la tarifa de los honorarios. Hasta el momento, se han impuesto alzas tarifarias que suman más de $20.6 millones.

“Usualmente estos aumentos tienen que ser consensuados entre las partes y el bufete, pero nunca he visto una objeción de la junta fiscal y tampoco la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) se ha opuesto a los incrementos. Siguen aumentando las tarifas en momentos en que el final de la quiebra se ve lejos”, acotó Emmanuelli.

La junta fiscal confirmó las cifras a EL VOCERO y no emitió otras expresiones.