Raúl Grijalva

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Raúl Grijalva, durante una visita a la Isla.

Luego de tres años de implementada la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) —que da vida a la Junta Federal de Control Fiscal—, la posibilidad de que el estatuto reciba algunas enmiendas está latente en el Congreso estadounidense.

Por primera ocasión desde la creación de Promesa, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal realizará una vista pública para discutir un borrador de legislación presentado por el representante Raúl Grijalva, también presidente del comité, con la que se pretende poder hacer cambios a la ley federal. Una primera vista tomará lugar hoy y la próxima será el 30 de octubre.

El congresista demócrata por Arizona busca que se pueda realizar una auditoría de la deuda gubernamental de la Isla, ascendente a más de $70,000 millones, cancelar obligaciones gubernamentales no aseguradas y que el Departamento del Tesoro federal asuma los gastos de la junta fiscal. Asimismo, pretende establecer cuáles son los servicios esenciales públicos, que se brinde protección a las pensiones y destinar más dinero a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Hay que parar el abuso que tienen los republicanos, la administración del presidente Donald Trump y los inversionistas en Puerto Rico. El propósito de la audiencia es escuchar a las partes afectadas y conocer sus ideas sobre cómo mejorar el borrador del proyecto de ley. El borrador actual nunca fue a votación como está escrito actualmente”, comentó anoche Grijalva, a preguntas de EL VOCERO, mediante declaraciones escritas.

Esto ocurre a menos de una semana de que el Tribunal Supremo federal escuchara argumentos sobre la constitucionalidad de los nombramientos de los integrantes de la junta fiscal. Aunque no han emitido el remedio, esta también representa la primera vez que el máximo foro judicial podría derogar una ley congresional dirigida a Puerto Rico.

“Este es el primer esfuerzo formal por enmendar la ley y recibir los insumos de las partes afectadas por Promesa. Hay una controversia política porque, aunque la Cámara interese hacer cambios, el Senado es dominado por los republicanos y va a entrar en el (posible) proceso de residenciamiento (del presidente Trump) que podría tardar varios meses y que haría imposible que atiendan asuntos colaterales”, comentó el abogado Rolando Emmanuelli, experto en Promesa.

“No es suficiente enmendarla”

A juicio de Emmanuelli, quien también ha litigado en los procesos de Título III (quiebra), Promesa resulta insuficiente porque “parte de una premisa de coloniaje, que es un crimen internacional, que derrota el mínimo de voluntad y derechos políticos existentes en Puerto Rico y que partió de una visión republicana de austeridad”.

“Si bien no niego que Grijalva pueda tener buena fe en tratar de aliviar la situación que impone Promesa, no es suficiente enmendarla. Debe eliminarse para poder lidiar con la situación de Puerto Rico de una manera integral, resolviendo no solo la deuda, pero también el coloniaje y la subordinación de Puerto Rico a la Cláusula Territorial”, opinó el abogado.

“Hay las herramientas para lidiar con el problema (de la deuda del País). No se va a acabar el mundo. Si se deroga la ley Promesa, el Congreso podría escoger otro mecanismo de reestructuración sin una junta fiscal. Derogarla no resuelve la situación colonial y es el coloniaje lo que mantiene maltrecha a la economía. Hay que establecer un plan económico, que fue lo que le faltó a Promesa”, detalló Emmanuelli.

“El problema de Promesa es Promesa”

Por su parte, el senador novoprogresista Carmelo Ríos, quien depondrá en la audiencia en representación del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, concuerda con Emmanuelli en que Promesa debe ser eliminada. Indicó que preferiría que se establezca otro estatuto bajo la jurisdicción del Tesoro federal.

“Estoy convencido de que el Congreso no tiene la disposición de eliminar Promesa, pero nosotros tenemos que plantearlo porque es lo correcto… Promesa es una ley inconclusa y democráticamente ilegal porque le pone una junta a un gobierno electo que no tiene ninguna responsabilidad con el gobierno local, ni con el gobierno federal y que ellos mismos no permitirían en sus propios distritos”, argumentó Ríos.

Urge definir servicios esenciales

Por otro lado, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, también participará de la audiencia congresional y aseguró a este rotativo que insistirá en que se defina cuáles son los servicios esenciales públicos y que se brinden los recursos para poder mantenerlos.

“Esto es imperativo, nadie lo ha querido tocar y es lo primero que se debió proteger. Hay que identificarlos. Un ejemplo sencillo es la crisis de seguridad que enfrenta el País porque no hay dinero para suplementarla”, sostuvo Hernández.

Gobernadora no asistirá

A la audiencia también asistirán el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero; la directora ejecutiva de la junta fiscal, Natalie Jaresko; el portavoz de la minoría del PPD en el Senado, Eduardo Bhatia, el presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Marrero asistirá en representación de la gobernadora Wanda Vázquez, quien fue invitada por el congresista Grijalva para que diera a conocer su punto de vista e hiciera recomendaciones sobre las enmiendas proyectadas a Promesa.

El portavoz de la junta fiscal, Edward Zayas, dijo a este medio que Jaresko compartirá con los miembros del comité congresional su perspectiva sobre el mandato del ente federal conforme a Promesa, incluyendo el plan de ajuste, pensiones, presupuestos y avances en el cumplimiento del plan fiscal del gobierno y de otras dependencias, entre otros temas.