Sonia Sotomayor

En su opinión, la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, levantó cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la ley Promesa.

Los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respaldaron unánimemente la constitucionalidad de los siete integrantes actuales de la Junta Federal de Control Fiscal por entender que son funcionarios locales a los que no les aplica la cláusula constitucional de nombramientos de los Estados Unidos.

Analistas coinciden en que la determinación del máximo foro judicial indirectamente confirma el estatus de territorio colonial en el que se mantiene Puerto Rico. Ratifica, además, el amplio poder que tiene el Congreso estadounidense y el ente fiscal sobre la Isla, a pesar de que el Estado Libre Asociado mantiene su propia constitución y opera con un gobierno de su propia elección.

“Con esto queda confirmado el estatus colonial de la Isla. El poder del Congreso bajo la cláusula territorial es amplio, maleable y perverso, y el tribunal lo reafirma. Puerto Rico es gobernado por una constitución elaborada por los puertorriqueños y que fue aprobada por el Congreso, pero responde a unos poderes que se nos han prestado”, indicó el constitucionalista Carlos Ramos a EL VOCERO.

Ramos explicó que el Congreso federal le otorgó poderes a Puerto Rico para crear una constitución local, pero no derogó el estatus territorial, por lo que la Isla sigue sujeta a la autoridad y poderes del Congreso. “Estos poderes no son libres y solo se pueden ejercer hasta donde quiera el gobierno estadounidense”, exclamó Ramos.

La decisión unánime del Supremo revocó el fallo que emitió el Primer Circuito de Apelaciones hace más de un año, donde determinaron que los nombramientos de los directores del ente federal no fueron realizados conforme a la cláusula constitucional de nombramientos de Estados Unidos.

La junta fiscal declaró por escrito que “la decisión del Tribunal Supremo confirma que Promesa estableció a la junta como una entidad que forma parte del gobierno de Puerto Rico, y que el proceso designado al Congreso para seleccionar a los miembros de la Junta de Supervisión no viola la Cláusula Constitucional de Nombramientos”. También destacaron la importancia de sus gestiones para enderezar las finanzas públicas.

Funcionarios locales

De acuerdo con la opinión —escrita por el juez Stephen Breyer— el Supremo determinó que los siete integrantes actuales de la junta fiscal no son funcionarios federales porque sus funciones son en representación del gobierno local. Por tanto, detallaron que las disposiciones y requerimientos de la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense no les aplican.

“Las responsabilidades estatutarias de la Junta consisten principalmente en deberes locales como representar a Puerto Rico en los procedimientos de quiebra y supervisar aspectos de las políticas fiscales y presupuestarias de Puerto Rico. Por lo tanto, consideramos que los miembros de la junta no son oficiales de los Estados Unidos”, expone la opinión emitida a un mes de que venciera el plazo para responder.

Por otra parte, como el tribunal determinó que los nombramientos fueron realizados en cumplimiento con la ley federal Promesa, las acciones que el ente ha ejecutado durante los pasados tres años quedaron validadas. Las partes reclamaban la invalidación de las ejecutorias de la junta, pero los jueces no tuvieron la necesidad de pasar revista sobre las decisiones del organismo para ver si se sostenían o no.

“El resultado neto de la decisión es ratificar que el Congreso tiene el poder de hacer con Puerto Rico lo que le da la gana. Los jueces están diciendo que el Congreso tiene total amplitud para establecer lo que quiera, aun cuando los poderes que le otorgaron a la Junta van por encima de los que tiene el gobierno local bajo la constitución”, comentó el abogado y analista, Rolando Emmanuelli, quien representó en el pleito a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).

Resultado esperado

Por otro lado, el abogado y analista John Mudd señaló a EL VOCERO que el resultado era de esperarse porque se resolvió junto al caso Seila Law LLC v. Consumer Financial Protection Bureau, que también guarda relación con la cláusula de nombramientos federales. Este indicó que, en un principio, había tres jueces a favor de la determinación actual, dos en contra y cuatro que no sabían.

“Todo cambió cuando se dio el ‘certiorari’ de Seila Law. Es un caso de balance de poderes que influyó en la opinión. En ese caso el problema era si era válido que el director de esa agencia podía ser removido por el presidente. La junta es válida porque es mayormente estatal, mientras que en el otro no será válido porque es un asunto meramente federal. El argumento oral básicamente fue irrelevante”, explicó Mudd.

Cuestionamientos sobre Promesa

No obstante, pese a que la decisión fue unánime, la jueza suprema de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor, levantó cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la ley Promesa —que le da vida a la Junta— pese a que el argumento no fue hecho por ninguna de las partes involucradas en el pleito. Su voto fue concurrente, pero con argumentos diferentes a los de los demás jueces.

A juicio de Sotomayor, los poderes que el Congreso le ha otorgado a la junta federal violan el convenio que se estableció entre Estados Unidos y Puerto Rico para autorizar el Estado Libre Asociado. “Estoy escéptica de que la Constitución de los Estados Unidos respalde un ejercicio de control sobre una población con la que el gobierno federal acordó previamente que operaría bajo un gobierno de su propia elección”, sentenció.

“Hay otros casos que cuestionan la constitucionalidad de Promesa que están en tribunales inferiores y que, en su momento, si los acogen, llegarán al Supremo. El efecto político de la determinación debe ser objeto de debate en la Isla para decidir si se va a aceptar eso o no. El gobierno está subordinado a lo que dice la Junta”, agregó Emmanuelli.

A juicio de Mudd, el argumento de la jueza es una invitación al Partido Popular Democrático a defender el pacto. “Es un argumento válido y sutil para invalidar Promesa completa. Les está dando el mapa de cómo hacerlo y si se declara inconstitucional, la junta y sus acciones quedan sin validez”, comentó.

PPD apuesta a la invalidación

Ante la opinión de la jueza Sotomayor, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, señaló que tomarán las acciones legales pertinentes para buscar la invalidación del estatuto federal.

“Se abre la puerta para reconocer que la Ley de Relaciones Federales que establece el Estado Libre Asociado tiene un peso como fuerza de ley. Tiene que ser cuestionada la amplitud congresional sobre Puerto Rico. Debemos saber si el Congreso actuando unilateralmente le quitó los poderes a la Isla. Es un asunto que hay que volver a elevarlo y nos comprometemos con eso”, detalló Bhatia.

“Estadidad es la solución”

Por su parte, la comisionada residente Jenniffer González expresó que la alternativa viable para atajar la situación es la estadidad. “Los poderes de la Junta son poderes que el Congreso no puede imponer a un estado. Esta decisión muestra una vez más que si Puerto Rico quiere tener control de los asuntos locales, debe convertirse en un estado”, aseguró.

Asimismo, el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, señaló que “otra vez el Tribunal Supremo valida el poder del Congreso sobre Puerto Rico bajo el estatus colonial actual” y que “para acabar con la junta y la colonia hay que votar Sí por la igualdad y convertir a Puerto Rico en un estado”.